El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) profundizó las “acciones de prevención y vigilancia” por la presencia de residuos químicos en productos de origen animal –previstas en un decreto de 2009– “a fin de asegurar la ausencia de compuestos prohibidos y el cumplimiento de los límites máximos de residuos” y así “garantizar la inocuidad de los alimentos y el acceso a los mercados de destino para dichos productos”.
El MGAP está habilitado, mediante sus dependencias técnicas competentes, a investigar “establecimientos agropecuarios, establecimientos de faena y establecimientos industrializadores de productos de origen animal, ante la detección de residuos de medicamentos veterinarios, plaguicidas y contaminantes ambientales”. A dichos efectos, el nuevo decreto establece que “podrá realizar interdicciones sanitarias preventivas”, además de “inspecciones y proceder a la extracción y análisis de muestras en animales, productos y subproductos de origen animal, raciones, forrajes y productos veterinarios utilizados por el productor”, y proceder al “decomiso total de productos no autorizados o registrados”.
A mediados de abril, el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, al anunciar nuevas sanciones por la exportación de carne contaminada en la Comisión de Ganadería de la Cámara de Senadores, advirtió que la situación “es mucho más grave de lo que la gente piensa”. “Hay que imaginarse lo que nos pasó con el tema de la aftosa”, señaló el ministro, y alertó que, ante la detección de contenedores con residuos químicos, “nos pueden cortar los mercados”.
En octubre de 2025, el MGAP endureció las multas y sanciones a la detección de residuos de medicamentos veterinarios. Un jerarca del MGAP explicó a la diaria que el decreto no supone un cambio en las prácticas o las técnicas, sino en “el respaldo de la jurisprudencia para cumplir con las acciones sanitarias”, ya que en la práctica ocurría que presentaban recursos y apelaciones que causaban que las sanciones no se aplicaran. “Ahora, con este decreto presidencial, vamos a tener la potestad y la jurisprudencia para entablar una intervención, poder investigar, poder trabajar, poder aclarar cuál fue la situación y, si fuera correspondiente, tomar alguna sanción y que efectivamente se cumpla”, explicó.
En el decreto, emitido el jueves 29 de abril, la cartera sostiene que “el mantenimiento del país como proveedor de alimentos a los diferentes mercados requiere de una estrategia a nivel nacional, que incluye la implementación de medidas de prevención y vigilancia en lo referente a la utilización de medicamentos veterinarios y acciones frente a la detección de plaguicidas y contaminantes ambientales”. La presencia de estos químicos, señaló, “puede traer aparejada la destrucción de la mercadería” y, consigo, “una importante pérdida económica tanto para el productor como para el país”.
Como ya estaba previsto por el decreto de 2009, los predios de los que se extraigan “muestras de tejidos y/o fluidos biológicos con resultados de presencia de compuestos prohibidos” por encima de los límites máximos permitidos “podrán ser interdictos en forma preventiva para el movimiento de animales con destino a faena”. La nueva norma establece que la prohibición cesará luego de que la División Sanidad Animal, mediante informe, “acredite que el predio cumple con las exigencias sanitarias para el correcto uso de los medicamentos veterinarios”. El requisito anterior era que se obtuvieran al menos dos análisis consecutivos con resultados negativos.
No obstante, el decreto prevé que el establecimiento será “objeto de controles dirigidos” por la Dirección General de Servicios Ganaderos (DGSG), “a los efectos de dar seguimiento y verificar que las causas que dieron origen a los desvíos fueron corregidas”.