Un fallo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) avaló, de forma parcial, el recurso que presentó el operador portuario Montecon con el objetivo de derogar dos decretos que emitió la administración de Luis Lacalle Pou vinculados a la gestión de Terminal Cuenca del Plata (TCP). Si bien respaldó ambos en general, derogó la cláusula 3.5.4 de uno de ellos, que impedía otorgar habilitaciones para la instalación de una nueva terminal especializada en el puerto de Montevideo hasta 2081, el plazo de concesión de la terminal a la belga Katoen Natie.
La sentencia generó una serie de repercusiones en el aparato político, y la Coalición Republicana celebró el hito en una conferencia de prensa que encabezó el dirigente blanco Luis Alberto Heber. Este jueves se pronunció el presidente de la República, Yamandú Orsi, desde la visita de Estado en China, donde precisamente visitó el puerto de Shanghái: “Nos gustará, no nos gustará, pero tenemos contratos que vamos a seguir respetando, y tenemos que procurar que el funcionamiento del puerto sea cada vez mejor”, indicó.
“Ojalá”, respondió Orsi al ser consultado por la posibilidad de instalar una nueva terminal especializada, sin descartar la opción. Mesuró diciendo que existen “muchas cosas para resolver antes” y reparó en un “sistema nacional de puertos que funcione como tal”, y dijo que “hacia eso vamos”.
Para el presidente, la solución tiene que representar una situación de “ganar-ganar”, y dijo que conjuntamente con la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry, prevén “mejorar el puerto” y “sentados en la misma mesa que los operadores”. En ese sentido, declaró que el trabajo de su administración con las empresas instaladas en el puerto de la capital se desarrolló “de manera muy fluida” y, “ni bien” comenzó su mandato, mantuvo conversaciones directas con Katoen Natie y Montecon “en el marco normativo” actual.
En ese sentido, detectó que existe una “responsabilidad compartida con los privados” que prevén acompañar, y se refirió a que “la Justicia en su momento falló y la discusión política va a seguir”: “Uno y otro celebran, como que a todos nos viene un poco bien. Yo creo que lo que tenemos que tener es la tranquilidad de que el diálogo y los acuerdos existen, y hay mucha gente trabajando para pensar cómo podemos hacer mejor las cosas”, afirmó.
Etcheverry explicó que el fundamento de la derogación es que el decreto no respetaba una ley “jerárquicamente superior”
La titular del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) dijo a la diaria que lograron acceder al documento este martes por la tarde y que, dado que supera las 90 páginas, “los equipos técnicos de la cartera se encuentran en pleno proceso de análisis”, mientras esperan el retorno de la misión, que estará en China hasta el sábado 7 de febrero.
Estrictamente sobre la sentencia, Etcheverry advirtió que genera “un efecto en lo interno”, pero también tiene “impactos a nivel internacional” ya que pretenden que la actividad portuaria “establezca reglas de juego claras para todos los actores”. “También es verdad que es una sentencia que eventualmente podría, como todo procedimiento judicial, tener algún tipo de controversia o de apelación porque no es todavía sentencia firme”, indicó.
Explicó que el fundamento de la resolución del TCA para anular la cláusula sostiene que, por “como estaba redactada”, el texto “no respeta contenidos de la Ley de Competencia que está en nuestro ordenamiento jurídico” y es “jerárquicamente superior a cualquier decreto”.
Por otro lado, consultada sobre si el fallo abre nuevas oportunidades para el puerto, dado que se disponibilizó el establecimiento de nuevas terminales especializadas, Etcheverry separó “la situación de los privados que estaban en este proceso” en la órbita del TCP de una “situación internacional que es compleja”, y aclaró que la prioridad del gobierno será “con el interés general del país”, por lo que un posicionamiento o valoración por parte del gobierno no resultaría “ni oportuno ni conveniente”.
“Si hay una cosa que nosotros tenemos claro que es muy importante y que hemos defendido siempre, es la seguridad jurídica. Eso es lo que estaba también, de alguna manera, puesto en consideración”, agregó.