En agosto del año pasado, el Parlamento aprobó de forma unánime una iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo que preveía un régimen especial de comercio de frontera y estimaba una renuncia fiscal por parte del Estado de seis millones de dólares. La ley, que tenía como objetivo mitigar las diferencias de precio con los países limítrofes, fue reglamentada en noviembre, y a partir del 1° de diciembre empezó a regir en los pasos de frontera terrestre con Brasil: Bella Unión, Artigas, Rivera, Aceguá, Río Branco y Chuy.
Partiendo de un reporte publicado entonces por el observatorio de la Universidad Católica del Uruguay, que marcaba una brecha de 66% en los precios con Brasil, desde el gobierno se optó por reglamentar la ley solo para esa parte de la frontera. Según se anunció por parte del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), desde el 1° de mayo quedarán vigentes para la frontera con Argentina la exoneración de aportes patronales para la contratación de nuevos trabajadores y la importación simplificada. En esa instancia, el subsecretario del MEF, Martín Vallcorba, anunció que el 15 de abril tendrá lugar la primera reunión del Observatorio Nacional de Frontera, organismo previsto para el control del funcionamiento de todas las medidas.
Hoy, tanto actores políticos como empresariales coinciden en que, a pesar de la situación comercial que se vive en esa zona del país, las distintas herramientas habilitadas han sido subutilizadas durante los tres meses que han permanecido vigentes. Lo mismo se admite por parte del MEF en el caso de algunas de las herramientas.
El Poder Ejecutivo no tiene todavía información como para evaluar la evolución de los precios en la frontera. Esto es algo que se conversará en la primera reunión del Observatorio Nacional de Frontera. Vallcorba dijo a la diaria que se buscará implementar un monitor de precios para tener “un relevamiento más afinado” de modo de poder evaluar “cuánto impactaron (las medidas) en los precios”.
MEF planea extender el alcance del régimen simplificado de importación
Una de las medidas para la frontera fue el establecimiento de un régimen simplificado de importación. El decreto del Poder Ejecutivo fijó tres límites en función de los ingresos de las empresas y el valor de la mercadería. Asimismo, estableció que este mecanismo involucraría solo 12 productos: fideos, porotos, lentejas, cocoa en polvo, café, yerba mate, galletitas dulces y galletitas saladas, así como también pasta de dientes, desodorantes, champú y jabón de tocador.
“El régimen simplificado de importación no se ha usado demasiado, hubo operaciones, pero son una cantidad pequeña”, admitió Vallcorba. De todos modos, acotó que esto no significa que no haya cumplido con su objetivo. Consideró que lo que puede haber sucedido es que los distribuidores locales hayan ajustado sus márgenes para poder competir.
El Poder Ejecutivo se ha estado reuniendo con los comerciantes de frontera para incorporar ajustes a las medidas. En este sentido, en relación al régimen simplificado de importación, Vallcorba indicó que se ampliará el tope de facturación máximo que pueden tener los comercios para ser beneficiarios del régimen, aunque todavía se discute el monto. Además, se ampliará la lista de productos comprendidos. El subsecretario del MEF contó que recibieron propuestas en este sentido de los comerciantes, pero que las están evaluando “bien” porque hay que mantener un “equilibrio” con la protección a la producción nacional.
Se ampliarán los beneficios de las exoneraciones patronales
Otra de las medidas implementadas para la frontera apunta a la exoneración de aportes patronales, la reducción de IVA mediante pagos con tarjetas de débito en pequeños comercios, y la instrumentación de un régimen especial mediante el cual las micro, pequeñas y medianas empresas pueden importar determinadas mercaderías exentas de IVA e Imesi.
En el caso de la reducción del IVA, se estableció en diez puntos porcentuales en los productos gravados con la tasa mínima –lo que implica la exoneración, porque la tasa mínima es 10%– y de 11 puntos en los bienes gravados con la tasa básica –que es de 22%–, todo dentro de un rango de 20 kilómetros de la frontera.
La exoneración de aportes patronales en un 75% fue prevista para empresas que contraten nuevos trabajadores, se ubiquen hasta 60 kilómetros de la frontera y pertenezcan a determinados sectores de actividad, entre otros, la industria manufacturera, el comercio al por menor, el alojamiento o los servicios de comida.
