Tras 17 sesiones y seis meses de trabajo, el viernes la comisión especial para investigar y analizar el proceso de adquisición de OPV culminó sus funciones y remitió a la Asamblea General cuatro informes. Conocido como “caso Cardama”, el tema tomó el centro de la agenda en octubre de 2025, cuando en una conferencia encabezada por el presidente Yamandú Orsi, el gobierno anunció que iba a “iniciar acciones para rescindir el contrato por la compra de las dos patrullas oceánicas” firmado en el gobierno anterior como consecuencia de “fuertes indicios de fraude o estafa contra el Estado uruguayo”.
La discusión se abrió a los responsables del proceso de compra, los exministros de Defensa Javier García y Armando Castaingdebat, y el expresidente de la República, Luis Lacalle Pou, quien rompió su silencio para señalar días después del anuncio que Orsi “se pasó de rosca”. El director del astillero español, Mario Cardama, también hizo declaraciones y no dudó en señalar que el gobierno procedió “de manera muy incorrecta”. En paralelo a estos cruces de declaraciones, el gobierno hizo efectiva una denuncia penal dos días después de la conferencia.
Meses después, los partidos con representación parlamentaria llegaron a un acuerdo para la conformación de una investigadora bicameral integrada por 17 legisladores, que el viernes culminó su labor con cuatro informes: del Frente Amplio (FA), de la Coalición Republicana (CR) –Partido Nacional, Partido Colorado y Partido Independiente–, de Cabildo Abierto (CA) y de Identidad Soberana (IS).
Cardama y la visión del FA
En su informe, el FA cuestiona como primer punto el proceso que terminó por dejar sin efecto el llamado a Compra Directa por Excepción iniciado en 2022, donde la Comisión Asesora de Adjudicaciones había concluido que la única oferta válida para la construcción de las patrulleras era la de China Shipbuilding Trading Co. El actual oficialismo destaca que ante la comisión el exministro García “explicó el fundamento exclusivamente económico de la decisión”, y que también “admitió que no existió informe alguno” de cómo se llegó a esa conclusión.
Pasando al segundo proceso de compra, el escrito suma que en la Comisión Técnica de la Armada “la opción Cardama no obtuvo el respaldo de la mayoría de los almirantes”, y se agrega que en comisión el exalmirante Jorge Wilson “asumió que la Junta era meramente asesora y que la decisión fue personal”. “Tomé en cuenta las opiniones, pero la decisión final me correspondía a mí, y por eso decidí Cardama”. “En este caso, coincidí con la minoría mayor dentro de esa Junta de Almirantes”, resaltó en la comisión.
El FA también cuestiona la “falta de experiencia” del astillero, algo reconocido en comisión por diferentes actores. Por último, focaliza en las garantías, aspecto central de la rescisión.
Con relación a las garantías de reembolso y fiel cumplimiento, se señala que “han quedado de manifiesto aspectos particularmente graves respecto de la tramitación administrativa de este proceso, entre ellos la ausencia de expediente, de resoluciones debidamente fundadas y de una adecuada motivación de las actuaciones adoptadas”.
“Estas circunstancias no pueden ser consideradas meras irregularidades formales o inocuas, en tanto tienen consecuencias concretas y relevantes sobre la protección de los intereses del Estado”, se subraya. Asimismo, el informe agrega que durante el proceso el Banco Central “recomendó contar con asesoramiento jurídico especializado y con un corredor de seguros”, algo que no se concretó.
Asimismo, se puntualiza que el estudio jurídico Delpiazzo señaló expresamente que “el plazo para constituir la garantía de fiel cumplimiento” del contrato estaba vencido “hace tiempo” y que era “preocupante que aún no hayan podido constituir la garantía comprometida hace meses”. “Vencido ese plazo, Cardama continuó remitiendo correos electrónicos y planteando distintas justificaciones para explicar la demora, pero sin lograr constituir las garantías en las condiciones exigidas por el contrato”, señala el informe del FA.
Finalmente, se agrega que “la documentación presentada para acreditar la garantía de fiel cumplimiento incluyó un acta notarial falsificada”. Además, se agrega que “la entidad garante Eurocommerce Ltd era inexistente como operadora activa, con domicilio falso y en proceso de disolución registral desde mucho antes de la emisión de los documentos presentados al Estado uruguayo”.
“Francisco Cardama SA es el principal responsable de las maniobras descriptas”, se puntualiza desde el FA. Sin embargo, se agrega que “la consumación del fraude y la magnitud del daño causado al patrimonio público no hubieran sido posibles sin la intervención de funcionarios públicos que, mediante decisiones activas u omisiones en el ejercicio de sus cargos, permitieron que la situación se desarrollara en los términos en que hizo”.
