En una semana se cumplirá un año desde que el gobierno anunció que rescindiría el contrato con el astillero español Cardama para la compra de dos patrullas oceánicas (OPV, por sus siglas en inglés), debido a “fuertes indicios de fraude o estafa contra el Estado uruguayo”, derivados de las irregularidades detectadas al intentar ejecutar la garantía de fiel cumplimiento. La acción se confirmó el 13 de febrero, y el 25 comenzó a funcionar la comisión especial bicameral para investigar el proceso de adquisición de las OPV, que finalizó su trabajo a fines de agosto. Este miércoles, la Asamblea General se reunió para tratar los informes que resultaron de esa comisión: uno de la Coalición Republicana (CR), otro del Frente Amplio (FA), otro de Identidad Soberana (IS) y otro de Cabildo Abierto (CA).
El diputado Joaquín Garlo fue el miembro informante del informe en mayoría del FA y el encargado de abrir la sesión. Garlo afirmó al comenzar que la “conclusión principal” del trabajo de la comisión fue que “la sucesión de decisiones y omisiones, que debilitaron sistemáticamente y de forma progresiva los mecanismos de control y las garantías que debían proteger los intereses del Estado uruguayo, fueron claras”. Señaló que la contratación de Cardama por parte del gobierno encabezado por Luis Lacalle Pou “significó un quiebre respecto de los criterios técnicos que habían sido utilizados hasta entonces por la Armada y el Estado uruguayo”, ya que hubo “una deliberada disminución de las exigencias técnicas respecto de procesos anteriores de iguales características”.
Sobre las sucesivas prórrogas otorgadas a Cardama para la presentación de la garantía, Garlo sostuvo que “hay un vacío documental de prácticamente un año en torno a una de las decisiones más sensibles en un contrato que comprometía más de 80 millones de euros del presupuesto nacional”. “La total ausencia de fundamentación de decisiones sensibles, de la trazabilidad y del control de esas decisiones lleva a constatar con claridad irregularidades irrefutables en torno al proceso de contratación de la empresa Cardama”, afirmó.
En tercer lugar, apuntó a la responsabilidad de Cardama, que actuó con “sistemático incumplimiento y mala fe”, señaló. No obstante, sostuvo que eso “fue posible porque Cardama encontró del otro lado funcionarios del Estado que otorgaron prórrogas sin fundamento, que aceptaron garantías sin realizar los controles de autenticidad, que no activaron mecanismos contractuales a tiempo para evitar la entrada en vigor del contrato y que autorizaron pagos sin los respaldos exigidos por el propio contrato”.
En cuanto a los pagos en función del cumplimiento de los hitos del contrato, señaló que se efectuaron “sin los controles pertinentes y sin cumplir las exigencias contractuales, configurando hechos de gravísima irregularidad”. Respecto del primer pago, por ocho millones de euros, que estaba sujeto a la presentación de las garantías, el diputado citó una nota de diciembre de 2024 en la que el entonces ministro de Defensa Nacional, Armando Castaingdebat, autorizaba el desembolso “luego del análisis de las garantías presentadas”. Garlo apuntó que “la realidad demostró que ni él ni ningún funcionario del Ministerio de Defensa Nacional había tenido a la vista la documentación de las garantías que, supuestamente, y según el exministro, se habían analizado”, ya que “la documentación llegó al ministerio recién el 17 de diciembre de 2024”.
Por último, Garlo defendió que “el accionar diligente del actual gobierno permitió detectar las irregularidades y adoptar las medidas necesarias para proteger los intereses del Estado uruguayo”. Apuntó que la actuación del gobierno demostró que “el Estado disponía de las herramientas, de los mecanismos, tanto jurídicos como institucionales, para detectar las irregularidades y actuar frente a los incumplimientos de Cardama”. Sobre el pago del hito C durante la gestión de la ministra Sandra Lazo, Garlo consideró que se alinea con la “tradición histórica de cumplir con las obligaciones que asumimos”. Asimismo, remarcó que el gobierno previó en el presupuesto nacional “los recursos necesarios para hacer frente a las obligaciones que se desprendían del contrato con Cardama”, lo que “tira por tierra la infundada teoría de la oposición de que había predeterminación”.
Gianoli: “Una maniobra deliberada para destruir la obra del gobierno anterior”
Por la CR, el miembro informante fue el nacionalista Gabriel Gianoli. El diputado comenzó por asentar que “ninguno de los comparecientes [ante la comisión] habló de corrupción, de coimas, de favorecimiento de empresas ni de acto ilícito alguno por parte de los jerarcas políticos y militares”, sino que eso fue “por parte de un relato inventado, de una maniobra orquestada por algunos integrantes del oficialismo para ensuciar y desprestigiar la gestión del gobierno anterior”.
