Un grupo de abogados presentó una propuesta que permitiría repartir 35 millones de dólares entre los damnificados, provenientes de las ventas realizadas por el síndico Alfredo Ciavatone, según informó El Observador y confirmó la diaria con fuentes judiciales.

El documento establece que solo se utilizará el producto de las ventas del ganado vendido desde enero de 2025, quedando fuera todo el dinero recuperado por otras operaciones destinadas a incrementar la masa activa, dispuesta para los acreedores. El producto de esos bienes se distribuirá según los mecanismos establecidos en la Ley de Concurso.

El acuerdo plantea que los acreedores que tienen ganado a su nombre puedan recibir un porcentaje del precio de comercialización de cada uno de sus animales reales vendidos por la sindicatura, cobrando en total un 33,3% del precio de venta de cada animal. El acuerdo incluye los contratos de bonos, pool y engorde.

En el caso de los acreedores que tengan contratos de inversión en ganado pero no ganado real a su nombre, que son los contratos de terneros y quienes, teniendo ganado a su nombre, tienen un saldo a favor por animales inexistentes, cobrarían un porcentaje fijo del entorno del 5% de su crédito.

Fuentes allegados a la causa explicaron a la diaria que el acuerdo puede concretarse si se llega a un 85% de adhesión, pero, de todas formas, el acuerdo debe ser ratificado por el juez de concurso Leonardo Méndez.

Esta solución es una alternativa a la planteada por la Ley de Concurso, en la que todos los acreedores van cobrando de la masa activa, independientemente de la naturaleza de su crédito. Entre las ventajas planteadas por los promotores del acuerdo se destaca que esta solución permitiría cobrar a quienes tienen ganado a su nombre un porcentaje del valor de venta del animal, menos los costos de mantenimiento asumidos por la sindicatura en estos meses.

Para los acreedores que no tienen animales a su nombre, el acuerdo permite “un resarcimiento económico, cuyo porcentaje supera el 50% de lo que podrían recuperar si un tribunal definiera que todos los animales pertenecen a todos los clientes con prescindencia del contrato que firmaron”.

Además, agrega que, según los números de la sindicatura en un escenario en el que todos los acreedores se distribuyan el activo uniformemente, el recupero máximo de cada uno sería de 8,6%.

Por otra parte, destacaron que la solución permite distribuir unos 35 millones de dólares en unos 60 días “sin necesidad de enfrentar procesos jurisdiccionales contra otros damnificados, los cuales insumen plazos extensos, gastos, costos concursales y riesgos externos y a su vez evitar impugnaciones promovidas por terceros, que cuestionen la validez de los créditos.