Hugo Bai, coordinador de la Comisión Ejecutiva del Diálogo Social, dijo a La mañana de la diaria que las propuestas en torno a las medidas destinadas a la protección de la primera infancia, la infancia y la adolescencia fueron “uno de los temas que generaron mayor nivel de acuerdo” e incluso las cámaras empresariales –que se desmarcaron del documento final y tendrán uno “paralelo”– se mostraron “de acuerdo con avanzar en una agenda de este tipo”.
Explicó que, en “sintonía y consistencia” con las prioridades que trazó el gobierno, se propuso la unificación de un conjunto de prestaciones que reciben los hogares y la simplificación del sistema que además esté acompañada por “un aumento de los montos”. Se tomará como base para los estratos de mayor vulnerabilidad el valor de una canasta básica alimentaria –en enero de 2026 fue de $ 6.666– y “en el caso de hogares donde haya una embarazada o niños y niñas de entre 0 y 3 años eso va a tener un refuerzo del 50%”. En suma, se planteó “un incremento relevante” y “una política ambiciosa desde el punto de vista de los recursos”, lo que requerirá una “implementación gradual”.
La idea es avanzar “lo más rápido posible” para atender lo que calificó como un “drama nacional” representado por la pobreza de hogares con niños, niñas y adolescentes. “Esto no solo tiene que ver con un imperativo ético que todos podemos compartir, sino también con la necesidad. Para darles sostenibilidad a los temas previsionales, lo que invirtamos hoy en las infancias y en las adolescencias termina siendo clave porque, en el contexto demográfico en el que estamos, de envejecimiento poblacional, es sobre la espalda de esos niños, niñas y adolescentes que están naciendo o creciendo hoy en nuestro país donde va a recaer” el financiamiento del sistema de bienestar, señaló.
Señaló que el documento, presentado el miércoles, sistematiza “un conjunto de orientaciones” y representa “un proceso colectivo” en el que participó el Poder Ejecutivo (PE) acompañado por una batería de organizaciones sociales. A partir de esa “hoja de ruta”, el PE definirá “qué se prioriza, con qué ritmos, qué elementos se toman en cuenta y qué otras cosas pueden llegar a postergarse o plantearse desde otro formato”. Advirtió, a su vez, que a pesar de funcionar como “un insumo muy relevante” no todas las propuestas tienen el mismo nivel de acuerdo, como los posibles cambios al régimen de capitalización individual.
El documento propone avanzar hacia la implementación de un mecanismo combinado para financiar los cuidados de larga duración. Los grandes grupos beneficiarios son las personas mayores y las personas con discapacidad, mencionó, y agregó que la propuesta es “crear un mecanismo de financiamiento que en última instancia, de manera colectiva y mediante alguna vía de aseguramiento, permita –con contribuciones de diferentes colectivos– garantizar ese derecho”, ya que “nadie sabe quién va a tener que enfrentar la necesidad de cuidados de este tipo”.
Finalmente, consideró que uno de los “goles” a partir de las orientaciones es la idea de “crear un seguro de desempleo o subsidio por cese de actividad para los trabajadores independientes”, ya que fueron los que quedaron “a la intemperie dentro del sector formal de la economía” durante la pandemia. La propuesta apunta a que “tenga características no muy diferentes” de las que tienen los dependientes y plantean “como mínimo tres meses de duración”. También hay “una agenda bastante ambiciosa en términos de ampliar las licencias” paternales y parentales junto con la idea de “expandir el tiempo de educación y cuidado entre niños y niñas de 0 a 12 años”, agregó.
Cambios al vínculo con las AFAP: la discusión fue “muy pobre y de mala calidad”
“Ninguna de las propuestas que estuvo nunca a lo largo del proceso por parte de quienes representamos al PE en el diálogo estuvo en la consideración ni eliminar las AFAP, ni eliminar el pilar de ahorro individual, ni estatizar esa parte del sistema, ni meter mano a lo que puede ser el ahorro de las personas, cosas que se han hablado y ha sido una discusión muy pobre y de muy mala calidad a partir de trascendidos y especulaciones”, puntualizó.
