Al proyecto de ley presentado por la bancada de senadores del Frente Amplio (FA) se lo ha denominado, comúnmente y en términos generales, como el proyecto de los monoambientes. Sin embargo, la iniciativa apunta a regular solamente un aspecto específico de este tipo de viviendas: su superficie mínima habitable.
En concreto, el proyecto del oficialismo plantea establecer por ley que “la superficie habitable de una vivienda no será inferior en ningún caso a 35 metros cuadrados”. En caso de aprobarse, esto supondría dar marcha atrás a una modificación que fue introducida al Plan Nacional de Vivienda (Ley 13.278) durante el gobierno de Luis Lacalle Pou, cuando en la Rendición de Cuentas de 2021 el tope mínimo disminuyó de 35 a 25 metros cuadrados.
Asimismo, la iniciativa del FA propone impedir el otorgamiento de los beneficios tributarios dispuestos en el régimen de vivienda promovida (Ley 18.795) a las construcciones que no cumplan con estos mínimos previstos en materia de superficie mínima habitable. Luego de varios días con el tema en la opinión pública, la semana pasada finalmente la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Territorial del Senado comenzó a trabajar en el proyecto.
“Si yo me quiero poner un quiosco, el Estado no me subsidia”
“El proyecto ha tenido mucha difusión. Se ha abierto un debate interesante, ya no sobre el tema de monoambientes, sino que se ha ido a otras partes de la vivienda. Ha terminado en la discusión de la ley de vivienda promovida y demás, pero no es el interés del proyecto”, indicó en primer lugar el senador frenteamplista Gustavo González, principal promotor de la iniciativa, según consta en la versión taquigráfica de la sesión, a la que tuvo acceso la diaria.
Hecha la aclaración, González señaló que antes de la Rendición de Cuentas de 2021 la ley “definía con absoluta claridad, y no porque sí, los metros cuadrados de construcción para una vivienda digna y adecuada” en 35 metros cuadrados. Apuntó que este número se basa en un programa de la Organización de las Naciones Unidas, que determinó que “no se puede considerar una vivienda digna y adecuada un espacio de menos de 35 metros cuadrados”.
“¿Qué quiero decir con esto? ¿Puede un pobre vivir en 17 metros cuadrados? Sí, puede vivir en diez [metros cuadrados], porque si no tiene un peso se hace un ranchito como puede. Ahora, que el Estado promocione vivir en 25 metros cuadrados con exoneraciones de todo tipo me parece que no corresponde y que hay que volver a la ley nacional de vivienda”, expresó el exsecretario general de la Federación de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua.
Según González, el cambio aprobado en el período pasado fue motivado por una mayor rentabilidad. En ese sentido, manifestó: “Yo soy socialista, pero entiendo que cualquier empresario en el sistema que vivimos pone una empresa para ganar plata, [porque] no va a poner una empresa para perder, ¿no es cierto? Bueno, pero que no digan que lo hacen por el bien de los jóvenes del interior que vienen a Montevideo a estudiar”.
El legislador frenteamplista señaló que el costo de un monoambiente oscila entre 90.000 y 100.000 dólares, y apuntó que “hay personas que han comprado diez, 12, 14 monoambientes y los alquilan” desde 20.000 hasta 25.000 pesos por mes.
Con respecto al régimen de vivienda promovida, mencionó que 70% de la inversión es extranjera, “concretamente argentinos, chilenos y brasileños”. Y añadió: “Si yo me quiero poner un quiosco, el Estado no me subsidia; si quiero poner una carnicería, el Estado no me subsidia”.
Al cierre de la presentación del proyecto en la comisión, González subrayó que “lo que se plantea no es eliminar los monoambientes”. “Si la industria de la construcción quiere hacer monoambientes, que los haga, pero sin exoneraciones de todo tipo. Menciono esto porque en el debate se sostiene que se quiere destruir al monoambiente. No, si quieren hacer un monoambiente, que lo hagan, pero el Estado no lo puede promover”, resaltó.
