En marzo de este año, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) incluyó a Uruguay, junto a otros 60 países, en una investigación sobre presuntas importaciones de bienes producidos a través de trabajo forzoso. Porque, “a pesar del consenso internacional contra el trabajo forzado, los gobiernos no han impuesto y no han hecho cumplir efectivamente las medidas que prohíben la entrada de los bienes producidos con trabajo forzado a sus mercados”, según sostuvo en su momento el titular de la USTR, Jamieson Greer.
Este martes, a través de un comunicado, la oficina estadounidense afirmó que “los actos, políticas y prácticas de 60 economías relacionados con la falta de imposición y aplicación efectiva de una prohibición a la importación de bienes producidos con trabajo forzoso son irrazonables y obstaculizan o restringen el comercio estadounidense, por lo que son susceptibles de acción”.
Greer volvió a referirse al respecto y expresó que resulta “inaceptable” que los socios comerciales de Estados Unidos no contemplen este tema, que genera “una dinámica en la que los trabajadores estadounidenses se ven obligados a competir globalmente en condiciones desiguales”. “Cada uno de nuestros socios comerciales debe hacer más para garantizar que el comercio no fomente ni perpetúe el trabajo forzoso a nivel mundial”, manifestó.
Ya finalizada la investigación, la USTR recomendó la aplicación de “aranceles adicionales para todos los productos de las economías investigadas”. En concreto, se planteó una tarifa adicional de 12,5% para algunos de los países, entre ellos, Uruguay.
En diálogo con la diaria, el analista internacional Gonzalo Oleggini explicó que esta acción por parte de la USTR responde a que, en febrero, la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó que los aranceles que impuso el presidente Donald Trump son inconstitucionales; entonces, “para que el sistema continúe, encontraron otro lugar por donde ir”, ya que “están buscando una herramienta para sustituir” el aumento arancelario que sea “un poco más seguro jurídicamente para que la Corte Suprema no los haga caer”.
Oleggini puntualizó que hasta ahora “no hay nada impuesto”, ya que se trata de “un proceso que se está generando”, si bien es “el camino trazado de por dónde se va a ir”. “Este es un proceso administrativo. Lo que se abre es básicamente la negociación entre las autoridades comerciales de Estados Unidos y los países que en ese proceso tienen que presentar sus descargos, y si los descargos son suficientes, no se aplicará la medida”, explicó el experto. De lo contrario, el aumento arancelario se comenzará a aplicar a partir de julio.
Por su parte, el también analista internacional Gustavo Calvo dijo a la diaria que el gobierno estadounidense está capitalizando investigaciones similares sobre diversos temas. Y en este escenario, a su entender, Uruguay “se puso en la mira firmando aquel documento de seis países que terminó en una derivada sobre las visas” y Estados Unidos “nos clasificó de determinada manera”, por lo que “los comportamientos a futuro con respecto a temas geoestratégicos hacen que Uruguay se maneje en forma diferenciada junto con Brasil, México, Colombia y España en todo lo que tenga que ver con política hemisférica”.
Desde la cancillería uruguaya señalaron a la diaria que todavía se está analizando el tema y evitaron dar declaraciones.
La oficina estadounidense informó que recibirá comentarios por escrito hasta el 6 de julio y celebrará audiencias sobre las acciones en consideración al día siguiente, el 7 de julio.
El listado incluye a las economías de Argelia, Angola, Argentina, Australia, las Bahamas, Bahréin, Bangladesh, Brasil, Camboya, Chile, China, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Egipto, El Salvador, Guatemala, Guyana, Honduras, Hong Kong (China), India, Irak, Israel, Japón, Jordania, Kazajistán, Kuwait, Libia, Malasia, Marruecos, Nueva Zelanda, Nicaragua, Nigeria, Noruega, Omán, Perú, Filipinas, Qatar, Rusia, Arabia Saudita, Singapur, Sudáfrica, Corea del Sur, Sri Lanka, Suiza, Taiwán, Tailandia, Trinidad y Tobago, Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido, Uruguay, Venezuela, Vietnam, Canadá, Ecuador, la Unión Europea, Indonesia, México y Pakistán.