Vallcorba señaló que el departamento que más utilizó esta última herramienta fue Rocha, “pero tampoco ha sido una utilización masiva”. El Ejecutivo se propone ampliar los beneficios, incorporando sectores de actividad que habían quedado excluidos.
La evaluación empresarial
Hace algunas semanas, una delegación de la Confederación de Cámaras Empresariales del Interior del Uruguay (CEDU) se reunió con representantes del MEF –entre ellos, Vallcorba– para evaluar el resultado de las medidas que se están aplicando en la frontera con Brasil. En diálogo con la diaria, el presidente de la organización empresarial, Alfredo Freitas, detalló que en esa instancia se expuso ante las autoridades de gobierno una serie de puntos que daban cuenta los aspectos “positivos” de la implementación, pero también hacían referencia a lo que “había para mejorar”.
“Es un gran logro que haya medidas de frontera y que estemos hablando de qué vamos a arreglar”, puntualizó el representante empresarial. Concretamente, hizo referencia a que lo más “positivo” tiene que ver con la reducción de IVA mediante pagos con tarjetas de débito en pequeños comercios.
“Eso es un punto que ayuda, pero que tiene el mismo problema que otros, la llegada al consumidor final de esos beneficios”, evaluó Freitas. Agregó que se puso sobre la mesa de la cartera liderada por Gabriel Oddone la posibilidad de extender los mismos descuentos a las tarjetas de crédito. Sin embargo, la respuesta fue negativa en el entendido de que “por un tema de principios y de concepto” las autoridades “consideran que no es bueno tener la posibilidad de financiar la mercadería básica de consumo”.
Sobre el descuento en el aporte patronal para nuevos trabajadores, Freitas indicó que fue un beneficio que se utilizó “muy poco”, contrariamente a lo que se esperaba, y, por tanto, su resultado “es nulo”. En ese caso, se le planteó al MEF ampliar las dimensiones de las empresas que se ven comprendidas en estos beneficios de cara a contrataciones de personal.
Por último, en lo que hace a la importación simplificada, el representante empresarial dijo que “es lo que menos resultado positivo ha tenido hasta ahora”. Puntualizó que se hicieron “solo 12 importaciones simplificadas” hasta la fecha que se presentaron los datos a las autoridades del MEF, sobre principios de marzo. Luego del diálogo con la cartera, y los propios centros comerciales de frontera que integran la CEDU, Freitas dijo que uno de los desafíos está en “agregar algunos artículos” a los permitidos para importar y también en que “se aumente la posibilidad” de quienes se encuentran comprendidos para utilizar esta herramienta.
“Lo que nosotros pedimos es que sean empresas que mueven más cantidad de dinero, porque la verdad es que en la frontera con Brasil la aduana que existe es mínima, y todos los comercios chiquititos –que eran los que tenían la posibilidad de hacer esto– van y vienen de Brasil, y sin hacer ningún papel traen el producto”, argumentó el representante empresarial.
El problema de la comunicación
Freitas puntualizó que luego de hacer encuestas para determinar la evaluación que hacían de las medidas los comerciantes de la frontera con Brasil, se constató que “siete de cada diez que las utilizan se enteraron por los centros comerciales”. En ese sentido, el presidente de la CEDU señaló la importancia de que tanto desde el MEF, el Banco República (BROU) o los propios centros comerciales se puedan desarrollar nuevas instancias “para volver a repetir y a explicar” cada una de las medidas a aquellos que son los destinatarios, para así “tener mejor llegada”.
Algunos actores políticos de frontera también coinciden con esta visión. Este es el caso del diputado oficialista por Rocha Gabriel Tinaglini. En diálogo con la diaria, el representante detalló que durante sus recorridas por el departamento ha dialogado con comerciantes que le señalan que están logrando “aplicar muy bien las medidas”; sin embargo, reconoció que ese impacto no se ha visto extendido al número que se esperaba. “El gobierno en su momento dijo ‘nosotros aplicamos las medidas’, pero que de la propaganda y difusión para que le llegue a la gente se encarga el sector comercial, el privado; creo que lo que está fallando es eso”, analizó. Según Tinaglini, uno de los escenarios que se dan es que, incluso estando algunos productos más baratos del lado uruguayo, por la aplicación de las medidas, el consumidor, por falta de información, sigue consumiendo en Brasil.