Sobre la selección de Cardama, Gianoli defendió que el mecanismo de “compra directa por excepción” es “habitual [e] histórico para la adquisición de material militar”. En ese marco, afirmó que “no se eligió a ciegas”. Por el contrario, se “evaluaron ocho propuestas de astilleros” y la decisión estuvo “plenamente apoyada con respaldo técnico de la Armada Nacional”. Al margen de que “la compra contó con respaldo técnico de la Armada, respaldo jurídico del estudio [jurídico] Delpiazzo y contralor de los organismos estatales”, Gianoli apuntó que “las garantías ni siquiera son obligatorias por regla general” en una compra por excepción. No obstante, destacó que en el contrato con Cardama “sí se exigieron dos garantías”, y afirmó que no “es real que las garantías fueran todas falsas”.
Uno de los principales puntos de la exposición de Gianoli fue la idea de que la rescisión del contrato por parte del actual gobierno se enmarcó en “una maniobra deliberada para destruir la obra del gobierno anterior”. “Tras ver las conclusiones de la comisión, lo afirmamos rotundamente: hubo una voluntad manifiesta de las autoridades de trancar e impedir la construcción de las patrulleras oceánicas”, afirmó el diputado. Gianoli señaló que el gobierno tuvo “las garantías en su poder durante siete meses y nunca se hizo un control”, lo que refuerza “la sospecha de que la garantía fue utilizada como argumento para ejecutar una decisión anunciada políticamente antes de asumir”.
Por otro lado, Gianoli denunció que se ocultó información a la comisión sobre las actuaciones de “los comisarios políticos de la señora ministra”, en referencia a sus asesores Daniel Marsiglia y Damián Rojas. Según la coalición, “sin contar con norma habilitante, designación formal ni respaldo jurídico alguno”, ambos “se dedicaron a hacer pesquisas secretas, interrogando a oficiales de la Armada, manejando documentación clasificada y reservada, y firmando expedientes administrativos”.
El nacionalista también señaló que el gobierno “prefirió no preguntarle nada al astillero Cardama” sobre la garantía, “para no involucrarse en las respuestas”. “Prefirieron arrastrar al país de forma irresponsable a un arbitraje internacional que ya está generando erogaciones millonarias en honorarios de asesores, en honorarios jurídicos, antes que sentarse a negociar de buena fe”, agregó.
A Lazo “le cabe una muy grave responsabilidad”
El segundo informe en minoría fue el de IS, a cargo del diputado Gustavo Salle, quien calificó el contrato con Cardama de “bochornoso”. Salle señaló que “hubo advertencias” sobre la garantía, que “no fueron escuchadas” ni “debidamente procesadas por el Estado”. No obstante, también cuestionó que el contrato “fue seguido por el nuevo gobierno”, quien, pese a todo, emitió dos pagos.
El debate lo abrió el diputado colorado Maximiliano Campo. En su intervención señaló que se ha buscado “manchar el honor” de la Armada Nacional y, en ese marco, defendió la actuación de esa fuerza en el proceso de selección de Cardama. El senador blanco José Luis Falero aseguró que la comisión “recibió elementos que permiten sostener que ese proceso contó con asesoramiento técnico, intervención del Tribunal de Cuentas, exigencias contractuales, garantías, pagos por hitos y mecanismos de seguimiento de la construcción”.
“No se ha señalado, ni en el informe escrito ni en el día de hoy, a un solo funcionario a quien se haya individualizado e identificado, y mucho menos se han aportado las pruebas”, sostuvo el diputado nacionalista Pablo Abdala a su turno. En tanto, consideró que a Lazo “le cabe una muy grave responsabilidad” por actuar “de manera muy deshonesta”. “No aportó la información, no fue franca en cuanto a responder las cosas que se le preguntaron, ocultó información que nosotros demandamos, actuó con abuso de poder”, señaló Abdala.
“Las únicas conductas con apariencia delictiva que quedaron fehacientemente demostradas en la comisión son las de la actual ministra de Defensa”, sostuvo el diputado colorado Felipe Schipani al referirse a las actuaciones de Rojas y Marsiglia, por las que la CR denunció penalmente a Lazo. Schipani aseguró que la ministra “faltó a la verdad” en la comisión y consideró que lo de los asesores “es una usurpación de funciones como no se recuerda desde la restauración democrática”.
“Cardama nunca iba a poder construir esas dos OPV”
“Estamos ante un fraude gigantesco y ha quedado claro que las alertas se prendieron, pero no fueron escuchadas”, dijo el senador frenteamplista Sebastián Sabini. Consideró que, si la constitución de las garantías era una “condición indispensable para la entrada en vigencia del contrato”, el gobierno no tenía “otro camino” que rescindirlo ante las irregularidades detectadas en la garantía de fiel cumplimiento. El senador se detuvo en las credenciales de Cardama para cumplir con el contrato. “Cardama nunca iba a poder construir esas dos OPV”, afirmó. Cuestionó que “se eligió una empresa que no tenía experiencia, que no tenía capacidad, que no tenía fondeo y que no tenía forma de cumplir el compromiso que había asumido”. Por otro lado, Sabini afirmó que la División Jurídica del Tribunal de Cuentas sí observó “problemas que afectaban la igualdad entre oferentes, la transparencia y la buena fe”.
