En la madrugada del viernes se encontró muerto en una cañada a Jonathan Correa. Su padre está imputado por homicidio agravado y violencia doméstica por este caso, y cumple prisión preventiva por 180 días mientras avanza la investigación. El domingo, mediante un comunicado público, el equipo de dirección de la escuela técnica Flor de Maroñas, a la que el adolescente concurría, lamentó el fallecimiento del estudiante y expresó: “Su partida, ocurrida en el marco de una situación de violencia en su entorno familiar –que oportunamente había sido puesta en conocimiento por nuestro centro educativo–, nos llena de profundo dolor y consternación”. La institución había hecho la denuncia el año pasado, pero el caso no avanzó en la Justicia. “Reafirmamos la necesidad de construir una sociedad que proteja y cuide a sus niños y adolescentes”, agregaron en el comunicado.
A este reclamo se sumó este martes el Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH), que mediante un comunicado expresó su “profundo pesar” ante lo sucedido. “Este hecho, profundamente doloroso, visibiliza la falla transversal del Estado y confirma la necesidad urgente de reformar el sistema de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes”, reclamó la INDDHH.
Sostuvo que esta muerte “era evitable: reiteradamente, desde sus primeros años, se denunció la situación de violencia que padecía, sin que el Estado haya logrado llegar a tiempo para proteger su vida y su integridad”. Esto evidencia, remarcó la INDDHH, las “graves debilidades del sistema de protección a la infancia y la adolescencia en su sentido más amplio”.
“El horror de este hecho nos interpela porque esta muerte fue el punto final de una vida de sufrimiento en soledad y desamparo institucional. En este sentido, la INDDHH reafirma su recomendación de dar prioridad a este tema y le solicita al Gabinete creado por la Ley de Garantías para la Primera Infancia, Infancia y Adolescencia que asuma con premura la conducción de una reforma del sistema de protección en su conjunto”, concluye.
Por otra parte, este martes el diputado nacionalista Pedro Jisdonian dijo en una rueda de prensa que presentó cuatro pedidos de informes a Fiscalía, la UTU, el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) y el Ministerio del Interior para conocer cómo actuó el Estado en este caso. Jisdonian alertó que hubo “fallos” y que se trataba de un caso “demasiado evidente como para no haber hecho nada”. “Estamos ante una tragedia que podría haber sido evitable y que nos tiene que cuestionar a todos”, afirmó.
El vicepresidente del INAU, Mauricio Fuentes, dijo este martes en una rueda de prensa que el organismo no recibió ninguna denuncia por este caso. “Nosotros no teníamos la posibilidad de intervenir en una situación de la que no teníamos aviso”, afirmó, según declaraciones consignadas por Telemundo. “Evidentemente nos preocupa, como a toda la sociedad en su conjunto, que una situación pueda llegar a este extremo, y más allá de la responsabilidad –o no– institucional que pueda caberle a cada parte en este aspecto, [existe] la consternación, la preocupación y el compromiso de todas las instituciones por generar mejores prácticas que puedan ser cada vez más protectoras”, expresó el jerarca. Fuentes apuntó, además, que la hermana de Joanthan ya fue trasladada a un hogar del INAU.