La Cámara de Senadores terminó este miércoles lo que había empezado el jueves pasado, cuando, en la víspera del Día Internacional de los Trabajadores, aprobó únicamente “en general” el proyecto de ley de empleo integral elaborado por el Poder Ejecutivo, aplazando la votación “en particular” de los artículos para la siguiente sesión. El jueves, el proyecto fue aprobado por unanimidad. Este miércoles, en tanto, la mayoría de los artículos fueron votados tanto por el oficialismo como por la oposición, mientras que una minoría solo fueron acompañados por los legisladores del Frente Amplio (FA).
De esta forma, por ejemplo, se aprobó por unanimidad y sin cambios el artículo que establece como principios rectores de la iniciativa “el trabajo digno y decente”, “la no discriminación”, ya sea por razones de edad, género, sexo, orientación sexual, nacionalidad, ascendencia étnico-racial o nivel socioeconómico, así como “la protección social y el diálogo social”, entre otros puntos. El proyecto ahora será estudiado por la Cámara de Diputados.
Acuerdos y desacuerdos
En términos generales, el proyecto del gobierno –por el cual el equipo económico ya accedió a destinar diez millones de dólares– establece un régimen de estímulos para la contratación de trabajadores por parte de las empresas. En el caso de jóvenes de entre 15 y 24 años en una situación de desempleo continuo superior a tres meses se otorgará un subsidio de hasta un cuarto de las retribuciones mensuales del trabajador, que aumentará hasta un tercio en el caso de las mujeres.
Del mismo modo, se disponen subsidios para personas afrodescendientes, trans, en situación de discapacidad y recientemente liberadas del sistema carcelario. En este último caso se propone que aquellas empresas que contraten a “personas puestas en libertad hasta tres años de su liberación” podrán acceder a “un subsidio de hasta el 80% de las retribuciones mensuales del trabajador”.
La versión original del proyecto también incluía a las personas mayores de 50 años; pero, a instancias de la oposición, la edad se bajó a 45. Esto fue aceptado por el oficialismo, según señaló al momento de la votación la senadora del FA Bettiana Díaz.
Otro de los cambios que se introdujeron este miércoles refiere a los requisitos que se les exigen a las empresas para acceder a los beneficios previstos en la ley. En el proyecto del Poder Ejecutivo se establecía como condición que las empresas no hubiesen “rescindido ningún contrato laboral” durante los 30 días previos a la contratación al amparo de la ley. Esto fue sustituido por el término “despido”.
El senador colorado Robert Silva sostuvo que este cambio “es importante” porque, a diferencia del despido, que “es algo que puede obviamente ser un obstáculo para contratar en el marco de esta ley”, las rescisiones de contrato pueden darse y no necesariamente constituyen un despido.
La senadora suplente del Partido Nacional Valentina Arlegui, quien en el período pasado se desempeñó como directora general de secretaría del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, explicó que el propósito del obstáculo del despido es que “no se sustituya personal subsidiado por personal regular”. “El poner ‘despido’ lo que pretende evitar es que las empresas justamente desvinculen trabajadores para volver a contratarlos” bajo un régimen subsidiado, señaló.
Una propuesta que presentó la oposición y que no fue respaldada por el FA consistía en mantener en 20% el tope para las empresas con más de 99 trabajadores. De acuerdo con el proyecto original, se dispone que “la cantidad de personas contratadas a través de la presente ley tendrá un límite” que, en el caso de las empresas más grandes, se ubica en el 15% de la plantilla. Esto fue aprobado sin cambios solo con los votos del FA.
La semana pasada, cuando el proyecto se aprobó “en general”, el senador del FA Óscar Andrade señaló, entre otras cosas, que “diez empresas grandes cubrieron la mitad de los puestos de trabajo generados con la ley de empleo anterior”.
Díaz dijo que “hay una intención marcada para que las pequeñas y medianas empresas puedan acceder mejor a este mecanismo, y por eso es que nosotros estamos, entre otras cosas, fijando este tope para las empresas más grandes”.
Para Arlegui, en cambio, la reducción del tope de 20% a 15% “es simplemente igualar para abajo”. “Si se hizo un mal uso de esta ley, las responsables no son las empresas mayores a 99 trabajadores, sino que deberíamos tratar de promover que las empresas más chicas puedan acceder a más”, afirmó.