Está previsto que esta semana, en régimen de interpelación o de comparecencia, concurran al Parlamento el titular del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), José Carlos Mahía, el canciller Mario Lubetkin y el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila. Este martes la diaria Radio recibió al senador colorado Robert Silva, legislador convocante en los casos del MEC y quien hará las preguntas en la instancia del Mides, para repasar los motivos de cada citación.
La convocatoria de Civila, pautada para el viernes, se fijó luego de tres muertes de menores de edad que estaban al amparo del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) durante diciembre y enero, aunque se sumó un cuarto fallecimiento el 6 de febrero.
Silva dijo que se trata de un problema que “viene desde hace tiempo” y reiteró que el INAU tiene “dificultades estructurales”: “La gran preocupación es conocer qué pasó –lo que se pueda informar, porque debe estar en proceso de investigación– y saber qué va a hacer el INAU a futuro para que estas cosas no queden solo como una investigación”, indicó.
El colorado dijo que “pareciera que hay responsables” y se preguntó “cuál es el régimen de sanciones o de llamamiento a la responsabilidad de los funcionarios”. En principio, dijo no tener elementos concretos para afirmar que los funcionarios hayan actuado indebidamente, aunque adelantó su preocupación por “un cambio brusco en lo que se llaman las encargaturas”, con “asignaciones poco transparentes y criterios que no se conocen bien”. “Yo creo que no vas a mejorar la gestión, y esa es mi opinión, si entre 180 y 190 encargaturas resolvés decapitando de un día para el otro muchas partes sensibles de una organización como el INAU”, reafirmó.
“Tengo reclamos de personas a las que sacaron sin argumentos, e incluso pueden existir informes contrarios”, y “dicen que es por cuestiones político partidarias en algunos casos”, afirmó. Aseveró que con ese tipo de decisiones se está “desestructurando una organización” y que “no puede funcionar una organización así, menos cuando tiene menores a cargo”. A lo anterior agregó la existencia de “problemas de gestión”, como la contratación de una universidad privada argentina, “en un procedimiento muy poco claro”, y la situación con los centros de atención a la infancia y a la familia (CAIF): “Hay un descenso en la natalidad y eso está impactando”, ya que “cobran en función de los niños que tienen”.
“El INAU tiene problemas de gestión y necesita mejorar su planificación para la mejor inversión de los recursos públicos que le damos, que son muchos, y para mejorar las condiciones, muchas incluso de infraestructura”, acotó.
La convocatoria de Mahía tiene varios motivos, con el “retroceso” como punto en común
Según Silva, la convocatoria del ministro Mahía se explica por “cuatro cosas importantes” que es necesario abordar, porque “hay un retroceso” en todas, evaluó el expresidente del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP). “La primera tiene que ver con los liceos y las UTU de tiempo completo: el gobierno ha detenido el proyecto en los Centros María Espínola, que es un proyecto integral de extensión del tiempo pedagógico, con algunas características propias”, mencionó. En el mismo eje, también buscarán “conocer cuál es el proyecto del gobierno para el tiempo pedagógico extendido, más allá de la instalación de comedores”.
En segundo lugar aparece lo vinculado a la supervisión en Primaria, puesto que identificó un “descabezamiento” de las inspecciones regionales; en tercer lugar –y para Silva es el punto “más importante”– está “el tema curricular” y, finalmente, “la formación docente universitaria”. En vínculo con el tema “sustantivo”, señaló un “claro retroceso en la materia” en función de un “cambio parcial, pero que desarticula toda la propuesta curricular del país”. Al respecto, dijo que, si bien hay un conjunto de documentos sobre el enfoque competencial que inició el gobierno anterior, “existen pero es como que no existan”, ya que “no se los utiliza” e incluso “se reciben directivas” de no abordarlos.
