Sara y Ana Martínez, hermanas de Moisés –el joven de 28 años que, tras una vida marcada por la violencia intrafamiliar y abusos sexuales, mató a su padre y fue condenado a 12 años de prisión por un delito de homicidio especialmente agravado–, fueron recibidas en la tarde del miércoles por el presidente de la República, Yamandú Orsi, en la Torre Ejecutiva. El mandatario aseguró que esperarán “con atención y con mucha expectativa las próximas decisiones que se tomen a nivel del tribunal o a los otros niveles que se puedan tomar”.
El encuentro fue posible por la intermediación de la activista Andrea Tuana, directora de la asociación civil El Paso, que ha apoyado a la defensa de Moisés. En una rueda de prensa Sara señaló que, si bien Orsi “está al tanto de la situación”, hay “algo claro y es que él, como presidente, tiene que respetar la separación de poderes”.
Orsi dijo que “quedó claro” en el encuentro, porque así lo planteó, “que en Uruguay existe la separación de poderes, que creemos en la Justicia, que creemos en el Ministerio Público” y que, además, el Poder Ejecutivo no tiene potestad para “revertir esta situación”. “Nosotros acompañamos desde la empatía, desde la escucha, desde el contacto permanente, sin interferir y respetando muchísimo los procesos que se han llevado adelante desde la Fiscalía y el Poder Judicial”, afirmó Orsi en diálogo con la prensa.
Este miércoles, se confirmó que el 20 de abril a las 15.00 tendrá lugar una nueva audiencia por el caso Moisés, en la que su defensa apelará y solicitará prisión domiciliaria.
En paralelo, el caso ingresó este martes en la esfera legislativa, luego de que el senador Andrés Ojeda (Partido Colorado), la diputada Elianne Castro (Partido Colorado) y el diputado Álvaro Perrone (Cabildo Abierto) solicitaran un informe técnico a la Dirección Jurídica de la Comisión Administrativa del Poder Legislativo para evaluar “la viabilidad y los pasos formales para la promoción de un indulto” a Moisés.
Una de las consultas de los legisladores opositores refiere a si “es requisito indispensable que la sentencia pase en autoridad de cosa juzgada (sentencia ejecutoriada) para que la Asamblea General pueda tratar el indulto”. Las hermanas de Moisés señalaron que el indulto legislativo, según tienen entendido, “se aplica una vez que ya hay una resolución final”, por lo que no queda “mucho más” que esperar a lo que se defina en el Tribunal de Apelaciones.
El presidente sostuvo que la herramienta del indulto “no es común, no es frecuente” y, en cualquier caso, se “tiene que recorrer después de que haya un fallo definitivo”, por lo que “hay que ser muy cuidadosos, esperar con serenidad y ver qué camino se puede recorrer”.
“En el fondo, todo lo que queremos es que se imparta la justicia, que haya justicia, que es bastante más compleja que una sentencia, y que nos muestra que cada caso, cada delito y cada sentencia es un mundo, y hay que estar también en los pantalones y en la ropa de aquellos que tienen que tomar esas decisiones, decisiones que se meditan mucho y que apuntan a lo que las normas uruguayas dicen”, agregó.
El indulto está previsto por el artículo 85 de la Constitución de la República, que, en su numeral 14, otorga a la Asamblea General la facultad de “conceder indultos por dos tercios de votos del total de componentes de la Asamblea General en reunión de ambas cámaras, y acordar amnistías en casos extraordinarios, por mayoría absoluta de votos del total de componentes de cada cámara”.
Desde la defensa de Moisés dijeron a la diaria que la solicitud de los legisladores podría ser una oportunidad para revisar y reflexionar sobre “ciertas prácticas y normativas que están instaladas”, que son “contrarias a los derechos de mujeres e infancias”, por lo que, en ese sentido, es bienvenida.
La posibilidad del indulto a Moisés abrió el debate sobre la “proporcionalidad de las penas”
En una rueda de prensa Perrone señaló que, en caso de que el informe de Jurídica “sea favorable”, se comenzará a conversar “con el resto de la bancada y con los otros partidos”. Afirmó que, en principio, la consulta tuvo “una recepción positiva” y que habría “un ambiente favorable” para la iniciativa, que, “de alguna forma, tiende a corregir una falla del Estado”, sostuvo.
