La presentación que hizo la delegación de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) este martes ante la Comisión de Presupuestos integrada con la de Hacienda de la Cámara de Diputados, que tiene a estudio la Rendición de Cuentas, incluyó algunos números. Por ejemplo, se mencionó que en el transcurso del año pasado el organismo gestionó un total de 132 denuncias, de las cuales el 61% se presentó de forma anónima. También se informó que se recibieron 9.262 declaraciones juradas –los sujetos obligados a hacerlo eran 12.196– y se avanzó en el diseño de un nuevo sistema para su análisis, en coordinación con el Banco Interamericano de Desarrollo.
Sin embargo, la sesión tuvo un nuevo capítulo entre el oficialismo y la oposición en lo que refiere a la actuación de la mayoría del directorio: la presidenta, Ana Ferraris, y el vicepresidente, Alfredo Asti. Este tema se arrastra desde el año pasado, cuando el diputado del Partido Nacional Pablo Abdala interpeló al ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, por un fallo de la Jutep –aprobado con los votos de Ferraris y Asti– sobre el caso del presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Álvaro Danza, quien durante meses mantuvo trabajos en el sector privado. En términos generales, la resolución de la Jutep respaldó el accionar de Danza, a pesar de que un informe de la Asesoría Letrada marcaba lo contrario.
Este martes, Abdala dijo que “a esta altura ya hay como una especie de guerra declarada o no declarada entre la mayoría del directorio, su presidenta y la Asesoría Letrada”, según consta en la versión taquigráfica de la sesión.
El diputado nacionalista dijo tener incluso la impresión de que “a esta altura la desconfianza hacia la mayoría del Directorio no es solo nuestra”. “Por supuesto que esto es simplemente intuición, pero tengo elementos que sustentan esa mirada de las cosas, de que el propio Poder Ejecutivo está empezando a desconfiar, ya probablemente desde hace tiempo, de las decisiones que la Jutep adopta”, expresó. Mencionó, además, el hecho de que, días atrás, “el Poder Ejecutivo hizo lugar a un recurso de anulación contra un acto del Directorio de la Jutep”, vinculado a una denuncia que se había presentado contra la Intendencia de Salto, actualmente conducida por el nacionalista Carlos Albisu.
Abdala subrayó que la mayoría oficialista en el directorio de la Jutep “ha perdido la confianza del Partido Nacional”, y remarcó: “Todo esto empezó con el caso Danza”.
Asti negó que haya un “alineamiento político”
En respuesta, Asti señaló que el fallo de Danza consta de dos partes. Por un lado, que “era compatible su función” de presidente de ASSE con sus tareas en el sector privado –si bien, luego de la resolución de la Jutep, Danza renunció a sus otros trabajos para dedicarse de manera exclusiva a la función pública–;por otro, “la recomendación al presidente de ASSE y a todos los miembros del directorio de no intervenir en aquellos casos en que hubiera conflicto de interés”.
“Yo reitero en esta comisión –dado que no tuve oportunidad de hacerlo en otro ámbito– que me siento muy representado y orgulloso del fallo de la mayoría del directorio de la Jutep en el caso Danza”, manifestó el vicepresidente de la Jutep.
Asimismo, Asti señaló que en este período “hubo desalineamientos con respecto a los fallos de la Asesoría Letrada en otros casos, en los cuales las personas no estaban vinculadas al gobierno”. En estos casos, sostuvo, el directorio –que se completa con el nacionalista Luis Calabria– “actuó de forma distinta internamente, con mayorías o por unanimidad”.
“Reitero que esos casos se referían a personas que no eran del gobierno actual, sino del gobierno anterior o que tenían actuación política opositora, y hubo también alineamientos de distinta forma. Me refiero, en particular, a un caso en el cual la mayoría apoyó lo que decía la asesoría jurídica y el vocal [Calabria] votó en contra de lo que decía la asesoría jurídica. También señalo otro caso en el que, por unanimidad, el directorio votó en contra de lo que decía la asesoría jurídica”, expresó.
Según Asti, no se trata de “un alineamiento político”, sino de que “los directores entendemos que podemos analizar la situación y, sobre esa base, manifestar si estamos de acuerdo o no con lo que la Asesoría Letrada nos presenta”.
