En noviembre de 2022, el Frente Amplio (FA) creó su Comisión Afrodescendiente Antirracista y ese hecho dio lugar a la organización, en octubre de 2023, del primer foro sobre “Pensamiento y gobierno de un Frente Amplio antirracista”. En aquella oportunidad se realizó un diagnóstico de la situación y se establecieron algunas líneas estratégicas de acción. Ahora, desde el pasado 13 de junio, la fuerza política se encuentra desarrollando el segundo foro sobre la temática bajo la consigna “De la declaración a la acción política”.
En un documento aprobado en la primera jornada del foro, al que tuvo acceso la diaria, el FA dejó plasmada la necesidad de “traducir los compromisos antirracistas en iniciativas concretas con equidad racial”. El primer antecedente para profundizar en este sentido, según la referente de la comisión temática Alicia Esquivel, es la declaración del FA como “partido político antirracista”, algo que ocurrió en el VI Congreso “Rodney Arismendi”, en noviembre de 2016.
En este marco, el pasado 27 de junio se realizó un encuentro en La Huella de Seregni que contó con la participación de la vicepresidenta de la República, Carolina Cosse, los senadores Constanza Moreira y Felipe Carballo y el diputado Mariano Tucci. Allí se plantearon “definiciones y propuestas” vinculadas a la “deuda histórica, racismo, antirracismo y reparaciones”.
También se pusieron sobre la mesa planteos más generales relativos a la “construcción de una fuerza política antirracista” y al “sistema penal”, teniendo en cuenta las “desigualdades raciales” que existen en Uruguay.
Está previsto que el jueves 23 de julio se desarrolle la “mesa de cierre” del foro, que, además de la presencia de los referentes de la Comisión Afrodescendiente Antirracista, tendrá la participación del presidente de la fuerza política, Fernando Pereira.
Las definiciones
En el primer documento aprobado en el segundo foro sobre “Pensamiento y gobierno de un Frente Amplio antirracista” se destaca que “la colonia dejó herencias y privilegios, exclusiones y pobrezas que persisten y profundizan la deuda histórica que la nación mantiene con las poblaciones víctimas de las atrocidades del sistema”. Además, se recuerda que esto está reconocido por Uruguay a través de la Ley 19.122.
Desde el punto de vista internacional, se menciona una resolución de las Naciones Unidas de marzo de este año que establece que “los delitos relacionados con la trata de africanos esclavizados y la esclavitud racializada de africanos no están sujetos a prescripción”.
Asimismo, en el documento se cuestionan algunos “retrocesos” que hubo durante el gobierno encabezado por Luis Lacalle Pou, como, por ejemplo, la eliminación del Departamento de Mujeres Afrodescendientes, que estaba constituido en la órbita de Inmujeres, así como también la no asistencia del mandatario a la III Conferencia Mundial contra el Racismo.
Por último, en el documento se deja constancia de que, como partido político, “ser antirracista es más que admitir en la fuerza que el tema se discuta”. En ese sentido, se hace un llamado a “hacerse cargo en la batalla ideológica contra la misma oligarquía que explota a la clase trabajadora y que esclavizó a nuestra gente”. Se señala que “los partidos fundacionales fueron esclavistas en su nacimiento y nunca se arrepintieron” y se afirma que “la mirada de un proceso reparatorio debe ser imprescindiblemente estratégica”.
Las propuestas
En el segundo encuentro del segundo foro el FA elaboró una extensa lista de propuestas, algunas de ellas enfocadas en la interna partidaria y otras que plantean un abordaje de la problemática del racismo a nivel nacional. Dentro de estas últimas, se marcó la necesidad de “impulsar la declaración de Uruguay como Estado antirracista”, promover “un pedido oficial de disculpas del Estado por la esclavización y sus consecuencias” y “reconocer constitucionalmente el carácter multicultural de la nación uruguaya”.
También en el plano de la “reparación simbólica”, se planteó la importancia de “incorporar la historia y los aportes afrodescendientes en todos los niveles educativos”, “crear memoriales y sitios de memoria afrodescendiente” y “revisar el nomenclátor urbano y los monumentos públicos”. En la misma línea, se propuso “crear un archivo nacional de memoria afro”.
En cuanto a la “reparación institucional”, se planteó la incorporación del “enfoque étnico-racial en todas las políticas públicas”, a través de acciones concretas, como la “producción sistemática de información estadística desagregada por ascendencia étnico-racial”.
Con respecto a la “reparación social”, en tanto, se destacó la importancia de “fortalecer las acciones afirmativas en educación, empleo y acceso a oportunidades”, así como la necesidad de “garantizar recursos específicos para la equidad racial mediante asignaciones presupuestales permanentes.”
A nivel del sistema judicial, se planteó “incorporar la dimensión racial en el análisis y diseño de las políticas de seguridad, justicia y rehabilitación”. En cuanto a la “reparación económica”, se propuso el diseño de “mecanismos” para las comunidades “afectadas por los procesos de desplazamiento y gentrificación”, sobre todo, aquellas que fueron afectadas por las políticas implementadas durante la dictadura cívico-militar.
En el apartado enfocado en la interna de la fuerza política, se remarca la necesidad de que los distintos sectores del FA “se declaren antirracistas e incorporen acciones en esta línea”. En ese sentido, se marcó como prioritario “fortalecer la Comisión Afrodescendiente Antirracista y promover la participación activa de todos los sectores”. Por último, se marcó la necesidad de trabajar la “formación” y la “acción política” con “perspectiva étnico-racial”.