La bancada frenteamplista aún no ha discutido el tema, pero, según pudo saber la diaria, hay visiones que advierten por el carácter “demagógico” u “oportunista” de la iniciativa de los legisladores y cuestionan que no se haya esperado a que finalizara el proceso judicial para plantearla.
“Creo que hay que ser muy responsable con esto, porque, entre otras cosas, nosotros tenemos una responsabilidad como Poder Legislativo y es no generar estas expectativas de que podemos andar indultando todos los pedidos que puedan llegar”, dijo a la prensa la senadora del Frente Amplio Bettiana Díaz.
“Me pueden llamar ingenua o idealista, pero me gustaría pensar que la Justicia puede llegar a ser justa”, dijo Díaz. En ese sentido, señaló que todavía “hay un proceso judicial aquí” que la defensa prevé recorrer.
En una línea similar, la senadora Constanza Moreira afirmó que “mientras el proceso esté en la Justicia, el proceso está en la Justicia”. En una rueda de prensa señaló que “como el juicio sigue y estamos en la etapa de apelaciones, y hay división de poderes en este país, simplemente nosotros tomamos esa preocupación y estamos trabajando sobre muchos de los aspectos que tienen que ver con todo lo del proceso, no necesariamente con lo del indulto, sino también con todo el tema de los delitos sexuales, las penas mínimas para delitos sexuales, la desprotección del Estado”.
En diálogo con la diaria, el diputado frenteamplista Alejandro Zavala sostuvo que, en principio, estaría a favor del indulto, aunque aclaró que se debe conversar a la interna de la bancada y que le “gustaría, obviamente, leer los detalles de la sentencia”. Consideró que, más allá de estar a favor o no de un indulto legislativo, hay una discusión para dar respecto de la dosimetría penal. “Está, por un lado, la cuestión de los delitos sexuales, que tienen penas bajas en comparación con el delito contra la propiedad o con todos los temas de microtráfico, que es por la que están presos los pobres”, ejemplificó Zavala, quien reconoció que los legisladores “también tenemos responsabilidad en eso”.
La pena mínima para el delito de homicidio especialmente agravado que se le imputó a Moisés es de diez años y la máxima puede ir hasta 24 años. El pedido de la fiscal de Homicidios de primer turno, Sabrina Flores, fue de 18 años debido al uso de un arma de fuego, que aumenta la pena en “un tercio en su mínimo y un tercio en su máximo”, según explicó entrevistada por En perspectiva.
Para Zavala, “es interesante esa discusión de por qué [Moisés] tiene un mínimo tan alto”, cuando es “una persona condicionada por todas estas variables que deberían ser tomadas en cuenta para sentenciarlo”, en referencia al contexto de la violencia ejercida por su padre.
Por su parte, la diputada colorada Elianne Castro, una de las consultantes, afirmó en una rueda de prensa que “no hay una proporcionalidad de las penas”, ya que el padre de Moisés “cumplió una pena efectiva de menos de dos años” por abusar de su hija menor, mientras que Moisés, de no revertirse la sentencia, cumplirá una pena de 12 años. Castro consideró que “el vínculo de parentesco no debería ser un agravante, tendría que ser hasta un atenuante, porque es quien debe protegerte”.
Flores sostuvo que “pasaron 15 años” en los que no se volvió a denunciar al padre de Moisés, luego de cumplida su condena. “Y un buen día lo matan de 14 tiros por la espalda. Bueno, para mí, esto no es algo que pueda quedar impune; la víctima puede ser buena o mala, pero tenía derecho a vivir”, consideró Flores, y agregó que, “si había nuevos delitos”, hubiera correspondido “hacer las denuncias para que el Estado actuara”.
El diputado nacionalista Pablo Abdala dijo a la diaria que no comparte “la alternativa del indulto”, ya que la potestad de indultar de la Asamblea General “debiera ser para casos excepcionalísimos”. Reconoció que “hay una dosis de injusticia muy grande”, pero “no es una situación en la que se haya actuado bajo la conmoción”. Por eso, consideró que, en este caso, “el camino no es el indulto” y sugirió que “habría que revisar la ley penal y, eventualmente, pensar, por ejemplo, en una nueva causa de impunidad que hoy no existe”.
Planteó que “el efecto que provocaría el indulto” también podría conseguirse si, por ejemplo, se estableciera “una causa de impunidad nueva que calza con esta situación y la resuelve”. “En ese caso, el efecto es el mismo, porque se aplicaría retrospectivamente, el abogado defensor la podría invocar y el juez le tendría que dar la libertad”, señaló.