Este miércoles está prevista una movilización para reafirmar el reclamo de los damnificados por Conexión Ganadera frente al Palacio de los Tribunales. El abogado de los afectados, Juan Pablo Decia, se contactó con Panorama informativo de la diaria Radio y precisó que las movilizaciones fueron “espontáneas y autoconvocadas” a raíz de “la falta de avance, que se ve más que nada a nivel penal”.
Aunque reconoció algunos avances, Decia criticó que “a un año y medio de iniciada la investigación hay cosas que no deberían estar pasando”, como el arresto domiciliario en Punta del Este de Daniela Cabral, viuda de Gustavo Basso, de quien “no cabe la menor duda de que va a ser condenada”, pero “por cada día que pasa en Punta del Este en primera línea con vista al mar” está “descontando” tiempo, afirmó.
“Lo que nos dijo el fiscal es que él está esperando que se le conteste un oficio de parte del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca con la información del ganado asociado al Dicose de Daniela Cabral como tomadora externa”, agregó. Para que se concrete el proceso, que derivaría en la ampliación de su formalización, según Decia, “no puede pasar más de un mes”.
El letrado también apuntó a “la no formalización de mandos medios que estuvieron involucrados directamente en las maniobras investigadas” sin cuya “participación hubiera sido imposible concretarlas”. Ejemplificó con Martín Bartol, a quien identificó como gerente general de la empresa y “la persona que desarrolló todo el proyecto de la línea premium de carne Stradivarius”, iniciativa que “fracasó con total éxito” y en la que se volcaron más de siete millones y medio de dólares de los inversores “sin su conocimiento”.
Decia profundizó sobre el rol de Bartol: “Una persona que en 2023 –cuando la empresa ya estaba fundida, porque lo dice la propia Senaclaft– compró una casa en Carrasco de 550.000 dólares, cuyo precio se integró en la mitad con un aporte de Hernandarias, de Pablo Carrasco y Ana Iewdiukow, y la otra mitad, o los otros 240.000, por parte de Gustavo Basso”.
Lo anterior se extiende a otras personas que también tildó de “mandos medios”, como Diego Quiroga, “que también compró casas en la costa uruguaya” con dinero de Conexión Ganadera, y Jorge Cunietti, en un conjunto de situaciones que “rompen los ojos”: “Ya transcurrió un tiempo más que prudencial para que la investigación penal esté en otra etapa”, reafirmó.
El acuerdo en el que trabajan los damnificados
Decia subrayó que la causa está en un “punto de inflexión” tanto en lo concursal como en lo penal, y recordó que se está trabajando en un acuerdo para hacer una “primera distribución de los activos biológicos que se pudieron encontrar”, en referencia a los animales, que ascienden a una cifra de 35 millones de dólares, y que se presentará a los grupos de inversores para que lo aprueben con una mayoría de 85% y poder “concretarlo rápido”.
Los inversores tenían diferentes tipos de contratos, entre los que había un 75% de “terneristas”, a los que “no se les ponía el ganado a su nombre, pese a que se les informaba que sí”. Sobre esa realidad, con “bastante menos” ganado encontrado respecto al que debería haber, se procuró un acuerdo en el que, “respetando esos equilibrios”, a los que “tenían efectivamente ganado y fue comercializado se les asigne un 33,3% del producido de esa venta”. Además, recibirán un 5% por el saldo que no cobran.
Así, una persona con una inversión de 100.000 dólares por diez vacas de 1.000 que efectivamente se encontraron cobraría 3.300 (sobre un producido de 10.000) y un 5% por el saldo de 90.000 dólares que queda sin satisfacerse. Los damnificados entienden la solución como “muy buena”, aseguró el abogado.
Una vez que se termine el proceso deberán enfocarse en el resto de los activos asociados a la herencia de Basso, cuyos bienes fueron adquiridos con “dinero ilícito” que estaba destinado a la compra de ganado. En ese sentido, indicó que el patrimonio total, una vez deducidos los costos de la sucesión y canceladas las deudas, también está en el entorno de los 35 millones de dólares.
“Con eso, más lo que se pueda conseguir a través de las investigaciones que ya se están llevando adelante por lavado de activos y bienes que puedan decomisar, para después pasarse al concurso, quizá podamos aumentar esos 35 millones de dólares para que las perspectivas de cobro de los inversores puedan ser más prósperas”, agregó.
Decia valoró que la situación fue “transversal y tocó diferentes estratos sociales”, por lo que hay una multiplicidad de perfiles entre inversores y no se limita exclusivamente a “gente pudiente”. Señaló que hay personas que tenían “sus pocos ahorros metidos” y con las rentas “solventaban tratamientos médicos o pagos de alquileres”. “Lo emocional acá es muy fuerte. Fue una maniobra muy obscena y esta gente había depositado toda su confianza en Pablo Carrasco y Gustavo Basso”, quienes la “deshonraron absolutamente” y “de manera deliberada”, cerró.