El diputado nacionalista por Rocha Fabricio Núñez, preocupado por los comentarios que recibía sobre las medidas por parte del sector empresarial, realizó un pedido de informes al MEF para conocer los impactos generados hasta el momento. Si bien este no ha sido respondido, el legislador dijo a la diaria que la información que le ha llegado da cuenta de que, por lo pronto, la importación simplificada que se proponía es algo que “está teniendo dificultades”, dada su baja aplicación.
“Las medidas son buenas, pero en la práctica no están teniendo fuerza”, evaluó Núñez. “Hay poco conocimiento, falta una comunicación pública fuerte por parte del gobierno, el comerciante desconoce la ley de medidas de fronteras; y el que la conoce, no le mueve la aguja tener que aplicarla y no lo está haciendo”, analizó el diputado.
Con ese punto de partida, por un lado, planteó la necesidad de que el gobierno pueda “generar una campaña de bien público” para ampliar la difusión. Por el otro, aseguró que dado el grado de informalidad que existe en las zonas de frontera, eso puede estar generando reticencias a acercarse a este tipo de planteos que implican, de cierto modo, el control del Estado. “Quizás es un tema a tratar, formalizar a ese comerciante de frontera, porque si no lo haces, no te van a intentar aplicar ningún tipo de medida”, detalló.
Por último, y en relación con la comunicación hacia el consumidor, Núñez comentó que maneja la idea de que se pueda generar un “etiquetado de frontera”. “Así como existe el etiquetado para producto de exceso de azúcares, se puede hacer con la importación simplificada y que el comerciante que compre la pasta [de dientes] brasileña pueda hacer saber que es más barata porque es de importación simplificada”, detalló.
Consultado por la diaria sobre la difusión de las medidas y su relación con los impactos, Vallcorba comentó que “siempre se puede mejorar la comunicación, sin duda”, pero destacó que “hubo un trabajo importante” de la Agencia Nacional de Desarrollo, la Dirección Nacional de Aduanas y el Banco de Previsión Social (BPS), “en cada localidad, explicando las medidas”, y “también los centros comerciales hicieron su trabajo de difusión”. “Siempre se puede hacer más, pero ese no fue un problema importante”, remarcó. Y mencionó la encuesta que hizo la CEDU en comercios de la frontera con Brasil, que dio cuenta de que quienes no conocían las medidas eran entre el 5% y el 10% del total, dependiendo de la medida.
Para el senador Sergio Botana, el problema de la subutilización tiene que ver directamente con los montos previstos. “No hay falta de información, hay falta de monto adecuado”, evaluó, en diálogo con la diaria. Dijo que, si bien el MEF está “bien orientado” con sus planteos, se olvida de que “no hay que ser tacaño”.
“En cuanto a la cantidad de mercadería autorizada para la importación simplificada y el monto autorizado, no justifican que la gente pase al nuevo sistema; deberíamos pensar en un sistema de lista negativa, en montos que permitan pagar el tributo y sacar un margen que sea por lo menos del orden del salario mínimo”, señaló Botana.
El descuento del Imesi a los combustibles: “Es lo único que va a mover la aguja en serio”
Actualmente, el descuento del Imesi en combustibles está previsto para estaciones de servicio a menos de 20 km de la frontera, y es del 32% en el límite con Argentina y 27% con Brasil. Además, tras la reciente aprobación parlamentaria, esta medida aumentará su tramo a partir del 1° de mayo. El beneficio se extenderá a una segunda franja que va de los 20 a los 60 kilómetros, con un descuento que, en cada caso, será relativo al 50% que lo que representa el previsto para la primera franja.
Además, el gobierno evalúa la posibilidad de generar una tercera franja de descuento del Imesi que se extendería desde los 60 kilómetros hasta los 80 o 90 kilómetros, señaló Vallcorba. En esa franja, se aplicaría un descuento menor, que podría representar entre el 25% o el 30% del establecido en la primera franja, aunque todavía no se ha definido el porcentaje.
Núñez, por su parte, recordó que desde el año pasado viene poniendo sobre la mesa a través de una iniciativa legislativa la posibilidad de generar tres franjas, algo a lo que ahora se viene acercando el Ejecutivo. En comparación con las otras medidas, el diputado señaló que esta, relativa a los combustibles, “está surtiendo efecto y va a surtir efecto”. “Lo único que va a mover la aguja en serio como medida paliativa y real a la frontera es el descuento del Imesi en los combustibles”, aseguró.