La semana pasada, el gobierno envió al Parlamento el proyecto de ley anunciado días atrás por el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, para establecer que, a través de una interpretación de los artículos 73 a 75 de la Constitución de la República, los ciudadanos legales sean reconocidos como nacionales uruguayos. En una conferencia de prensa, Díaz dijo que el Poder Ejecutivo tenía peticiones planteadas por ciudadanos legales uruguayos que reclaman ser reconocidos como nacionales.
En caso de que el proyecto se apruebe, uno de los efectos será que en la emisión de los pasaportes se establecerá que tanto los ciudadanos naturales como los legales son nacionales uruguayos. Díaz adelantó que, a partir de 2027, la Organización de Aviación Civil Internacional planteará que es “obligatorio establecer el lugar de nacimiento”, lo que también se cumplirá por parte de Uruguay.
En diálogo con la diaria, la directora de la División de Protección Social para Personas Migrantes, Solicitantes de Asilo y Refugiadas, Valeria España, señaló que “hay una deuda histórica en relación con alcance que tiene el acceso a la ciudadanía legal en Uruguay”, lo cual “no se estaba cumpliendo en la medida en la que las interpretaciones –sobre todo tipo administrativo– generaban diferencias y absurdos como consignar en un pasaporte uruguayo la condición de extranjero”.
España apuntó que esta “falta de claridad” llevó a que “algunas interpretaciones más de carácter de nacionalismo étnico generen de alguna forma una discriminación y la generación de categorías de segunda y de primera, los ciudadanos naturales y los legales”, respectivamente.
En la exposición de motivos del proyecto, se consigna que en la tesis del abogado y político Justino Jiménez de Aréchaga se reafirma “la separación conceptual entre nacionalidad, entendida como un vínculo inalterable derivado del nacimiento, y ciudadanía, considerada una condición jurídica variable, dependiente del domicilio y de fenómenos políticos”. Se apunta que dicha óptica “ha servido de fundamento para la interpretación según la cual los ciudadanos legales adquieren derechos políticos, pero no la nacionalidad uruguaya”.
El gobierno apunta que esta interpretación “ha sido objeto de cuestionamientos doctrinarios”. A modo de ejemplo, se cita al constitucionalista Rubén Correa Freitas, quien, desde una concepción diferente, sostiene que “la ciudadanía legal se encuentra estrechamente vinculada con la nacionalidad y la concesión de la carta de ciudadanía puede ser entendida como un verdadero proceso de naturalización, con efectos jurídicos sobre la condición nacional de la persona”.
En el texto presentado por el Poder Ejecutivo se aclara que para la elaboración del proyecto fueron consultados Correa Freitas y también el constitucionalista Martín Risso, quienes aportaron “elementos centrales para el estudio de la problemática planteada y para la elaboración de las soluciones jurídicas propuestas”. “Sus consideraciones contribuyeron al análisis de la relación entre ciudadanía, nacionalidad y condición jurídica de los ciudadanos legales, así como al examen de las distintas alternativas constitucionalmente disponibles para brindar certeza, coherencia y uniformidad a una materia que ha dado lugar a distintas interpretaciones con diferente alcance práctico”, se resalta.
Se señala que la “problemática” generada a partir de la actual interpretación “se ha incrementado desde la emisión de pasaportes biométricos, particularmente a partir de los cambios introducidos en la documentación expedida a ciudadanos legales, en los que la consignación de determinados datos vinculados con el lugar de nacimiento puede generar dificultades para la identificación internacional de su condición jurídica”.
Según indicaron a la diaria los constitucionalistas Risso y Correa Freitas, para que sea aprobado el proyecto –interpretativo de la carta magna– solo es necesario que se vote por mayoría simple.
