Hace dos semanas, en el Parlamento Europeo, en Bruselas, tuvo lugar la conferencia “El caso de Uruguay: ¿interferencia de la Unión Europea en los procesos democráticos extranjeros?”. Estuvieron presentes los eurodiputados de extrema derecha Markus Buchheit (Alternativa para Alemania) y Hermann Tertsch (Vox de España), y junto a ellos, tres invitados uruguayos: el periodista Álvaro Alfonso y los abogados Emilio Mikolic y Graciela Figueredo, quienes, como integrantes del equipo de abogados del Centro Militar, han defendido a numerosos militares acusados y condenados por delitos de lesa humanidad.
La trayectoria de Figueredo tomó otra relevancia este martes, luego de que la asociación Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos repudiara la designación de la abogada como asesora jurídica del comandante en jefe del Ejército, Mario Stevenazzi, por resolución de la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo.
Figueredo prestó servicios en el Comando General del Ejército como suboficial mayor del Cuerpo Especialista hasta su pase a retiro obligatorio por edad, en febrero de 2025. En setiembre, se resolvió su incorporación al Comando General del Ejército en carácter de “reservista”, con derecho a percibir el sueldo militar correspondiente a su grado, según consta en la resolución firmada por Lazo. Una fuente del Ministerio de Defensa Nacional (MDN) indicó a la diaria que la designación de Figueredo actualmente está en etapa de estudio y este jueves se dará a conocer cómo se procesó la designación.
En diálogo con la diaria, el referente de Madres y Familiares Ignacio Errandonea afirmó que ven con “preocupación” la designación de Figueredo y apuestan por “mantener el diálogo y buscar que se tomen los recaudos para no seguir con estas situaciones donde se generan este tipo de problemas que son realmente muy preocupantes”. La asociación prevé realizar una solicitud de acceso a la información a la cartera para conocer cuál es el rol que cumple la abogada “y, sobre todo, quién le paga”, señaló Errandonea.
En un comunicado, Madres y Familiares lamentó: “Una vez más, estamos alerta ante las decisiones políticas que se presentan contrarias a la lucha y compromiso con el ‘Nunca más’”. Señaló la “incongruencia” en el compromiso del MDN, ya que “la presencia de funcionariado que relativiza los crímenes de lesa humanidad y desacredita a las víctimas y sobrevivientes pone en jaque la narrativa institucional de compromiso democrático y respeto a los derechos humanos”.
Los cuestionamientos sobre la designación de Figueredo se suman a los dichos de Stevenazzi hace una semana en la previa de la Marcha del Silencio. En entrevista con Radio Carve, el comandante en jefe aseguró que la fuerza que él comanda desde febrero de 2023 “no esconde documentación”. “No hay algo que nosotros sepamos que lo estemos ocultando al Instituto de Derechos Humanos o a quien corresponda”, afirmó. A su vez, ocurre en un clima de crecientes reclamos por parte de Madres y Familiares ante los escasos avances y las dificultades para acceder a la información, a más de un año de gestión.
Recientemente, luego de una reunión con Lazo, Errandonea afirmó que no ven “la voluntad política de avanzar”. Se reconocen algunas acciones del gobierno en este tema, como las resoluciones del MDN y el Ministerio de Educación y Cultura para garantizar el “acceso irrestricto” de la Institución Nacional de Derechos Humanos a información del Archivo General de la Nación, la Dirección Nacional del Registro de Estado Civil, la Biblioteca Nacional y los archivos militares.
No obstante, Madres y Familiares también ha manifestado posiciones contrarias respecto de otras decisiones, logrando, en algunos casos, que se revirtieran. Por ejemplo, en abril, el gobierno resolvió modificar el artículo del proyecto de ley de reforma del Código del Proceso Penal que habilitaba el pedido de libertad anticipada para personas condenadas por delitos de lesa humanidad. Asimismo, hace unas semanas, la organización denunció en una reunión con el presidente Yamandú Orsi que el consulado uruguayo en Miami entregó una fe de vida a un militar prófugo, situación por la cual Cancillería abrió una investigación interna.
Observaciones a Figueredo
Errandonea señaló que Figueredo, en su calidad de abogada de los militares, “hace una defensa que va más allá de la que es normal, estirando lo que son los límites legales”, por lo que “ha sido observada por el sistema judicial por presentar chicanas continuamente para dilatar los juicios”.
En 2016, el entonces fiscal de Corte, Jorge Díaz –actual prosecretario de Presidencia–, solicitó a la Suprema Corte de Justicia la aplicación de sanciones a la abogada por el abuso en los mecanismos procesales. En ese entonces, el Centro Militar, a través de una carta al semanario Búsqueda, expresó su “absoluta solidaridad” con Figueredo, “distinguida profesional, que ha encarado siempre el ejercicio de la abogacía en forma ejemplar”. En esa misiva, se cita una carta pública de la abogada en la que afirmaba que Díaz, “partiendo de un análisis jurídico equivocado, llegó a una conclusión equivocada y pidió infundadamente a la Corte una sanción impertinente, antijurídica y consecuentemente injusta”.
Cinco años después, Figueredo fue sancionada con la “pérdida del derecho a percibir honorarios de la letrada patrocinante” tras presentar un recurso de inconstitucionalidad que ya había promovido anteriormente, como parte de una estrategia dilatoria del proceso.
“Estamos acá para que se sepa lo que está sucediendo, para que la comunidad internacional sepa lo que está sucediendo en Uruguay”, dijo Figueredo en el Parlamento Europeo, luego de argumentar que la justicia uruguaya condena sin pruebas a los militares. “Se está procesando sin prueba. Y no es que digamos ‘se está procesando sin prueba suficiente’, directamente, no existe prueba”, aseveró la abogada. Cuestionó que “la única prueba son los dichos del denunciante o de los testigos que se presentan, que son testigos que estuvieron detenidos en aquella época con el denunciante”.
El diputado alemán Buchheit fue uno de los impulsores del reclamo por la liberación “inmediata” de militares y policías presos por crímenes de la dictadura uruguaya que, en marzo, 31 eurodiputados le hicieron a Orsi a través de una carta. Los parlamentarios consideraron “presos políticos” a los militares que cumplen condena y también exigieron el “cese inmediato de todos los procedimientos judiciales en curso y futuros que contravengan el espíritu y las disposiciones de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado”.
En la diaria Radio, el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, aseguró que la Cancillería ha “tomado con mucha seriedad” las expresiones desde Bruselas. “No aceptamos a nadie que hable que acá hay presos políticos. A nadie. No lo aceptamos. Esa no es la visión de este país”, afirmó.
Figueredo señaló en el Parlamento Europeo que el equipo del Centro Militar trabaja en “100 causas”, entre ellas, defendió, “hay gente que ha sido procesada porque era médico en la unidad, hay gente que ha sido procesada porque cumplía una función”, sobre las cuales los fiscales y jueces “no presumen su inocencia, presumen su culpabilidad”.
