Este miércoles, la Cámara de Diputados tuvo una extensa jornada de tratamiento en particular del proyecto de ley de Rendición de Cuentas en la Cámara de Diputados. La agenda incluyó el abordaje de los incisos de los ministerios de Defensa Nacional, Interior (MI), Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), Ambiente (MA), Transporte y Obras Públicas (MTOP) e Industria, Energía y Minería (MIEM).
Junto con el del MI, el debate en torno a los artículos del MGAP fue de los más extensos. Uno de los artículos más controversiales de este último inciso fue la creación del Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA) como persona jurídica de derecho público no estatal. Por acuerdo entre el oficialismo y la oposición, la propuesta se desglosó de la rendición para ser tratada en la Comisión de Tenencia Responsable y Bienestar Animal. Allí, se podrá “impulsar una ley que sí dé el respaldo necesario al instituto”, dijo la diputada de Cabildo Abierto Silvana Pérez Bonavita. La cabildante señaló que, tal como está, la propuesta del Poder Ejecutivo es “un desmantelamiento del instituto”. “Al sacarlo de la órbita del ministerio, se dejaba sin el respaldo necesario, y ni que hablar la falta de representación que, en esa figura jurídica, el instituto iba a tener, como por ejemplo, por parte de las protectoras de animales”, señaló.
Rielli cuestionó que no se presentó “un diagnóstico técnico, un estudio presupuestal, un plan de recursos humanos, ni un análisis comparativo que demuestre que la dificultad del instituto sea consecuencia de su naturaleza jurídica”. Por el contrario, sostuvo que “los problemas identificados públicamente son concretos: falta de funcionarios, presupuesto insuficiente, escasa presencia territorial, limitada capacidad inspectiva frente a la gran demanda de denuncias ingresadas, demoras administrativas y carencia de recursos operativos”.
En la misma línea, la diputada nacionalista Fernanda Auersperg afirmó que “el problema central que tiene el instituto está en la falta de recursos” y no en su forma jurídica. “Cambiar la naturaleza jurídica no genera por sí misma más recursos para el instituto, pero sí nos llama la atención que puede significar nuevos costos”, señaló Auersperg y refirió a la designación de “una presidencia remunerada del consejo directivo honorario, que podría llegar a cobrar más de 300.000 pesos”.
En la Rendición de Cuentas también se incluyó un artículo para atender la situación presupuestal del Instituto Nacional de la Leche (Inale), que, a diferencia de otros, se financia con asignaciones presupuestales y no con fondos provenientes de su propio sector. La modificación propuesta establece que, a partir del 1º de enero de 2027, la mitad del impuesto del Valor en Aduana de Exportación que pagan las exportaciones del sector lácteo se destinará al Inale, y la otra mitad al Laboratorio Tecnológico del Uruguay, que actualmente percibe el 100% del tributo. La diputada del FA Sol Maneiro aclaró que “no es un impuesto nuevo, ni sube la carga fiscal, es reasignar plata que el sector ya aporta para que el organismo que promueve y regula la cadena láctea dependa menos de Rentas Generales”. Ese cambio, junto con la actualización de la gobernanza del Inale, “muestra que esta ley también ordena instituciones que hace años necesitaban estos ajustes con datos detrás de cada decisión”, enfatizó.
Aprobaron fideicomiso ferroviario con los votos del FA y de Cabildo
En la discusión sobre el articulado del MTOP, los legisladores de la Coalición Republicana (CR) hicieron hincapié en lo que entienden como falta de inversión vial, y marcaron que en este gobierno habrá 40% menos de inversión que durante el gobierno anterior. “El gobierno le bajó el pulgar a la obra pública”, cuestionó el nacionalista Juan Straneo.
El diputado nacionalista Pablo Abdala señaló que la oposición votaría en contra del artículo que autoriza al Ejecutivo a constituir un “fideicomiso ferroviario” que tendrá como objetivo “la administración y garantía de los bienes fideicomitidos para contratar la elaboración de estudios, consultorías, anteproyectos y proyectos ejecutivos, y la contratación de obras nuevas, obras de rehabilitación y/o mantenimiento mayor o rutinario de infraestructura ferroviaria”. Abdala cuestionó la forma en que está redactado el artículo, porque a su entender habilita la asignación de recursos de forma directa por parte del Ministerio de Economía y Finanzas sin autorización del Parlamento.
Finalmente, el artículo fue aprobado solo con los votos del Frente Amplio y de Cabildo Abierto.
Cambios a la ley de medios pasaron a Comisión de Industria
En la votación de las disposiciones referentes al MIEM, algunos de los artículos que generaron más polémica y que establecían cambios a la ley de medios, finalmente se resolvió que fueran enviados a la Comisión de Industria, Energía y Minería para ser analizados con mayor profundidad. En este caso, Cabildo Abierto sumó sus votos a la Coalición Republicana para votar el pasaje del articulado a comisión.
El diputado colorado Conrado Rodríguez cuestionó en particular el artículo 170, que dispone que las licencias no podrán ser arrendadas o cedidas a un tercero, “bajo cualquier modalidad”. Opinó que esta disposición “lo que hace es ahogar a los medios”, “daña a la concepción republicana y democrática” y también a la libertad de empresa.
Por otra parte, la Coalición y Cabildo votaron en contra, y por lo tanto fue rechazado, de un artículo que disponía cambios al proceso de revocación de licencias. En la ley de medios vigente, se establece que la licencia “podrá ser revocada” por las causas que se nombran; sin embargo, la Rendición de Cuentas establecía que la licencia “caducará de pleno derecho” por las causas enumeradas. Este cambio se sustenta en que en la redacción actual “se plantean dos interpretaciones con respecto a si es obligatorio o no revocar la licencia cuando se cometieron las infracciones muy graves establecidas por el artículo 64”, según explicó en su momento el Ejecutivo. Rodríguez argumentó en sala que en este caso existe “un grado de discrecionalidad o arbitrariedad por parte de la autoridad” que supone “una amenaza velada a los contenidos de los medios”.
La diputada frenteamplista Tatiana Antúnez le contestó que la mirada del FA en este tema apunta a “la desconcentración y democratización de los medios”, dado que el espectro radioeléctrico “es un bien público y, por lo tanto, es un derecho y un patrimonio de todos”.
