Este lunes, el exministro de Defensa Nacional y dirigente del Partido Nacional, Armando Castaingdebat, dio por finalizadas las comparecencias de jerarcas del gobierno anterior ante la comisión especial que investiga el proceso de compra de las patrullas oceánicas al astillero español Cardama Shipyard. Durante su etapa como ministro, entre marzo de 2024 y marzo de 2025, Castaingdebat estuvo al frente del proceso de constitución de la garantía de fiel cumplimiento de Eurocommerce, presentada por la empresa española y aceptada por la anterior administración.
La actual administración, que ya rescindió el contrato con Cardama, ha denunciado que la garantía de Eurocommerce –compañía que fue disuelta por el organismo regulador de sociedades anónimas de Reino Unido– era falsa. En el contrato se había dispuesto que el astillero español tenía un plazo de 45 días para presentar la garantía; sin embargo, esta fue presentada recién el 22 de octubre de 2024, 11 meses después, luego de sucesivas prórrogas otorgadas por el gobierno encabezado por Luis Lacalle Pou.
“Yo me siento orgulloso de haber formado parte de ese proceso”, manifestó Castaingdebat ante los legisladores de la comisión, según consta en la versión taquigráfica de la sesión, a la que tuvo acceso la diaria. Y afirmó: “Cualquier resolución que haya tomado el Ministerio, haya estado en mi conocimiento o no, es responsabilidad mía”.
Dicho esto, el dirigente nacionalista señaló que, cuando el gobierno anterior resolvió avanzar en la adquisición de patrullas oceánicas para la Armada Nacional, “perfectamente lo podría haber hecho sin la necesidad legal de recurrir a la presentación de garantías”, en referencia a que esto no es un requisito excluyente para este tipo de compras, según se ha señalado en varias oportunidades desde la oposición. “Lo podríamos haber hecho y hoy no estábamos discutiendo el tema garantías”, remarcó.
No obstante, señaló que el gobierno de Luis Lacalle Pou “entendió que tenía que ir a un proceso lo más garantista para el Estado, dentro de la ley, dentro de la Constitución, respetando las normas del Tocaf [Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera] y sujeto a las observaciones del Tribunal de Cuentas”.
“Estoy seguro de que no caí en la arbitrariedad”
En su comparecencia, el exministro hizo un repaso de las prórrogas otorgadas para la constitución de la garantía. Mencionó que el primer aplazamiento fue en enero de 2024, y “después, en marzo, hay otro pedido, ahí ya estaba yo, en el cual también se da la prórroga, y después hay sucesivos pedidos de prórroga”. “Cardama estuvo permanentemente tratando de encontrar una solución al tema garantías, presentando diferentes opciones, muchas de las cuales el estudio Delpiazzo, en conjunto con las autoridades del Ministerio, entendieron no avanzar en esas garantías”, señaló. Durante el proceso, el estudio jurídico Delpiazzo realizó múltiples advertencias al ministerio sobre el proceder de la empresa española.
Castaingdebat apuntó que, en setiembre de 2024, Cardama solicitó un plazo de “72 horas antes de tomar cualquier definición”, luego de que la empresa Abitab se negara a otorgar una garantía –según la empresa española, por presiones políticas–. “Ahí nuevamente, recurriendo a esa discrecionalidad que entendemos que tenía que tener el ministro, entendimos que lo mejor para el país en ese momento era conceder esas 72 horas y no iniciar el camino de la rescisión, que hubiera sido otro lío para el país”, expresó.
Más adelante, ante una pregunta del diputado frenteamplista Joaquín Garlo, Castaingdebat afirmó que él mismo dio la orden para que el Ministerio accediera a este pedido. Garlo insistió en que no hubo un asesoramiento jurídico que avalara el otorgamiento de dicha prórroga, ante lo cual el exministro manifestó: “¿Dónde dice que tiene que haber un aval jurídico para dar una prórroga? ¿Dónde dice que tiene que haber un aval jurídico? ¿Dónde me desvío yo de lo jurídico para conceder una prórroga en el cumplimiento de lo requerido por un contrato? No hay ningún informe, a lo largo de todo el proceso, que nos hable de plazos, dentro de lo jurídico, para una prórroga”.
“En lo que no puede caer ninguna autoridad es en la arbitrariedad. Y yo ahí estoy seguro de que no caí en la arbitrariedad. Busqué siempre lo mejor para el país: tratar de encontrar el camino para que las patrulleras se pudieran construir”, agregó.
“Está claro, entiendo que fue una decisión política”, replicó Garlo. Y Castaingdebat insistió en que se trató de una “decisión de un jerarca, que entendió que era lo mejor para el proceso que estaba viviendo”.
La diputada frenteamplista María Inés Obaldía, en tanto, preguntó si Lacalle Pou fue consultado antes de que se tomara esa decisión. Castaingdebat respondió: “El presidente de la República nos depositó la confianza el día que nos designó ministro. En este proceso, el presidente de la República intervino cuando, frente a todas las presiones que había, decidió avanzar en la adquisición de OPV; podía ser construcción o compra. Las decisiones las tomamos nosotros. Indudablemente, el presidente -ya lo ha declarado públicamente- está informado de todo, pero quienes toman las decisiones son las jerarquías del ministerio”.