Para Conrado Rodríguez, hay que analizar si el planteo “violenta la Constitución”
Unos días después de que el proyecto fuera anunciado por Díaz, el exdiputado del Partido Colorado (PC) Ope Pasquet expresó en X que está de acuerdo con la iniciativa, que “le va a facilitar la vida a mucha gente honesta y de trabajo que merece que la tratemos bien”. En su blog SobreTodo, Pasquet afirmó que “no tiene ningún sentido negarles la nacionalidad uruguaya a quienes se hicieron merecedores de que se les otorgue la ciudadanía y se les incorpore al Registro Cívico como electores y elegibles para todos los cargos (salvo para la presidencia y vicepresidencia de la República, cargos reservados a los ciudadanos naturales)”. A su vez, sostuvo que “tampoco al país le sirve mantener un criterio tan exclusivista y excluyente, tan a contramano de lo que es la buena voluntad con la que el pueblo uruguayo recibe espontáneamente al extranjero que viene a trabajar y quedarse aquí”.
En la misma línea, el diputado del PC Felipe Schipani dijo a la diaria que tiene una opinión favorable con respecto al proyecto, dado que se trata de “un derecho de los ciudadanos legales”. Dijo que lo que ha ocurrido a lo largo de los años es que Uruguay, “por su estructura constitucional en el tema de la ciudadanía, les ha generado un perjuicio a los ciudadanos legales, entre ellos, en el pasaporte, que ha generado varios inconvenientes”.
Además, Schipani resaltó que la iniciativa “en nada modifica el concepto de ciudadanía legal ni de ciudadanía natural” y “en nada modifica el trámite para obtener la ciudadanía, [que] va a seguir siendo igual”.
Consultado por la diaria, el también diputado colorado Conrado Rodríguez prefirió no dar una opinión al respecto, ya que todavía está estudiando la iniciativa. De todas formas, adelantó que es necesario “ver si la interpretación que se hace violenta la Constitución o si simplemente lo que hace es aclarar un punto que otras interpretaciones han llevado a soluciones que no se adecúan a la Constitución”.
Para Schipani, no hay “ningún problema constitucional”, ya que “la propia Constitución establece que el Parlamento puede interpretar la carta magna cuando haya alguna duda”, por lo que esto no es un “inconveniente”.
Dada la composición de la Cámara de Diputados, un eventual apoyo de diputados colorados aseguraría la aprobación de la iniciativa, a partir de los 48 votos que tiene el Frente Amplio en la cámara baja y de la mayoría propia que el oficialismo tiene en el Senado.
Juan Martín Rodríguez adelantó una postura contraria y Pablo Abdala marcó dudas constitucionales
Por su parte, el diputado del Partido Nacional (PN) Juan Martín Rodríguez escribió en X que nacionalidad y ciudadanía “son dos conceptos que nuestra Constitución asigna significados muy distintos, y cuya discusión se remonta a los tiempos de Jiménez de Aréchaga”. Aunque aclaró que estaba a la espera de estudiar el contenido del proyecto, el legislador adelantó que su posición será contraria “por razones de constitucionalidad”.
En cambio, la diputada suplente y Coordinadora de Asuntos Migratorios del PN, Leydis Aguilera, expresó su apoyo a la iniciativa. “Muchos lo discuten desde la ciencia jurídica o desde la frialdad de un pasaporte. Yo prefiero mirarlo desde la dignidad humana. Nacer en un lugar es un accidente geográfico. Elegir una patria, echar raíces, trabajar, pagar impuestos y criar hijos en ella es un acto de amor y de libertad. Nosotros, los ciudadanos legales uruguayos, no somos extranjeros con papeles, somos compatriotas que adoptamos esta bandera con el alma”, manifestó en sus redes sociales.
El diputado nacionalista Pablo Abdala dijo a la diaria que “por ahora” mantiene “dudas” sobre la iniciativa que son “estrictamente del tipo constitucional”. Aseguró que detrás de eso no hay “ninguna reticencia ni chovinismo ni actitud refractaria hacia los inmigrantes”.
Abdala coincidió en que “es un debate” que hay que dar. “Creo que el costo del debate no puede ser los derechos de nadie; por supuesto los derechos de los colectivos de migrantes hay que contemplarlos a todos, yo soy pro inmigración”, expresó. Es un tema que “habría que analizar con más detenimiento”, agregó.