Según Bai, la propuesta “está muy lejos de vulnerar lo que fue el pronunciamiento de la ciudadanía” en el plebiscito de 2024 y, por el contrario, apunta a “consolidar un sistema multipilar”. En ese eje “aparece la posibilidad de modificar el vínculo del afiliado con la AFAP”, con el objetivo de que, sin trato directo, “la competencia no se establezca en lo que tiene que ver con la captación”. Es necesario, vinculado a la rentabilización, “poner a las administradoras a hacer su tarea fundamental, que es lo que efectivamente agrega valor al mercado”.
De aplicarse, aún sería necesario pagar una comisión porque las empresas “van a seguir teniendo que ser remuneradas” por su trabajo y “el sistema va a tener un costo” que se trasladará al beneficio. Sin embargo, entre las comisiones “hay un conjunto de costos, asociados a que las AFAP hoy compiten por la captación” –como gastos comerciales y de publicidad–, que con el nuevo modelo se recortarían. Señaló que parte de la población no sabe “a qué AFAP está afiliado” ni “qué comisiones le cobran, qué rentabilidad obtiene y no tiene preferencias por uno u otro tipo de portafolios”, una “falla de mercado” que permite que las empresas “exploten ese desconocimiento para cobrar costos demasiado elevados”.
Un organismo público podría encargarse de administrar las cuentas. Crearlo o asignar la tarea a una institución existente “forma parte de los aspectos de diseño y de implementación que no fueron abordados con ese nivel de detalle”: “Me parece que a veces le pedimos un poco más a este documento de lo que este documento es: un conjunto de orientaciones que surgen de un proceso de diálogo social amplio, plural, participativo y que buscó acuerdos”. Respecto de la forma de asignar el capital, Bai señaló que en otros modelos se licitan los fondos, que “ya no son de un afiliado puntual”, sino de carácter colectivo para “premiar el mejor desempeño que pueda tener una u otra”, con foco en “promover la competencia en el rubro central”. A su vez, esa vía podría “eliminar las barreras de entrada” para que ingresen nuevos participantes al negocio.
Nueva causal jubilatoria prevé contemplar desigualdades al momento del retiro
Sobre la propuesta de habilitar una causal jubilatoria a los 60 años, Bai dijo que se vincula a la posibilidad de contemplar “las desigualdades con las que las personas llegan al momento del retiro” asociadas, por ejemplo, a niveles dispares de desgaste físico y posibilidades desiguales de sostener un empleo, además de diferencias en la expectativa de vida que “viene creciendo para todos pero que no se distribuye de la misma manera por nivel socioeconómico”.
De esta manera, uno de los “grandes resultados” que tuvo el proceso fue incorporar una causal de retiro anticipado para posibilitar que todas las personas, “manteniendo la edad normal de retiro en 65 años”, se puedan retirar a partir de los 60, pero que “obviamente está focalizada en los trabajadores de menores ingresos”. Para un tercio de los trabajadores garantiza que si hacen uso de esta causal “van a poder acceder a jubilaciones mejores o iguales que las que pagaba el régimen anterior a lo que fue la reforma jubilatoria” de 2023.
Para el resto –sectores de ingresos medios y altos– “van a existir estímulos muy claros para que se mantengan trabajando hasta los 65” y, aunque también podrán utilizar el recurso, “las prestaciones que van a obtener a edades por debajo de los 65 años van a estar diseñadas de forma de que no sean suficientemente atractivas, como señal para que esos sectores efectivamente elijan, por así decirlo, seguir trabajando”. Aunque tampoco hay un diseño específico para la implementación de la orientación, el tema ya se está trabajando y está enmarcado en “mantener la sustentabilidad del sistema previsional a mediano y largo plazo”, por lo que “no tiene costo inmediato”. “Vamos a hacer que este cambio no suponga un incremento en la proyección del gasto previsional”, cerró.