Uno de los argumentos contrarios a este enfoque fue la sobrecarga en el cuerpo docente. “¿Había más trabajo para los docentes? Sí, estoy de acuerdo, porque hicimos que se comenzara a hacer cosas distintas. Había muchos docentes, y digo porque los conozco, que lo que hacían era, con las planificaciones de hace diez años, seguir anotando en su libreta los temas que iban abordando”, acotó. Silva también respaldó el rol de las inspecciones, pporque “si no hay control, las cosas no funcionan” y porque el registro de las estrategias y metodologías a desarrollar en cada clase debería ir a parar al “trabajo colaborativo y cooperativo entre los distintos integrantes de la comunidad, y después a la supervisión”.
“El gobierno dijo ‘eso no va más’, se saca de la planificación [de lo que se llama el portafolio digital] y ni siquiera le dejó la opción al docente, porque capaz que alguno –que conozco varios– decía ‘yo quiero seguir haciendo esto’. Se sacó el registro del portafolio docente, lo que es, reitero por tercera vez, un retroceso muy importante, y este año Secundaria comienza marcha atrás con programas absolutamente contenidistas”, acotó.
Además, sostuvo que los sindicatos y “algunas autoridades actuales de la educación” mintieron al decir que la “enorme mayoría” de los docentes y los directores estaban en contra de la transformación curricular. Para Silva, la Encuesta Nacional Anual sobre Procesos Educativos que se publicó en diciembre demostró que “la mayoría de los directores están de acuerdo con la transformación curricular” y los docentes “están en tercios, con un año de implementación”. Consultado sobre los pronunciamientos de las Asambleas Técnico Docentes, aseveró que “no es representativa” y el sector “más radicalizado, que se opone más al cambio y defiende el statu quo”, es el vinculado a la educación secundaria, ya que “primaria ha ido cambiando” y UTU “las trabaja desde hace mucho tiempo”.
Saldar una deuda “histórica”
El gobierno elaboró un proyecto de ley para crear la Universidad de la Educación y prevé que su tratamiento legislativo comience en marzo. Silva señaló que “es más de lo mismo” y resulta un “copy-paste de proyectos anteriores”, sin nada “innovador” más que “la creación de un entramado burocrático a imagen y semejanza de la Universidad de la República”, que “replica con nombres distintos el cogobierno de 1958, y las universidades en el mundo van por otro lado”. Sin embargo, evaluó que es necesario “saldar esa deuda histórica que el país tiene con los que son maestros o profesores y no tienen el título universitario”.
En ese sentido, mencionó que el cogobierno que propone la ley –con dos representantes estudiantiles, dos egresados y tres docentes, entre los que estaría el rector– es “in totum, es decir, los representantes del gobierno no tienen ni arte ni parte y no van a estar ahí”, por lo que reivindicó un modelo con tres representantes designados por el Codicen o el Poder Ejecutivo con venia del Senado, y un representante electo por los docentes y otro por los estudiantes.
Recordó que en el período pasado entendieron que lo que correspondía era aplicar “el mecanismo de reconocimiento por parte del MEC tal cual lo hace con las universidades privadas”. “Es decir, fortalecer al Consejo de Formación en Educación (CFE) en la órbita de la ANEP para que se transformara, a mediano y largo plazo, en un instituto universitario, y que a su vez presentara, con las exigencias que la normativa estableciera, el reconocimiento ante el MEC”, recordó. Con esos cambios, los títulos que emite el CFE “hoy son de rango universitario” y lo hizo sobre la premisa de no “divorciar” el ámbito de estudio con el laboral. En este sentido, el senador opinó que es preciso “continuar por ahí” y cuestionó que el gobierno “cambia cosas sin evaluar”.
Otro aspecto que se modificó y se prevé revertir está vinculado a los subsistemas, que hoy son direcciones generales y volverían a ser consejos. “Total desacuerdo”, expresó Silva. Dijo que, en su experiencia, en la ANEP “se resolvían cosas en el ámbito del Codicen” que iban a los ámbitos de Primaria, Secundaria y UTU para una “nueva deliberación, una nueva discusión, y las cosas no sucedían”. “Muchas cosas, en las que yo estoy seguro de que el Frente Amplio está de acuerdo, no pasaron por esa discusión permanente o por las divisiones internas que existen entre los subsistemas y que son históricas”, acotó.