La comisión especial bicameral de seguimiento del sistema carcelario recibió este jueves a autoridades del Ministerio del Interior (MI) y del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) para que informaran sobre la descentralización de ese organismo, así como sobre las dos cárceles de máxima seguridad que el gobierno prevé construir.
El ministro del Interior, Carlos Negro, no compareció ante la comisión, ya que participó en la visita de autoridades del Poder Ejecutivo al centro de evacuación dispuesto en la Escuela Nacional de Policía, en el marco de la alerta roja por frío que comenzó este jueves. En su lugar, asistió la subsecretaria del MI, Gabriela Valverde, acompañada por la directora del INR, Ana Juanche, entre otros jerarcas.
A la salida de la comisión, en una rueda de prensa, la senadora frenteamplista Bettiana Díaz sostuvo que las autoridades brindaron “información muy buena sobre algunas líneas de trabajo que se están desarrollando”. Por ejemplo, “las próximas mudanzas” a partir de la inauguración de tres nuevas unidades en el predio del Penal de Libertad –iniciadas en el gobierno anterior–, así como la mudanza de la Unidad 5.
Respecto de las nuevas cárceles de máxima seguridad, Díaz dijo que plantearon que “se está en un proceso de diálogo para hacer una extensión” de las cárceles bajo la modalidad de participación público-privada, a partir de la construcción de las dos nuevas unidades. Aseguró que el proyecto “tiene un tratamiento urgente” por parte del INR y el MI, que “están evaluando los costos”, así como la cantidad de personal penitenciario –policial y civil– que “se necesita para la gestión de estos establecimientos”, que tendrían capacidad para 100 personas.
Resaltó que el modelo de alto riesgo –que “sería nuevo en Uruguay”– responde a una “nueva realidad” penitenciaria e intrapenitenciaria, “que es cómo se organiza el crimen organizado y cómo el INR está desarrollando inteligencia penitenciaria”. “Puntualmente, tiene que ver con un nuevo modelo de evaluación de riesgo y también de privación de la libertad, y de gestión de esa privación de la libertad para evitar lo que vemos en otros países, que son niveles de sindicalización del crimen organizado dentro de las cárceles”, agregó. La senadora apuntó que este nuevo modelo requeriría “alguna incorporación al decreto normativo que regula los regímenes de privación de libertad en Uruguay”.
El ministro ha comunicado la intención de que las cárceles se ubiquen en predios militares. Consultada sobre la ubicación de los recintos, Díaz respondió que no se quiso “profundizar” en eso porque “queremos también que se nos dé una información más acabada” y, a su vez, “hay información de carácter reservado ahí, que tiene que ver con el funcionamiento y que todavía puede variar”. “Hay algunos terrenos, pero también es algo en lo que, por el perfil de estas cárceles, decidimos no profundizar hoy”, sostuvo, y agregó que les pareció mejor que las autoridades del ministerio vayan “más adelante con una información mucho más cercana”.
Algo similar ocurrió con el proyecto de descentralización del INR, que todavía no ingresó al Parlamento. “Al no tener estado parlamentario, lo que nosotros dijimos fue ‘queremos discutir o consultar sobre un proyecto concreto’”, explicó Díaz. La iniciativa fue presentada en febrero a la bancada del Frente Amplio y en marzo a los sindicatos policiales. La senadora dijo que se informó que ya se encuentra a estudio de la Asesoría Jurídica de Presidencia de la República, por lo que “en breve, probablemente, tome estado parlamentario”. “Estamos dependiendo de las correcciones y algunas sugerencias que se pueden hacer desde las jurídicas de los organismos, pero eso seguramente sea a la brevedad”, afirmó.
Díaz también mencionó que “se está previendo dos establecimientos de alto riesgo de unas 50 plazas cada uno”, para los cuales “se está evaluando los costos, el modelo constructivo” y otros “detalles para poder avanzar en información luego”.
En diálogo con la diaria, el diputado nacionalista Gabriel Gianoli sostuvo que la oposición manifestó “preocupación” porque el centro de salud de la Unidad 4 Santiago Vázquez (ex Comcar) inaugurado en 2024 “quedó sin efecto porque ASSE [Administración de Servicios de Salud del Estado] no le destinó recursos”. Explicó que el centro cuenta con ocho camas disponibles que evitarían “traslados de reclusos y utilización de vehículos”. Las autoridades “se llevaron el planteo” y la comisión resolvió convocar al Sistema de Atención Integral-Personas Privadas de Libertad de ASSE.