“Lo que nosotros queremos anunciar es que estamos terminando de redactar y en los próximos días vamos a presentar una denuncia penal contra la ministra [Sandra] Lazo, por el delito de abuso innominado de funciones”, dijo este lunes al mediodía el diputado blanco Pablo Abdala en conferencia de prensa en el Palacio Legislativo. Como estaba previsto, los legisladores de la Coalición Republicana que integraron la comisión investigadora bicameral sobre el caso Cardama anunciaron que realizarán una denuncia penal contra la titular del Ministerio de Defensa Nacional (MDN).
Abdala sostuvo que darán este paso en función de la “operación política” que entienden que llevó adelante el gobierno, “referida a asuntos que son de la competencia del MDN, por lo tanto, la ministra Lazo es responsable legalmente, políticamente y penalmente, en la medida en que corresponda, con relación a ellos”. Agregó que “está claro que ha habido una operación, que empieza con el mismo gobierno”, ya que la comisión investigadora terminó “de confirmar que las verdaderas irregularidades acontecieron a partir del 1° de marzo de 2025”.
“En particular, quedó demostrado que en mayo [de 2025] estaba la decisión tomada de terminar con el contrato. Sin embargo, en junio se pagaron 12 millones de euros, se siguió adelante, más allá de exponer al país al daño que notoriamente sufrió, por no tener las patrulleras y por la situación de exposición en la que se encuentra, porque hoy hay una demanda arbitral internacional que pesa sobre la suerte del país. Podemos llegar a ser condenados –y con toda seguridad lo seremos– al pago por daños y perjuicios”, sostuvo.
Abdala insistió con que “para todo eso hubo una operación que implicó, sin medir consecuencias ni costos, que, por ejemplo, se omitieran los controles y las tareas de seguimiento de la construcción de las patrulleras en Vigo” (España). Aseguró que “durante siete meses la ministra Lazo estuvo sin tomar la decisión de que hasta allí concurrieran los delegados de la Armada Nacional que debían cumplir esa tarea”.
Foto: Gianni Schiaffarino
El diputado blanco agregó que la ministra estuvo “semanas y meses sin responder mensajes del propio proveedor y de otros actores, en cuanto a la marcha de la ejecución de un contrato que estaba en pleno desarrollo”. “Además, el gobierno estaba cumpliendo con las obligaciones financieras, curiosamente, y aunque parezca irónico, porque la actual administración pagó 20 millones de euros por un contrato que en realidad ya tenía dispuesto terminarlo”, insistió.
Abdala resaltó que, “como también quedó demostrado en la comisión investigadora”, Lazo es responsable por haber decidido que “personas extrañas al MDN, los comisarios políticos” (en referencia a Daniel Marsiglia y Damián Rojas), “sin el más mínimo vínculo funcional” con la cartera, “durante varios meses intervinieran en la realización de pesquisas” para obtener información “que era confidencial y reservada”, además de “citar a declarar a almirantes de la Armada Nacional”, entre otras tareas. “Decisiones y actitudes que notoriamente implican un abuso de funciones de la ministra y, eventualmente, de usurpación de funciones por parte de esos actores”, sentenció.
A su vez, el diputado del Partido Independiente, Gerardo Sotelo, señaló que en la Coalición decidieron solicitar a la presidenta de la Asamblea General, Carolina Cosse, “que envíe inmediatamente a la Justicia todos estos antecedentes, sin necesidad de esperar el pronunciamiento” de la Asamblea General, que dan “por descontado” que será en el mismo sentido. “Queremos que vayan inmediatamente todas estas actuaciones, incluyendo la respuesta del titular del astillero Cardama, que nos llegó hace unos días”, agregó.
Por último, Abdala retomó la palabra e insistió con que la decisión de presentar una denuncia penal contra Lazo la tomaron porque “claramente ella ha protagonizado hechos de apariencia delictiva”, a diferencia de lo que vieron en el informe que el Frente Amplio presentó en la comisión, “que lo único que hace son insinuaciones”.
“Presentaron un informe absolutamente insidioso, porque no llegan a ninguna conclusión concreta en cuanto a que se haya cometido delito. Ellos mismos dicen que no hacen atribuciones individuales a ningún funcionario. No afirman que se hayan cometido delitos, pero, sin embargo, mencionan delitos; sin aportar un solo elemento, una sola prueba y, lo que es más grave, sin identificar cuáles serían los funcionarios públicos que, eventualmente, en el período pasado, habrían incurrido en esos delitos”, finalizó.