En cuanto a los distintos procesos de compra, la senadora del FA Liliam Kechichian apuntó que “no se documentó en un informe el motivo por el que quedó desierto” el llamado a compra directa por excepción iniciado en 2022, como “tampoco se brindó a las empresas la posibilidad de mejorar las propuestas”. En el proceso que culminó con la selección de Cardama, “los más de 80 requisitos técnicos se redujeron a tres” y “la comisión no encontró un solo informe que fundamentara esa reducción”, señaló Kechichian. Asimismo, puntualizó que en la Junta de Almirantes solo tres de los siete miembros votaron a favor de Cardama, y “aun así el comandante [Jorge Wilson] eligió a Cardama”, mientras que el informe del jefe del Estado Mayor, Gustavo Musso, “contrario a esa opción, no fue considerado”. Desde la CR, se apuntó a que una de las “voces favorables” en la Junta fue la del almirante José Luis Elizondo, actual comandante en jefe de la Armada.
Sobre el cuestionamiento a que el gobierno no negoció con Cardama para evitar la rescisión, el senador del FA Eduardo Brenta consideró “poco serio” plantear que el “Estado uruguayo debía abrir un espacio de negociación con una empresa que no consiguió durante 11 meses la garantía, que cuando la consiguió era falsa y que a su vez, el día que se enteró de la rescisión del contrato, entregó una nueva garantía falsa”.
Alusión a Lacalle Pou
“Al final de este proceso, ¿cuál podría ser el título? Cuatro letras: nada”, consideró el senador del PN y exministro de Defensa Nacional (2020-2024) Javier García, el penúltimo orador de la Asamblea General. El senador negó haber llevado al ministerio la propuesta de Cardama. También negó que se hayan reducido las condiciones técnicas, que “solo Cardama pudo hacer mejoras”, “que los barcos se iban a hundir” o que la comisión tuvo “que reconstruir el proceso de análisis de garantía con el estudio Delpiazzo porque en el ministerio no había nada”. “Falso de toda falsedad”, afirmó.
“Tenemos 23 testimonios que pasaron por la comisión investigadora; todos, no hubo uno solo que pudiera decir, afirmar o dar una versión de una irregularidad o una ilegalidad”, señaló García. El senador remarcó que tampoco hay “nada para adelante”, ya que el gobierno no ha comunicado avances en el nuevo proceso de compra. Afirmó que la rescisión respondió a “intereses políticos menores” y que “se ha montado una empresa de demoliciones y destrucciones” de lo hecho por el gobierno anterior.
El último orador fue el senador del FA Nicolás Viera. A diferencia de sus correligionarios que lo antecedieron en el debate, Viera apuntó, hacia el cierre de su intervención, al expresidente Luis Lacalle Pou, para señalar que “no fue un tercero ajeno a este proceso”. “No vengo a decir que el presidente eligió el astillero Cardama ni que conoció la garantía falsa de Eurocommerce, ni que aprobó las prórrogas verbales, ni que supo del acta notarial adulterada. Nadie lo declaró y no voy a sostener ante esta asamblea lo que la prueba no sostiene”, dijo Viera. No obstante, sí afirmó que “el presidente firmó la adjudicación, intervino personalmente en la decisión de avanzar y estaba informado de todo lo que sucedía en el Ministerio de Defensa”.
“Si algo enseña este hecho es que los controles no fallaron, fueron esquivados directamente. Uno por uno, por decisión política, en cada nivel de la pirámide, y este tema no se detuvo en el despacho del ministro, subió hasta la cúspide y fue allí firmado. Los responsables políticos son los ministros actuantes y el expresidente de la República”, cerró Viera.
Ante la alusión personal, García respondió y aseveró que “toda esta farsa montada de rescisión del contrato tiene una única intencionalidad, que es política y electoral, que es dañar al gobierno de la Coalición Republicana, al presidente de la República y a quienes ejercimos responsabilidades de gobierno”. “No hay otra, ni OPV ni nada que valga. Acá hay una sola: ante el miedo que produce, ante el temor que produce la personalidad política y el liderazgo de Lacalle Pou, montaron toda esta farsa con la intencionalidad que acaba de dejar en blanco y negro el senador que habló antes”, afirmó.
Ante la ausencia de los dos diputados de Cabildo Abierto al momento de la votación, el FA consiguió la mayoría necesaria para aprobar su moción, con 65 votos afirmativos en 128 legisladores presentes. CA tampoco participó en el debate ni presentó su informe. La moción del FA estableció que se dé respuesta al oficio de la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos y se remita toda la información “recibida, recabada y producida” por la comisión. En segundo lugar, que también se remita a la Fiscalía su informe en mayoría, “a efectos de poner en su conocimiento los hechos y actos con apariencia delictiva” que se detallen allí, “solicitando que se disponga su investigación” y “se determinen las eventuales responsabilidades penales que pudieren corresponder a los partícipes involucrados, funcionarios públicos y particulares, nacionales y extranjeros”.