A casi ocho meses de instalada la comisión especial para investigar el proceso de adquisición de dos patrullas oceánicas al astillero español Cardama, este miércoles, a partir de las 14.30, la Asamblea General tratará los informes que resultaron de ella. Son cuatro: de la Coalición Republicana (CR), del Frente Amplio (FA), de Identidad Soberana (IS) y de Cabildo Abierto (CA). En principio, ninguno de los informes reúne los votos necesarios para ser aprobado y, en la previa de la sesión, no se vislumbra una moción de consenso. El FA cuenta con 65 de los 130 votos de la Asamblea General, mientras que la CR reúne 61, y CA e IS suman dos cada uno. Los miembros informantes serán los diputados Joaquín Garlo (FA), el nacionalista Gabriel Gianoli (CR), Álvaro Perrone (CA) y Gustavo Salle (IS).
Tras la exposición de los informes, la CR y el FA tendrán dos bloques de dos horas para complementar. Un senador del FA señaló a la diaria que “la idea es acortar los tiempos” para evitar entrar “en una onda de alusiones”. Los informes del FA y la CR coinciden en que hubo irregularidades, pero discrepan sobre cuándo se produjeron y quiénes fueron responsables.
El 24 de agosto, el oficialismo y los partidos de la coalición brindaron sendas conferencias de prensa para presentar las conclusiones del trabajo de la comisión. Allí, el FA afirmó que “existieron hechos de apariencia delictiva” durante el proceso de compra y de constitución de las garantías, y apuntó contra los responsables políticos, en particular, contra el expresidente Luis Lacalle Pou, lo que generó reacciones en la coalición. Gianoli dijo a la diaria que aspiran a que “la asamblea sea el reflejo de lo que sucedió en comisión, donde nadie planteó ni actos de corrupción, ni coimas, ni favorecimiento de empresas y mucho menos ninguna irregularidad de los jerarcas políticos”.
Para los legisladores de los partidos Nacional, Colorado e Independiente, del trabajo de la comisión se desprende la “inexistencia de cualquier indicio o hecho irregular de funcionarios públicos en el proceso de adquisición de las OPV”. Tanto en la conferencia de prensa como en su informe, la CR denunció una operación política del actual gobierno, al que acusa de haberse concentrado, desde su asunción, en “encontrar la forma” de terminar el contrato con Cardama. En ese marco, señala que “una de las irregularidades institucionales más graves detectadas es la actuación de personas sin designación formal ni respaldo jurídico ejerciendo funciones propias del ministerio”, en referencia a los asesores de la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, Daniel Marsiglia y Damián Rojas. La CR hizo una denuncia penal contra Lazo por “el delito de abuso innominado de funciones”.
La solicitud de envío del trabajo de la comisión a la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos está presente en los cuatro informes, en respuesta al oficio del fiscal Gilberto Rodríguez. Ese elemento, para Gianoli, “hace diferente a esta Asamblea General”. Para Garlo, un “cierre correcto” del trabajo de la comisión bicameral sería que “la documentación esté en poder de la Fiscalía y que sea la Asamblea General la que la remita, luego del arduo trabajo que ha llevado adelante la comisión, a efectos de que se investiguen en profundidad, en la órbita penal, todos estos hechos”, afirmó en diálogo con la diaria. El senador del FA Eduardo Brenta dijo que el interés de su bancada “es que toda la información que se vertió en la comisión, por parte de Presidencia, por parte del Ministerio de Defensa y por parte de los que participaron, todo eso se le vuelque al fiscal”.
Los énfasis del FA y la CR
En diálogo con la diaria, Garlo repasó los puntos sobre los que hará hincapié ante la Asamblea General. En primer lugar, en cuanto a la contratación de Cardama, señaló que “carece de una serie de respaldos de decisiones administrativas y existió una clara debilidad de los controles llevados a cabo por el gobierno anterior”, que derivaron en la presentación de una garantía falsa. Respecto de la empresa, afirmó que “incumplió sistemáticamente sus obligaciones y actuó de mala fe durante el procedimiento de constitución de las garantías”.
En su informe, el FA identifica al astillero español como “el principal responsable de las maniobras”. No obstante, señala que “la consumación del fraude y la magnitud del daño causado al patrimonio público no hubieran sido posibles sin la intervención de funcionarios públicos que, mediante decisiones activas u omisiones en el ejercicio de sus cargos, permitieron que la situación se desarrollara en los términos en que se hizo”. Por último, Garlo destacó que la actuación del actual gobierno “permitió desenmascarar estas maniobras que significaban un claro perjuicio para los intereses de Uruguay”.
Por su parte, Gianoli señaló tres aspectos en los que enfatizará. Por un lado, que, durante las administraciones del FA anteriores, “no se hizo absolutamente nada para tener patrulleras oceánicas”. Lo segundo es que, según entienden, la rescisión del contrato fue de “forma precipitada, sin buscar alternativas”. Y, por último, “la operación política de terminar con la construcción de las patrulleras”. Por otro lado, el señalamiento a las actuaciones de Marsiglia y Rojas también va a estar.
Por su parte, CA destacó en su informe que, durante el trabajo de la comisión, se logró que “todos los responsables admitieran que las entregas de garantías de fiel cumplimiento del contrato son falsas”, y puntualizó que “la Armada admitió en algunas apreciaciones que no están preparados para la elección de un astillero en su totalidad, ni tienen las herramientas para profundizar en las estructuras económicas de los proveedores”. Por ahora, CA tiene previsto solo acompañar su informe, según indicaron a la diaria.
Para IS, lo central, según dijo Salle a la diaria, está en que “el contrato, en tanto y en cuanto tenía falsificaciones, es un instrumento del delito; consecuentemente, es nulo”. No obstante, “el Frente Amplio pagó varios millones de dólares, es decir, hay responsabilidad de ambas administraciones, lamentablemente, porque paga el pueblo uruguayo”. Salle aseguró que los dos diputados de IS solo acompañarán su moción y darán el quorum para las votaciones, ya que la ausencia de un legislador puede generar una mayoría circunstancial.