la diaria Partidos políticos

Congreso del Frente Amplio, el 10 de octubre en el Palacio Peñarol

Foto: Ernesto Ryan

FA validará en el plenario el documento que marca una hoja de ruta hasta 2028 y “reformas de una nueva generación”

El resultado del debate congresal reconoce “falta de coordinación dentro del propio gobierno” y plantea que Uruguay debe “desmarcarse” de la agenda de seguridad estadounidense.

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Luego de un proceso de discusión con varias etapas en la estructura frenteamplista, el VIII Congreso Ordinario José Pepe Mujica discutió y aprobó el documento político, que busca “delinear el rumbo estratégico que orientará la acción política, programática y orgánica” de la fuerza política. En la instancia, que tuvo lugar el pasado 18 de octubre, los congresales analizaron las más de 2.000 mociones que se presentaron con agregados o modificaciones al documento. En las últimas horas, casi a un mes del congreso, se llegó a la redacción final y se espera que sea validada en el plenario nacional que se realizará el sábado.

En el plenario también se abordará la fijación de la fecha de las elecciones internas del Frente Amplio (FA) y la elección de las vicepresidencias. Según informó Búsqueda, la Mesa Política de la coalición de izquierda decidió remitir al plenario, a propuesta del presidente del FA, Fernando Pereira, tres nombres para que sean votados como vicepresidentes. Hoy solo ocupa ese cargo Verónica Piñeiro. Ella es uno de los nombres propuestos, junto con el del actual secretario político frenteamplista Daniel Mariño y la dirigente del MPP Estefanía Díaz.

La planificación política

El documento base que trató el congreso contenía acciones a ejecutar por parte de la fuerza política en distintos niveles. Desde la orgánica frenteamplista se señaló a la diaria que la aprobación en la instancia plenaria será el puntapié para la “construcción” del Plan Político Nacional, dado que la redacción final, a la que accedió la diaria, contiene lineamientos que se entienden centrales.

Uno de los aspectos que se subraya es que el plan a construir deberá “establecer objetivos e indicadores que permitan evaluar la acumulación social y política producida durante el período”. Por lo pronto, se deja asentado que deberá quedar pronto en el primer semestre de 2027, esto en paralelo a la construcción de los Planes Políticos Departamentales a consolidar en el mismo período.

Entre otras cosas, también se espera instalar en la primera mitad del año próximo las nuevas comisiones aprobadas en el congreso: Comisión Nacional de Jóvenes, Comisión del Exterior, Comisión Nacional de Formación política y Comisión Nacional Electoral.

En tanto, para la segunda mitad de 2027 la agenda política trazada marca “encuentros con colectivos y organizaciones sociales”. Asimismo, también se espera el tratamiento del informe de la comisión creada en el congreso para tratar “la proliferación de hojas de votación”, mecanismo conocido como “colectoras”.

En esa etapa del año está previsto que se realicen las elecciones internas de la fuerza política; su fecha exacta se espera que sea confirmada en el plenario de este sábado. Para fines de 2027 también se buscará tener el “inicio de redacción de las bases programáticas”, dando paso así al congreso de “programa, alianzas políticas y candidaturas”.

De acuerdo con lo que reconstruyó la diaria, a fines de octubre en la Mesa Política la Comisión Nacional de Programa del FA informó el cronograma de trabajo “preprogramático”. En una presentación encabezada por los presidentes de la comisión, Ricardo Ehrlich y Silvia Nane, se enumeraron los pasos para “entregar las Bases Programáticas” al plenario a comienzos del segundo semestre de 2028.

Durante 2027 se prevén “espacios de diálogo, talleres y encuentros” a partir de cuatro ejes: “soberanía”, “desarrollo para el bien común”, “ambiente y futuro” y “construcción de comunidad”. El primer eje abordará aspectos vinculados a la geopolítica y a la soberanía digital. En tanto, el segundo tiene que ver con aspectos como la energía, la innovación y la política tributaria. En el tercero se pondrán sobre la mesa aspectos como el agua y el ordenamiento territorial. Por último, en el cuarto, la lista de temas se enfoca en aspectos relativos a calidad democrática, juventudes, cultura, educación, cuidados y salud.

