A impulso de la vicepresidenta, Carolina Cosse, la bancada de senadores del Frente Amplio (FA) presentó un proyecto de ley para la creación de un “inventario nacional de activos de datos”.
“El planteo que estamos haciendo en este proyecto de ley tiene que ver con evolucionar sustantivamente en el paradigma de los datos abiertos”, afirmó Cosse, a modo de introducción de la iniciativa ante la Comisión de Industria, Energía, Comercio, Turismo y Servicios de la Cámara de Senadores. La situación a resolver, explicó, es que “el Estado uruguayo necesita dar prolijidad a la arquitectura de datos”. “Uruguay no tiene un inventario completo y público de los activos de datos del Estado”, es decir, no cuenta con “un gran índice de todos los datos que genera el Estado”. La publicación de datos abiertos, remarcó, es “heterogénea” y “no hay obligaciones sistémicas” para los organismos.
Hay algunas experiencias puntuales: la Agencia Reguladora de Compras Estatales, el Instituto Uruguayo de Meteorología, o la plataforma AtuServicio.uy, que pone a disposición datos sobre las instituciones que integran el Seguro Nacional de Salud. En ese marco, “lo que busca este proyecto de ley es transformar estas experiencias puntuales en una práctica sistémica de todo el Estado”, afirmó Cosse.
La apertura de los datos que tiene el Estado se sustenta en tres principios: “La disponibilidad y el acceso, la reutilización y redistribución de datos, y la participación universal”, enumeró la vicepresidenta. Por defecto, en el marco del inventario, “cualquier oficina que genere un dato tiene que publicarlo”, salvo la información declarada reservada o confidencial, que permanece clasificada como tal.
Además, los datos deben publicarse en formatos estandarizados. “El formato de los datos no es una gráfica, no es algo que yo, ciudadano común, cuando hago clic pueda ver una gráfica de esos datos. Voy a llegar a un archivo de datos que solo puede manejar otro software”, explicó Cosse. En ese sentido, destacó que el inventario favorecería avances en materia de investigación científica, porque “el tener los datos crudos disponibles permite que los distintos científicos puedan acceder a la información y trabajar sobre ella sin tener que hacer una peregrinación”.
A su vez, “tiene que existir una total libertad de utilización de esos datos”, expresó la vicepresidenta. Cualquier ciudadano puede acceder de forma gratuita, sin registro ni justificación, y “debe haber una licencia que les permita a los usuarios reutilizarlos, incluso comercialmente”. “Esos datos que el Estado publique pueden ser usados por aplicaciones comerciales. Asimismo, pueden generar startups y empresas comerciales que, a su vez, generen un producto nuevo; esto sucede en el mundo”, resaltó.
El proyecto le asigna a la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic) la capacidad de seguimiento y control, así como de apercibir y multar. Lo recaudado por las multas iría dirigido a la Universidad Tecnológica, a la Universidad de la República y a la propia Agesic, con el propósito de “promover proyectos de datos abiertos”.
Cada organismo del Estado deberá elaborar un “plan de datos abiertos” y presentar un informe anual a la Asamblea General y al Poder Ejecutivo con sus avances. Asimismo, en el proyecto se prevén ámbitos de participación ciudadana a instancias de la Agesic.
En la iniciativa se dispone “una implementación gradual en un plazo de seis meses después de la promulgación para que el inventario de datos esté confeccionado y publicado, y de 12 meses de adecuación tecnológica para la publicación automatizada”, indicó Cosse. Con todo, la vicepresidenta aseguró que el inventario permitiría al Estado utilizar sus propios datos “de manera más sencilla, más accesible para ejecutar y evaluar políticas públicas”, así como también permitiría “incorporar evidencia a través de los datos al seguimiento de programas presupuestales”.