“Estas conductas deberán ser examinadas por los órganos competentes a efectos de determinar si alguna de ellas puede encuadrar en figuras tales como el abuso de funciones en casos no previstos especialmente por la ley”, concluye el informe.
Cardama y la visión de la CR
El informe de la CR resume que “el proceso de contratación al astillero Cardama se ajustó a derecho y contó con la intervención previa y sin observaciones del Tribunal de Cuentas”. Remarca que “en cuanto a la constitución de garantías, se contó en todo momento con el asesoramiento del estudio Delpiazzo, el cual nunca advirtió sobre la existencia de indicios de que la documentación presentada fuera falsa”. “En todo este tiempo, la documentación compulsada y las declaraciones en las comparecencias permiten afirmar que no existen hechos de corrupción en los que estén vinculados funcionarios públicos”, agrega.
La CR enfatizó también que “en una compra de excepción como la analizada, la constitución de garantías no es obligatoria”, aunque de todas formas en este caso fueron constituidas la de reembolso y la de fiel cumplimiento. Se señala que en su asesoramiento, “en ningún momento” el estudio jurídico Delpiazzo “señaló indicios de que las instituciones emisoras (Redbridge y Eurocommerce) fueran fraudulentas o inexistentes, ni que la documentación aportada fuese falsa”.
Se puntualiza que Miguel Delpiazzo declaró en comisión: “Si el notario acredita que se le acreditó la capacidad documental para otorgar la garantía, entiendo que no me compete; no tengo la capacidad ni las condiciones para verificar la veracidad de eso. Y en ese contexto fue que se planteó que no tenía elementos para suponer que fuera falso”.
La actuación del actual gobierno
El FA reconoce que durante la gestión de la ministra Lazo se efectuó “el pago correspondiente al hito C, por 12.340.500 euros, cuando las irregularidades documentales aún no habían sido detectadas”. Se destaca que con las acciones del gobierno se logró “detener la ejecución económica del contrato y evitar nuevos pagos por 53.475.500 euros”. “Frente a estos incumplimientos graves, la actual administración adoptó la decisión que correspondía para impedir que el perjuicio al Estado continuara aumentando”, se concluyó en este punto.
Desde la CR se pone sobre la mesa además la “falta de evaluaciones previas” con relación a la decisión de rescindir el contrato, dado que “no existen informes sobre las contingencias ni sobre los riesgos económicos de una eventual rescisión, incluyendo reclamos arbitrales y civiles”. “El Estado contrató estudios jurídicos en Estados Unidos, España y el Reino Unido, con honorarios elevados; hasta el momento se estima un piso de gasto de 1.000.000 dólares, financiado por la Armada Nacional”, cuestiona el informe.
Otro foco importante del escrito está en los que se denominan “comisarios políticos” de Lazo, Damián Rojas y Daniel Marsiglia, quienes se entiende que actuaron “sin contar con norma habilitante, designación formal ni respaldo jurídico alguno”. Entre otras cosas, se agrega: “Realizaron actuaciones y elaboraron informes con efectos jurídicos, investigaron e interrogaron a las máximas jerarquías de la Armada Nacional y accedieron a información confidencial”.
El informe más concreto fue el de CA, que explicitó como un resultado importante del proceso que “se logró que todos los responsables admitieran que las entregas de garantías de fiel cumplimiento del contrato son falsas”. El escrito cabildante enfatizó que “la elección del astillero no fue correcta” y puntualizó que “la Armada admitió en algunas apreciaciones que no están preparados para la elección de un astillero en su totalidad, ni tienen las herramientas para profundizar en las estructuras económicas de los proveedores”.
En tanto, IS concluyó que el “Estado uruguayo fue víctima de una maniobra defraudatoria ejecutada mediante garantías apócrifas emitidas por una entidad inexistente y respaldadas por documentación notarial falsificada”. Asimismo, remarcó que el Estado “no ejerció ninguno de los controles a que estaba obligado”, y agregó, entre otras cosas, que “la responsabilidad por las decisiones que condujeron al perjuicio es de conducción política”.
El partido encabezado por Gustavo Salle también apuntó contra la actual administración y planteó que, si bien “detectó el fraude y actuó”, lo cual “se reconoce”, también “pagó dos hitos sin advertir los defectos documentales” y “permitió la actuación de personas sin acto habilitante sobre información confidencial y sobre oficiales superiores”.