En diciembre, cuando vencía el plazo legal, la comisión especial bicameral que trató la elección del comisionado parlamentario penitenciario, que sustituirá a Juan Miguel Petit, quien ahora integra la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH), no pudo llegar a un acuerdo, entonces el tema debe definirse en la Asamblea General. La persona elegida, de las 16 que se postularon y están sobre la mesa, debe llegar a tres quintos de los votos; por eso, sí o sí el oficialismo y la oposición deben ponerse de acuerdo. Pero ya empezó abril y el nudo sigue sin desatarse.
El diputado blanco Pablo Abdala, que integró la comisión, dijo a la diaria que el tema sigue trancado y esa situación realmente le preocupa. Subrayó que en la última sesión de la comisión bicameral de seguimiento de la situación carcelaria, el 19 de marzo, recibieron a Laura Cotelo, encargada de la oficina del comisionado parlamentario, junto con la técnica Silvia Sturla, que los pusieron al día sobre la gestión que vienen cumpliendo: siguen realizando inspecciones y visitando las cárceles, pero Abdala subrayó que “no pueden hacer recomendaciones formales, porque eso lleva la firma del comisionado, y mucho menos interponer recursos” como una acción de amparo, por ejemplo.
El diputado nacionalista subrayó que “el sistema político está en falta” con este tema, porque se habían comprometido a tomar una decisión antes de que se levantara el receso (1º de marzo) “y la responsabilidad es de todos”. Además, sostuvo que, “en algún sentido, esto abona la teoría de quienes consideran que la función del comisionado debería ser absorbida por la INDDHH”.
Esa idea fue planteada en diciembre por el senador colorado Andrés Ojeda y al propio Abdala no lo convencía, pero ahora tiene otra visión. Sigue siendo partidario de que haya un comisionado, porque “la experiencia ha sido muy buena desde que se instauró” el cargo (en 2003, a través de la Ley 17.684) y piensa que “es un rol fundamental”. “Ahora, si pasan los días y los meses, la decisión no se toma y el sistema político se bloquea, la función se tiene que cumplir. Entonces, deberíamos considerar la alternativa de que la asumiera la INDDHH, en forma definitiva o transitoria, no lo sé; pero esta situación de vacío o de acefalía es muy negativa y un poco riesgosa”, remarcó.
Por su parte, el diputado colorado Felipe Schipani, que también integró la comisión, subrayó a la diaria que “no queda otra que destrancar” el tema, y dijo que si bien aquel planteo de Ojeda “es razonable”, lo “lógico es que lo siga haciendo la oficina del comisionado”. “Y si ninguno de los candidatos convence, no está previsto en la ley, pero habrá que declararlo desierto y hacer una nueva convocatoria. Petit se fue en setiembre, hay que regularizar esa situación”, sostuvo.
Por otro lado, el diputado del Frente Amplio Alejandro Zavala, que también integró la comisión, señaló a la diaria que en su momento la idea de Ojeda la trasladó el senador colorado Pedro Bordaberry –que integró la comisión–, pero que la lógica del planteo “tenía más que ver con las personas”, porque como en la INDDHH ya está Petit, era “como renovarlo”. Pero el diputado subrayó que la INDDHH “está muy debilitada, tiene pocos funcionarios” y, a su vez, habría qué analizar qué se hace con los funcionarios que trabajan en la oficina del comisionado, “porque el comisionado solo, sin ese equipo, es como arrancar de cero”.
Zavala sostuvo que el comisionado parlamentario funciona y pasarlo para la INDDHH capaz que debilitaría su tarea. “Es todo por un problema político, que no nos podemos poner de acuerdo. Porque la discusión de fondo, de unificar las instituciones, no está planteada. Ese es otro debate. En realidad, el planteo es para salir de este problema”, subrayó.
Por último, Zavala insistió con que es inconveniente discutir el tema del cambio de institucionalidad cuando, “en realidad, la razón de fondo es que no hay un nombre de acuerdo”. “No parece la mejor manera de legislar”, finalizó.