Este martes, luego de una reunión entre la agrupación parlamentaria y el directorio del Partido Nacional (PN), los nacionalistas se refirieron a la situación de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep). En el encuentro participó Luis Calabria, director de la oposición en ese organismo. En una conferencia de prensa en el Parlamento, el presidente del directorio del PN, Álvaro Delgado, denunció que a Calabria los demás miembros de la Jutep “le impiden dejar constancia de las disconformidades en las resoluciones” que toma el organismo. “Eso no tiene precedentes. Hay un cambio de criterio y de protocolo. Obviamente, con una intencionalidad política bien manifiesta de la mayoría de la Jutep”, agregó, en referencia a Ana Ferraris y Alfredo Asti, ambos directores en representación del Frente Amplio.
Además, Delgado denunció la “politización extrema de la Jutep que, una vez más, lo que hace es horadar la garantía que tiene que darle a todos los ciudadanos”. “Al no tomar en cuenta la mayoría de las decisiones o sugerencias de su equipo asesor técnico, sobre todo de la asesoría jurídica, lo único que hace es profundizar una politización de la Jutep que a nosotros, como Partido Nacional, nos preocupa sobremanera”, señaló Delgado.
Por su parte, el diputado blanco Pablo Abdala dijo que asisten a un problema “que va más allá de una mera discrepancia política entre gobierno y oposición”, y señaló que en la reunión llegaron a la conclusión de que están ante “un problema institucional”. Subrayó que “no solo la situación se mantiene, sino que claramente hay un proceso de agravamiento, en cuanto a la utilización política de la Jutep, en términos del oscurantismo con el que claramente la mayoría del directorio” de ese organismo ha procedido.
Abdala señaló que esto tiene relación “con la alteración de los protocolos de funcionamiento”, de los procedimientos definidos por el directorio para actuar frente a las denuncias que le llegan, y con “modificar esos protocolos, que fueron aprobados por el directorio, sin que mediara una nueva resolución”. “Se han constatado situaciones en las que los directores de la mayoría han ingresado en el análisis de información que les está vedada, con relación a declaraciones juradas de determinados funcionarios”, aseguró.
Por lo tanto, Abdala dijo que harán “consultas jurídicas”, porque entienden que muchos de estos episodios “ya trascienden lo meramente administrativo y político, y hay hechos que tienen apariencia delictiva”. “Podríamos estar frente a la eventualidad de la comisión de delitos contra la administración pública por parte de estos jerarcas. Lo decimos todavía en condicional, porque queremos actuar con la debida seriedad”, agregó.
Abdala advirtió que, si las sospechas que tienen se confirman, “habrá que llegar a la Justicia”. Consultado sobre qué tipo de delito podría caber, Abdala dijo que no quieren especular, pero mencionó que “hay un delito residual, que es el de abuso de funciones” (artículo 162 del Código Penal).
A todo esto, la diaria intentó comunicarse con Ferraris y Asti, presidenta y vicepresidente de la Jutep, respectivamente, pero no obtuvo respuestas.
