Investigan antiguo vertedero en Chile donde podría haber restos de desaparecidos uruguayos, informó la presidenta de la INDDHH

En el marco del Mes de la Memoria y a dos semanas de una nueva Marcha del Silencio, la presidenta de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH), Mariana Mota, se refirió este miércoles en Panorama informativo a la búsqueda de personas detenidas desaparecidas, tarea que lidera la INDDHH desde 2020. Al respecto, Mota informó que el programa de búsqueda de detenidos desaparecidos por la dictadura en Chile “ha señalado un lugar, que fue un vertedero de basura, donde también se depositaron personas muertas” en el contexto del Plan Cóndor, y que se investiga la posible presencia de restos de desaparecidos uruguayos.

Al predio en cuestión, ubicado en la comuna de Macul, en Santiago de Chile, se le atribuyen “numerosos cuerpos” a través de “muchos testimonios que hacen referencia a eso”, mientras que “se señala que podría haber también uruguayos”, indicó Mota.

El medio de investigación chileno Ciper divulgó un informe en el que, con base en testimonios coincidentes, se indica que entre setiembre de 1973 e inicios de 1974 el predio habría sido utilizado para enterrar cuerpos. El reporte señala que los restos de hasta 30 detenidos desaparecidos podrían encontrarse en el antiguo vertedero, devenido en un terreno baldío ubicado en la intersección de las avenidas Departamental y Macul. En ese grupo podría haber tres ciudadanos uruguayos, un brasileño y un niño de 11 años.

En lo que refiere a las excavaciones, Mota precisó que continúan en el Batallón 14 porque “tiene áreas cauteladas amplias y es una búsqueda palmo a palmo en la tierra”. Otro grupo trabaja en la Gruta de Lourdes, al otro lado del arroyo Miguelete, porque “esa era una zona de dominio militar cuando existía el Batallón 13” y en un predio lindero funcionaba “un circuito donde también hubo represión, tortura y muerte”.

En Argentina también hay un “grupo de investigadores conformado por tres personas” que está profundizando en las investigaciones respecto a los uruguayos detenidos desaparecidos en el país vecino, señaló la exjueza.

El comisionado parlamentario para infancias y adolescencias genera “confusión”

Este martes, el Senado aprobó el proyecto de ley para crear un comisionado parlamentario para infancias y adolescencias. La legisladora oficialista Blanca Rodríguez presentó la iniciativa, que enfrentó el rechazo de la INDDHH.

Aunque valoró que es “indiscutible la necesidad de una mirada específica en infancias”, Mota dijo que esto “ya lo desarrolla la institución” y que, por tanto, el proyecto lleva a “repetir” funciones. La INDDHH “recibe constantemente denuncias particulares de personas, de organismos o de organizaciones que señalan debilidades en la protección del Estado” y sondea situaciones “desde hace mucho tiempo, no solamente dentro del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y no solamente con relación a la tortura, sino con relación a la multiplicidad de derechos”, dijo.

Mota mencionó el caso de Jonathan Correa y reparó en que una serie de alertas tempranas “no fueron atendidas”. En ese sentido, señaló que tiene dudas con respecto a si la nueva figura “va a poder estar en cada uno de los casos”, ya que “precisaría muchísima gente”, y consideró que “lo que está fallando es la interacción en los organismos o que funcionen adecuadamente esas alertas tempranas”. “El caso de Jonathan es paradigmático justamente por eso, en la falla de los organismos”, sostuvo.

En línea con lo anterior, Mota exhortó a que los organismos “escuchen y tengan una mirada atenta” frente a este tipo de situaciones. Agregó que es necesario “reforzar las estructuras de los organismos que están vinculados a la vida de infancias y adolescencias” –que son “prácticamente todos”, evaluó–, mientras que el comisionado “no ayuda al funcionamiento de la institución y no resuelve la problemática”, por lo que preocupa su creación al “agregar más estructuras al Estado, duplicando recursos” y generando “una confusión al público al cual va destinado”. Es por este motivo que la INDDHH propuso que esta figura “esté dentro de la institución”.

Mota también afirmó que, ante las resoluciones que emiten vinculadas a la temática, los organismos suelen replicar que no cuentan con los recursos o profesionales suficientes para abordar estos temas y, por ejemplo, reparó en que el diálogo con el INAU y el Inisa es constante, pero advierten que “tienen insuficiencias en su forma de funcionamiento”. “Estamos ante una población, infancias y adolescencias, que está súper diagnosticada, sabemos un montón de cosas de ella. Ahora, ¿de qué manera el Estado está abordando eficientemente estas dificultades que presenta? ¿Poniendo a alguien más que también diagnostique?”, se preguntó respecto de la posible creación de un nuevo comisionado como “figura de monitoreo”.

Mota afirmó que intercambió al respecto con la senadora Rodríguez, realizó los planteos y ofreció la posibilidad de incorporar la figura a la institución, pero apuntó que la legisladora “tiene otra mirada, evidentemente”, y “no la aceptó”. Finalmente, consultada sobre el antecedente del comisionado parlamentario penitenciario –que funciona en paralelo a la INDDHH–, valoró que el resultado fue “nefasto”, porque hubo “aumento de población carcelaria” y hay “cada vez mayor violencia dentro de las cárceles”.

“En cierta manera, lamentablemente no me sorprendió”, dijo Mota sobre el esquema de adopción irregular de un menor en Maldonado, aunque lo calificó como “llamativo y preocupante”. La INDDHH conformó un grupo de trabajo interinstitucional para abordar las adopciones: “Estamos mirando justamente todo el proceso de adopción, viendo las falencias y buscando sugerencias”, informó.

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