El 23 de agosto vence el plazo constitucional de la comisión especial del Parlamento que analiza el proceso de compra de dos patrullas oceánicas al astillero español Cardama Shipyard durante la anterior administración, luego de que el actual gobierno presentara una denuncia penal al constatar que la garantía de fiel cumplimiento era falsa, y posteriormente rescindiera el contrato.
Este jueves, a tres días del vencimiento del plazo, a la comisión llegó un documento con las respuestas de Mario Cardama, el dueño del astillero. “Se ha mencionado que Cardama no tiene la experiencia necesaria para construir buques militares tipo OPV y que los plazos contractuales eran irreales. Como director del astillero, ¿cómo responde a esas afirmaciones?”, fue la primera pregunta que le enviaron los legisladores desde la comisión, según el documento, al que tuvo acceso la diaria.
“Se han mencionado y afirmado muchas cosas. Ocurre así en cuestiones que están atravesadas por la política y no les damos más trascendencia que esa, aunque sí que nos duele mucho oírlo”, fue la respuesta de Cardama. El titular del astillero agregó que, según pudo saber, en 2012, por ejemplo, “se dijeron todo tipo de cosas sobre los socios privados que tuvo Uruguay en el caso Pluna y la pertinencia de liquidar dicha empresa”. “Sin embargo, cuando en 2025 Uruguay tuvo que abonar a esos socios un laudo arbitral millonario, no se escuchó a absolutamente nadie comentar nada”, añadió.
Sobre la pregunta concreta, Cardama dijo que su astillero lleva construyendo barcos “desde hace más de 100 años” y destacó que en los últimos 30 años entregaron “casi 40 buques de acero de distintas tipologías”. “Además de la experiencia como empresa, tenemos un equipo de profesionales con una amplia y reconocida experiencia en construcción de buques de mucho mayor porte que las OPV en otros astilleros”, sostuvo.
Cardama señaló que, después de haber entregado buques a diferentes armadas en todo el mundo y de haber entregado patrullas oceánicas a otros cuerpos de seguridad de diferentes estados, “es lógico decir que Cardama tiene experiencia suficiente para construir buques tipo OPV para una Armada como la uruguaya”. “Buen ejemplo de ello es nuestra reciente patrullera para la Armada de Senegal. Por otra parte, en nuestra opinión y en la de muchos expertos, los buques OPV para Uruguay no iban a ser los buques de más porte ni los más complejos construidos por nuestro astillero”, agregó.
“¿Fue el astillero intimado formalmente a presentar nuevas garantías en algún momento?” fue otra de las preguntas que le hizo la comisión. Cardama contestó que “no, en ningún momento, ni antes del 22 de octubre ni después del 22 de octubre”, en referencia a la fecha de la conferencia de prensa del actual gobierno en la que se anunció la irregularidad. Agregó que “jamás se exhibió interés por la garantía; más bien el interés y la energía estuvieron puestos en usar el evento que se exhibía o aparecía como un fraude de la garantía de Eurocommerce“, que era “ajeno” a su “conocimiento”, para “terminar con un contrato en el que no tenían interés”.
“Ni siquiera se respetó el principio de inocencia. Directamente se nos trató como culpables de un fraude del cual no tenemos nada que ver. Es más, llegamos a esta situación en buena medida porque el Estado uruguayo era el que iba a controlar que estuviera bien la garantía y el que tiene los medios para hacerlo”, manifestó.
Además, Cardama dijo que, “luego de casi un año de repetir la misma dinámica en la que quien controlaba era el Estado uruguayo, no es razonable” que ahora se le eche la culpa “de no realizar tareas que siempre se entendió que correspondían al Estado uruguayo”. Por lo tanto, “si el Estado uruguayo no hubiera traicionado el principio de inocencia y hubiera razonado que no necesariamente Cardama era culpable de nada, en lugar de verse cegado por lo que le interesaba concluir, habría intimado la constitución de una nueva garantía, pero no lo hizo”. “Insistimos, en ningún momento se nos intimó a constituir una nueva garantía ni tampoco se exhibió interés alguno en la misma”, finalizó.
Este viernes la comisión tratará los diversos informes
En tanto, este viernes será la última sesión de la comisión. En la instancia se presentarán los informes con las conclusiones de la investigadora, que más adelante se pondrán a consideración del plenario de la Asamblea General. Está previsto que se presenten cuatro informes: del oficialismo, de la coalición, de Cabildo Abierto y de Identidad Soberana.
El diputado nacionalista Pablo Abdala, integrante de la comisión, dijo a la diaria que hubo una conducta “antijurídica” de Damián Rojas y Daniel Marsiglia, asesores de la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, porque llevaron adelante averiguaciones en nombre de la cartera antes de ratificar formalmente un vínculo con ella. El diputado señaló que siguen evaluando hacer una denuncia penal sobre el tema.
Por su parte, el senador del Frente Amplio Nicolás Viera, vicepresidente de la comisión, dijo a la diaria que el trabajo de la comisión dejó “claramente marcado que aquí se cometió un fraude contra el Estado”, que está “debidamente documentado, incluso con la palabra de muchos de quienes comparecieron” ante la comisión. “Desde el poder político no se previeron las diferentes situaciones que posteriormente concluyeron en esta situación en la que estamos hoy, de irregularidades por todos lados. El propio exministro [Javier] García dejó planteado en la comisión que Cardama no tenía experiencia en la construcción de estos barcos, e igual así se procedió a la firma del contrato”, finalizó.