Media hora después de la conferencia pautada por la Coalición Republicana (CR) para informar sobre las conclusiones y las acciones derivadas del trabajo de la comisión que investigó el proceso de adquisición de dos OPV al astillero español Cardama, el oficialismo hizo lo propio. En la antesala del Senado, flanqueado por senadores y diputados del Frente Amplio (FA), el presidente de la fuerza política, Fernando Pereira, encabezó la conferencia de prensa, acompañado por los senadores Nicolás Viera, Liliam Kechichian y Eduardo Brenta, y el diputado Joaquín Garlo.
Los integrantes de la comisión se reunieron con Pereira y el resto de las bancadas para informarles sobre las “resultancias del trabajo” desarrollado en ese marco, reflejadas en el informe que el oficialismo –al igual que la oposición– remitió a la Asamblea General el viernes pasado.
Foto: Gianni Schiaffarino
En primer lugar, Garlo afirmó que “existieron hechos de apariencia delictiva” durante el proceso de compra y que el trabajo de la comisión confirmó “la existencia de otros hechos que no fueron denunciados oportunamente por el Poder Ejecutivo”. “El trabajo de la comisión identificó una serie de hechos con apariencia delictiva graves vinculados al proceso de constitución de las garantías, a la documentación falsa presentada en el marco de la constitución de las garantías y a los pagos efectuados por el Estado uruguayo en el marco del contrato entre Uruguay y Cardama”, sostuvo. Concretamente, el diputado señaló que la celebración de los pagos “sin contar con la documentación original a la vista, sin tener la documentación traducida ni apostillada”, constituye “irregularidades de gravedad que entendemos deben ser investigadas por la Fiscalía en el marco de la acción penal”.
El oficialismo identifica a Cardama como el “principal responsable” de todo el proceso. Sin embargo, considera que “los hechos consumados por Cardama no podrían haberse consumado sin la acción u omisión de funcionarios públicos que intervinieron en ese proceso”. Pereira afirmó que, “claramente, hay responsabilidades políticas”. En ese sentido, apuntó a los ministros de Defensa Nacional, Javier García y Armando Castaingdebat, a “miembros de la Armada”, pero también al expresidente de la República Luis Lacalle Pou, “que siguió esta compra y la avaló; avaló cada uno de estos procedimientos, que algunos están reñidos con la norma pública”.
Viera fue categórico y enfatizó que “el primer responsable político de esta situación, en la que se encuentra el Estado uruguayo, es el expresidente Luis Lacalle Pou, por ser no solamente comandante en jefe de las Fuerzas Armadas en el momento, sino por haber respaldado políticamente todo el proceso de adquisición de las OPV de la forma irregular con la cual se actuó”.
“Está claro que aquí estamos ante un fraude que, a todas luces, ha contado con la opacidad de aquellos jerarcas que, debiendo controlar y defender al gobierno y al Estado nacional, no lo hicieron”, sostuvo Viera. Garlo dijo que “la voluntad del Frente Amplio es que se investiguen esas actuaciones a efectos de determinar la eventual responsabilidad penal de quienes tuvieron participación en este proceso, funcionarios públicos y particulares tanto nacionales como extranjeros”.
El presidente del FA afirmó que la fuerza política “no va a rehuir” la discusión sobre las responsabilidades de carácter político en esos ámbitos. En tanto, sobre los hechos con “apariencia delictiva” deberá ser la Fiscalía el organismo que, “dentro de su independencia, pueda actuar para investigar a fondo”.