“Si esto se aprueba mañana, necesitamos fundamentos para poder defenderlo”
La comisión resolvió invitar a las autoridades del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, así como a representantes de la Cámara de la Construcción, la Cámara Inmobiliaria, el Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos, la Sociedad de Arquitectos y la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de la República, para continuar con el tratamiento de la iniciativa.
El senador del Partido Nacional (PN) José Luis Falero dijo que el recibimiento de todas estas delegaciones “es lo adecuado” a los efectos de “tener un panorama claro”. De todos modos, el legislador nacionalista señaló que, tras la exposición que hizo González en el seno de la comisión, el objetivo del proyecto “ha quedado más claro”. “No se está limitando la construcción de monoambientes, sino que se busca evitar la construcción de monoambientes con una superficie menor a 35 metros cuadrados. Eso es lo que hoy está en discusión, para no darle el beneficio tributario a quienes construyan viviendas de menos de 35 metros cuadrados”, sintetizó.
Falero sostuvo que para modificar la normativa vigente es necesario “tener datos precisos de lo que ha acontecido desde 2021 a la fecha en lo que hace a la construcción de monoambientes”. Durante la sesión, González indicó que aproximadamente el 10% de las construcciones bajo el régimen de vivienda promovida corresponden a monoambientes; dentro de ese porcentaje, agregó, “no necesariamente [todos] son de 25 metros cuadrados, aunque la mayoría sí lo son”.
Falero propuso analizar “qué valor tienen esos monoambientes de 25 metros cuadrados para hacer una ecuación que incluya los metros y el valor monetario”, y también evaluar “a quién estamos beneficiando, o sea, quién está utilizando el esfuerzo del Estado en esos 25 metros cuadrados”.
“Me parece que son elementos clave porque, si esto se aprueba mañana, necesitamos fundamentos para poder defenderlo. De lo contrario, estaríamos cometiendo –por lo menos nosotros– un error, y más cuando fue nuestro gobierno de coalición quien lo impulsó”, señaló el senador del PN.
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Para Falero, una de las cosas a determinar es si el cambio introducido en 2021 efectivamente fue “una solución para ese ciudadano que quería contar con una vivienda en Montevideo para poder estudiar, para tener una primera experiencia laboral o lo que fuera”. “Ojalá podamos llegar a la conclusión de que la propuesta del senador González tiene fundamentos lógicos como para modificar lo que hicimos hace menos de cuatro o cinco años. Yo no lo tengo claro, por eso no quisiera marcar una posición. Como dicen, debemos evaluar el cambio”, recalcó Falero.
Por su parte, tras la presentación de González, el senador del Partido Colorado (PC) Tabaré Viera dijo que “la propuesta es de recibo” y anunció que estudiará la iniciativa con sus asesores. “Vamos a hacer consultas en el partido y, además, tenemos que recibir a las delegaciones planteadas”, acotó, y puntualizó que el PC todavía no tiene “una posición definitiva” sobre el proyecto.
Viera consideró que “está muy bien planteado el argumento y que es básico el tema de la calidad de vida de la gente”. No obstante, señaló que “siempre acá se hace un balance de intereses, legítimos –obviamente–, no solamente de quienes quieren el lucro, sino también de quienes generan muchos puestos de trabajo”.
Asimismo, el senador colorado llamó a tener presentes las “posibilidades económicas para quienes compran y hasta para quienes alquilan, porque si hay mucha oferta, el mercado regula el precio de los alquileres”. “Es todo un equilibrio y es bueno estudiarlo”, subrayó.
La Comisión de Vivienda de la cámara alta, que se completa con los senadores Óscar Andrade (FA), Aníbal Pereyra (FA), Eduardo Antonini (FA) y Carlos Moreira (PN), ya consiguió aprobar en la presente legislatura un proyecto con el apoyo de todos los partidos políticos: la iniciativa que agiliza la expropiación de inmuebles con deuda compensable.
