En la tarde-noche de este martes, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad (70 en 70) un proyecto de ley que consagra la igualdad entre hijos matrimoniales y extramatrimoniales con respecto al derecho a la filiación. La iniciativa, que introduce un conjunto de modificaciones al Código de la Niñez y la Adolescencia, fue aprobada con los votos del Frente Amplio (FA), el Partido Nacional (PN), el Partido Colorado (PC), el Partido Independiente e Identidad Soberana; los legisladores de Cabildo Abierto no estuvieron presentes en sala al momento de la votación.
El diputado del FA Joaquín Garlo, encargado de presentar el proyecto en el plenario de la cámara baja, explicó que la legislación actual establece “una diferencia sustancial entre los hijos matrimoniales y los hijos extramatrimoniales”, dado que, mientras los primeros no tienen un límite de edad para recurrir a “la acción de reclamación de filiación prevista en el artículo 225 del Código Civil”, a los segundos se les impone un plazo, “pueden hacerlo solamente hasta los 25 años de edad”.
“Superada esa edad, le es imposible al hijo lograr el emplazamiento filiatorio, es decir, su calidad jurídica de hijo. Obtener dicha calidad jurídica permite gozar de todo el elenco de derechos humanos que se derivan de la misma, como el derecho al nombre, a heredar, a reclamar alimentos, entre otros”, indicó el legislador frenteamplista.
Garlo sostuvo que dicha diferencia “constituye una violación al principio de igualdad que emana del artículo 8 de la Constitución de la República en tanto existe una clara discriminación entre hijos matrimoniales e hijos extramatrimoniales en lo que respecta a la facultad para reclamar su calidad de hijos y sus consiguientes derechos”. El artículo 8 de la carta magna establece que “todas las personas son iguales ante la ley no reconociéndose otra distinción entre ellas sino la de los talentos o las virtudes”.
Asimismo, el diputado del FA señaló que la diferencia que actualmente dispone la normativa vigente “ha sido completamente superada en los demás países de la región”. Agregó que “tanto la doctrina como la jurisprudencia vernáculas” han “criticado ampliamente” la diferenciación que marca la legislación actual.
Garlo señaló que, a modo de solución, el proyecto elimina la limitación existente, esto es, “el plazo de caducidad a la edad de 25 años impuesto únicamente al hijo extramatrimonial para reclamar su filiación, armonizando así la legislación interna y ajustándola a los compromisos internacionales a los que el Uruguay se ha obligado”.
Una “rémora” de la legislación uruguaya
El proyecto aprobado este martes, que ahora será tratado en la Cámara de Senadores, fue presentado en octubre del año pasado por el diputado del PN Pablo Abdala, quien en el período pasado se desempeñó como presidente del Instituto Nacional del Niño y el Adolescente.
En la exposición de motivos de la iniciativa, Abdala remarcó que “la filiación jurídica confiere la calidad jurídica de 'hijo'”, lo que permite “gozar de derechos de tal importancia como los derechos al nombre, a los alimentos y los derechos hereditarios”.
El diputado nacionalista resaltó que el proyecto “no se limita simplemente a derogar” el plazo de los 25 años de edad, sino que además “realiza una regulación integral del tema, considerando diversos aspectos constitucionales, civiles y procesales de la investigación de filiación”.
En el plenario de la Cámara de Diputados, al momento de la votación, Abdala dijo este martes que, en definitiva, se pretende resolver la inequidad que existe entre hijos matrimoniales y extramatrimoniales, “una rémora que nuestra legislación exhibe hasta este momento”.
La diputada suplente del PC Sara Durán afirmó que el cambio propuesto “es imprescindible”, porque “los hijos y las hijas no eligen cómo fue la situación de quienes los concibieron” y “no tienen oportunidad de decidir sobre cuál va a ser su futuro”. “Es completamente injusto e inadmisible seguir manteniendo esta distinción”, afirmó.
Además, Durán resaltó que el proyecto, “más allá de las categorías jurídicas”, es “profundamente humano”, porque aborda “el derecho humano que tenemos todas las personas a conocer nuestro origen, a saber quiénes somos, a saber de dónde provenimos, y ese derecho se ve cercenado en la actualidad”.