Balance y estrategia

En el propio documento aprobado por el congreso queda constancia de que la planificación trazada por parte del FA se sostiene en el “balance” de los últimos años y en una “estrategia política” para la consolidación de un nuevo “ciclo de los gobiernos frenteamplistas”.

En cuanto al “balance” del período más reciente, se identifica como “primeros escollos a superar” la existencia de “un gran malestar y desorientación en militantes y adherentes”. Esto que, según se sostiene, alimenta “dudas y disconformidades”, tiene que ver con “falta de coordinación dentro del propio gobierno”, pero también con decisiones del mismo que “tensionaron el vínculo con la fuerza política”. Se deja claro que “la fuerza política sola, sin la ayuda del gobierno, no los podrá corregir y el gobierno solo, sin la ayuda de la fuerza política, tampoco”.

En cuanto a la estrategia, se marcó como aspecto central “reconstruir el bloque social y político de los cambios”. Según se puntualiza, esto también implica el involucramiento de “las grandes mayorías sociales” y la elaboración de “nuevas síntesis políticas” con “un enfoque integrado de las grandes tendencias globales de este siglo XXI”.

En ese sentido, uno de los puntos destacados en el documento tiene que ver con la consolidación de “reformas de una nueva generación” que “transformen las bases económicas y la matriz productiva y comercial”, fortaleciendo “el proceso hacia una estrategia nacional de desarrollo”.

Como otro de los aspectos clave para la economía se marcó “la justicia tributaria”, la cual se definió como “una de las señas de identidad de los proyectos de izquierda”. “La política tributaria es una herramienta fundamental para combatir la desigualdad, promover el desarrollo económico y hacer efectiva la justicia social”, puntualiza la redacción. En ese sentido, se indica que se valora “la propuesta impulsada por el PIT-CNT de incrementar la contribución del 1 % más rico” y se llama a “continuar con un profundo estudio y amplio diálogo, que nos permita alcanzar acuerdos” en 2027.

Entre varios aspectos, también se plantea el abordaje de la “democracia e institucionalidad de los partidos políticos”. En referencia a esto, se marca la intención de “promover una regulación que establezca la prohibición de aportes provenientes de empresas privadas al financiamiento de los partidos políticos y de las campañas electorales, fortaleciendo mecanismos de financiamiento público, transparencia y rendición de cuentas”.

Coyuntura internacional

Sobre la coyuntura internacional, la redacción final sostiene que el “Escudo de las Américas” impulsado por Estados Unidos, “bajo el argumento de fortalecer la seguridad regional, profundiza la presencia de las estructuras de inteligencia, seguridad y defensa de Estados Unidos en América Latina y el Caribe”.

A partir de este ejemplo, el FA destaca la importancia de advertir “sobre el uso creciente del narcoterrorismo y del crimen organizado como fundamentos para ampliar las capacidades de intervención política, militar y de seguridad estadounidenses”. La fuerza política reconoce la importancia de “fortalecer la cooperación regional para enfrentar las redes criminales”, pero deja claro que “esta problemática no puede utilizarse para promover la militarización, debilitar las capacidades civiles y democráticas ni subordinar las políticas nacionales de seguridad a intereses externos”.

“Uruguay debe desmarcarse de esta agenda y sostener una política exterior y de cooperación regional basada en la soberanía, la autodeterminación de los pueblos, el respeto al derecho internacional y el rechazo a toda reedición de la doctrina Monroe”, puntualiza.

Agrega en la misma línea que el FA, “fiel a su tradición antiimperialista, evalúa inadecuada la participación en visitas, ceremonias o actividades en infraestructura militar de potencias cuya injerencia y militarización de la región condena, siempre y cuando no sea obligación inherente a las tareas de gobierno, teniendo en cuenta el contexto y la coyuntura”.