A la medianoche del lunes, en los primeros minutos de la madrugada del martes, y después de 13 horas de discusión, finalizó la interpelación al ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, quien, a instancias del senador del Partido Nacional (PN) Sergio Botana, compareció ante la Cámara de Senadores para “brindar explicaciones sobre el estado general de la economía y sus perspectivas”. Fue el noveno llamado a sala en lo que va del actual gobierno.
Tal como sucedió previamente con los ministros Sandra Lazo (Defensa) y Carlos Negro (Interior), el titular del Ministerio de Economía y Finanzas se retiró del Senado con el respaldo del Parlamento gracias a la mayoría que tiene el Frente Amplio (FA) en la cámara alta.
Antes de que las declaraciones presentadas por el oficialismo y la oposición se sometieran a votación, Oddone subrayó que el equipo económico tiene “un rumbo”, así como unos objetivos claramente definidos: “Crecer, acelerar el crecimiento y reenfocar y fortalecer la matriz de protección social”. “Tenemos un país en movimiento”, manifestó el ministro, y agregó: “No estamos conformes, pero estamos ocupados en seguir mejorando la situación”.
Por su parte, Botana consideró que la extensa jornada parlamentaria del lunes fue “productiva”. “Yo creo que a todos nos sirvió escuchar al otro”, expresó el legislador nacionalista, y destacó algunas “coincidiencias importantes” que, a su entender, surgieron en el transcurso del debate, por ejemplo, la necesidad de acelerar la inversión pública.
El respaldo del oficialismo
La moción de declaración del FA se aprobó por 17 votos. En el texto, la bancada oficialista respaldó a Oddone y valoró “su disposición a brindar información detallada y a fundamentar con rigor técnico la estrategia económica del gobierno nacional”. “La presencia del señor ministro y la solvencia de su intervención constituyen un ejercicio de la responsabilidad republicana y reafirman que la política económica en Uruguay se encuentra en buenas manos”, se expresa en la declaración.
Según el FA, el rumbo en materia económica se sostiene “en la estabilidad macroeconómica y la administración responsable de los riesgos”, en el marco de “un contexto internacional de tensiones geopolíticas, incertidumbre creciente y reiterados shocks externos”.
El oficialismo destacó que, “a pesar de dicho escenario, en 2025 la gestión del equipo económico permitió combinar un manejo macroeconómico responsable con mejoras concretas para la gente”. Se apunta que la economía creció, se generaron puestos de trabajo y se “mejoraron los salarios reales”, al igual que “las jubilaciones y los ingresos de los hogares”. También se señala que “la pobreza comenzó un camino de decrecimiento”, la inflación “fue la más baja de los últimos 20 años” y el riesgo país se ubicó “en su mínimo histórico, lo cual es un claro indicador de confianza hacia nuestro país”.
Aunque admitió que todavía persisten “importantes desafíos de cara a construir un país más próspero y justo”, el FA remarcó que “los resultados del primer año de gestión de gobierno sientan bases sólidas que renuevan la confianza en el rumbo trazado”.
Por último, la bancada oficialista reafirmó su compromiso de acompañar “las transformaciones impulsadas por el gobierno”, las cuales son “necesarias para fortalecer y reenfocar el Estado de bienestar, mejorar la matriz de protección social, acelerar el crecimiento económico y asegurar los recursos necesarios para atender los desafíos relativos a la seguridad pública, la infancia y las personas en situación de mayor vulnerabilidad, entendiendo que estas prioridades constituyen el sustento de nuestro modelo de convivencia”.
Las cinco propuestas de la oposición
El texto presentado por los senadores del PN y del Partido Colorado fue rechazado en el plenario de la cámara alta: recibió únicamente 13 votos a favor. En la declaración, la bancada opositora manifestó que, según “los valores de la economía hasta ahora conocidos, como el del producto del primer trimestre de este año”, actualmente “el nivel de actividad económica está comprometido”.
En ese sentido, se señala que existe preocupación por “la creación de los puestos de trabajo”, dado que “ya que se ha observado caída en la tasa correspondiente y, lo que es especialmente preocupante, una creciente sustitución de empleo de calidad por empleo precario”.
Asimismo, la oposición sostuvo que “el país atraviesa un proceso de pérdida de competitividad que afecta el empleo en las empresas exportadoras” y afirmó que “la presión fiscal es alta y ahoga al ciudadano para llegar a fin de mes y a la pequeña y mediana empresa en el desarrollo de su negocio”. También advirtió que el panorama de las cuentas públicas “pone en riesgo el cumplimiento de la meta fiscal de endeudamiento”.
En la segunda parte de la declaración, los legisladores nacionalistas y colorados incluyeron cinco puntos que permitirían “adoptar una conducta prudente” con relación a la política económica. El primero de ellos propone “eliminar el crecimiento del gasto público y hacerlo más eficiente para atender los desafíos sociales y a la vez generar mejores condiciones de competitividad que permitan generar nuevos y mejores empleos”.
El segundo establece que no se crearán nuevos impuestos, y tampoco se aumentarán los actuales, “porque la ciudadanía y los sectores productivos no soportan más la carga que el gobierno ha generado”.
En el tercer punto, la oposición llama a “concretar efectivamente las políticas de frontera para apoyar a nuestros ciudadanos de los departamentos limítrofes, logrando que las mismas sean efectivas y eficientes”.
En cuarto lugar se propone mejorar la competitividad del país mediante una mayor apertura comercial, así como a través de la fijación de los precios de los combustibles en función de la paridad de los precios de importación, entre otras medidas.
Por último, la bancada opositora solicita mantener el régimen de ahorro individual de las AFAP, “respetando el pronunciamiento popular de octubre de 2024” y “evitando la incertidumbre nacional e internacional”. En referencia a las recomendaciones surgidas del Diálogo Social, se sostiene que “tocar el régimen previsional implica meterse con el ahorro de los uruguayos y perder uno de los mayores activos de nuestro país, que es el respeto a las reglas de juego en un marco de certeza y credibilidad jurídica”.
