En la previa del Día Internacional de los Trabajadores, con el escenario del acto central del PIT-CNT ya instalado en las inmediaciones del Palacio Legislativo, la Cámara de Senadores aprobó este jueves “en general” y por unanimidad (29 en 29) el proyecto de ley de empleo integral elaborado por el Poder Ejecutivo, enviado al Parlamento a mediados de marzo. La aprobación “en general” supone que el contenido del proyecto –es decir, los artículos– se votará aparte, en principio, la próxima semana.

En el plenario, el senador del Partido Colorado Andrés Ojeda consideró que se trata de una modalidad “extraña” y “atípica”. “Yo voy a mirar mañana con mucha atención el discurso del ministro de Trabajo, [Juan Castillo, en cadena nacional]. Espero y hago votos para que mañana no haya una frase del estilo de que ‘el Senado ayer aprobó una ley de empleo integral’, porque el Senado no aprobó un solo artículo de nada”, lanzó.

En respuesta, el coordinador de la bancada del Frente Amplio, el senador Óscar Andrade, remarcó que el oficialismo tenía los votos suficientes para aprobar este jueves el proyecto tal como fue presentado por el Poder Ejecutivo, pero, sin embargo, se optó por “priorizar el acuerdo” con la oposición.

Al margen de esto, Andrade sostuvo que el sistema político debería realizar una “autocrítica” con respecto a las distintas normas que se han aprobado para promover el empleo, porque “desde las primeras leyes a la última ley de promoción del gobierno anterior han tenido una enorme dificultad para llegarle al conjunto del entramado empresarial”.

El legislador dio algunos ejemplos. En 2024, el 90% de los ingresos al mercado laboral por este tipo de ley se concentró en Montevideo. Asimismo, “diez empresas grandes cubrieron la mitad de los puestos de trabajo generados con la ley de empleo anterior”, cuando en el país “más de dos tercios del empleo” es generado por micro, pequeñas y medianas empresas. “Nadie puede pensar que el empresario pequeño o mediano es insensible a la posibilidad de ingreso de una mujer jefa de hogar”, señaló.

El proyecto del gobierno –por el cual el equipo económico ya accedió a destinar diez millones de dólares– establece, entre otras cosas, un régimen de estímulos para la contratación de trabajadores por parte de las empresas. En el caso de jóvenes de entre 15 y 24 años en una situación de desempleo continuo superior a tres meses se otorgará un subsidio de hasta un cuarto de las retribuciones mensuales del trabajador, que aumentará hasta un tercio en el caso de las mujeres.

Del mismo modo, se disponen subsidios para mayores de 50 años, personas afrodescendientes, trans, en situación de discapacidad y recientemente liberadas del sistema carcelario. En este último caso se propone que aquellas empresas que contraten a “personas puestas en libertad hasta tres años de su liberación” podrán acceder a “un subsidio de hasta el 80% de las retribuciones mensuales del trabajador”.

Aunque apuntó que, “seguramente”, el proyecto “deje un espacio sin atender lo suficientemente”, Andrade sostuvo que “en la evaluación que se hace desde el Poder Ejecutivo, y es una evaluación que compartimos, hay un conjunto de planos en los que deberíamos corregir la aplicación” de la normativa vigente.

“La oposición tratará de ponerle mayor pragmatismo” al proyecto

“Que quede clarísimo que estamos de acuerdo. Solamente pedimos ese tiempo para articular mejor”, manifestó la senadora del Partido Nacional Graciela Bianchi. La legisladora comentó que este mismo jueves, en la mañana, una delegación de la Cámara de la Construcción asistió a la Comisión de Asuntos Laborales para opinar sobre el proyecto y “planteó algunas observaciones que, en definitiva, tenemos que estudiar”.

“Nosotros entendemos que, si se ajusta más, tiene mejores resultados”, resaltó Bianchi. Con respecto a la ley actual y las anteriores, confesó: “El tema de que no llegue a la gente, a mí hasta verguenza me da… En el siglo XXI… Y todos fuimos gobierno, porque los problemas de que no llegue la información arrancó con la ley del 2013, donde yo también estaba en el gobierno, [aunque] de otro signo político”.

Su correligionario, el senador Sebastián da Silva dijo que la oposición tratará la próxima semana de “ponerle mayor pragmatismo” al proyecto, “de forma tal de que entre todos podamos tener una ley realmente exitosa, y no una nueva frustración, en un Estado que es patético para la promoción de políticas públicas de empleo”. “Este es un Estado punitivo, porque a todos los ciudadanos les llega la multa del BPS, les llega el aviso de la DGI; [pero] no a todos los ciudadanos les llega la promoción de las políticas públicas de empleo”, expresó.

El senador colorado Robert Silva, en tanto, llamó a contemplar en la iniciativa las “realidades muy diversas” que tienen los distintos sectores de actividad. “Si nosotros queremos fomentar realmente el empleo y el trabajo con foco en las personas de vulnerabilidad, tenemos que tener una ley que atienda la realidad de los sectores que emplean”, afirmó.

“Nosotros, los batllistas, no creemos en la lucha de clases, pero sí sabemos y tenemos plena conciencia de que esta sociedad capitalista en la cual vivimos genera desventajas, genera diferencias claras, y el lugar de origen de una persona puede condicionar su destino. Por lo tanto, lo que tiene que haber son políticas públicas que tiendan la mano”, agregó.