La Cámara de Diputados continuó el miércoles con el tratamiento en particular de los 351 artículos del proyecto de ley de Rendición de Cuentas. Durante la primera mitad de la sesión se pusieron en consideración los capítulos correspondientes al Ministerio del Interior (MI) y el Ministerio de Defensa Nacional (MDN), que tuvieron distintos niveles de consenso entre el oficialismo y la oposición.
En relación al MI, el oficialismo destacó la creación de 300 cargos de policía ejecutiva. “Esos 300 cargos tampoco pueden observarse de manera aislada, durante el 2025 y el primer semestre del 2026 ingresaron más de 1.100 policías ejecutivos y actualmente hay más de 760 efectivos en formación”, resaltó el diputado del FA Nicolás Mesa.
Si bien la creación de los cargos se aprobó con votos de toda la bancada, la Coalición Republicana (CR) apuntó contra el gobierno por el incumplimiento, a su entender, de la promesa de incorporar 2.000 efectivos policiales. “La realidad es que los 2.000 policías que iban a ingresar al otro día no ingresaron y tampoco han ingresado los que presentaron en el presupuesto nacional, que eran solo para penitenciaría. Y ahora están sacando recursos de todos lados, bienvenido sea, para ingresar a 300 funcionarios nada más”, señaló la diputada del PN Mercedes Long. El diputado del mismo partido, Pablo Abdala sostuvo que el “incumplimiento del gobierno está absolutamente acreditado y demostrado”: “Prometieron 2.000 vacantes, crearon 1.000 en el presupuesto, pero no para el combate al delito, sino para el sistema penitenciario, y de los otros 1.000, ahora crean 300”. Por su parte, el diputado colorado Conrado Rodríguez planteó diferencias “en cuanto al financiamiento de los cargos”, en tanto “se suprimen una cantidad de vacantes en toda la administración pública y se lo hace al barrer”.
Coalición cuestiona la gobernanza propuesta para el INR
Una de las principales iniciativas contenidas en el inciso del MI es la creación del Instituto Nacional de Reinserción (INR) como un servicio descentralizado. El diputado del FA Mariano Tucci dijo que “no es una reforma cosmética”, sino que es “un cambio de modelo”. “Estamos consolidando el mando civil del sistema penitenciario a través de un directorio de tres personas nombrado por el Poder Ejecutivo, acá se abandona la dirección unipersonal y se incorpora la pluralidad de visiones, mayor respaldo político y mayor capacidad de control democrático”, señaló.
La descentralización de la administración de las cárceles es un objetivo compartido por todos los partidos. No obstante, la CR planteó reparos sobre la propuesta de gobernanza del INR. “Lo que aquí se propone para nosotros no solo no es satisfactorio, sino que además está tan mal resuelto, desde el punto de vista de lo que la Constitución establece, y desde el punto de vista de lo que habíamos convenido también en el sistema político, que si esto no se modifica, en lo que es personal, nosotros probablemente estemos revisando nuestra posición y no estemos en condiciones de acompañar la creación de este instituto”, afirmó Abdala.
El diputado nacionalista dijo que la gobernanza del colegiado, “en verdad, es una gobernanza virtual que esconde la gobernanza real, que sigue siendo la de un solo funcionario que es el que concentrará el poder y el que tendrá, por lo tanto, la capacidad de tomar las decisiones relevantes, que es el presidente del directorio”. El colorado Rodríguez afirmó que no acompañarán el modelo de gobernanza porque es “violatorio de la Constitución”. “Nosotros vamos a acompañar la creación de esta institución, [pero] no vamos a acompañar los artículos referentes a la gobernanza”, sostuvo.
Los artículos correspondientes al INR serán votados al final del tratamiento en particular del proyecto, ya que están previstos artículos sustitutivos. Según informó Abdala a la diaria, el PN elaboró cuatro sustitutivos, que se analizarán a la interna de la CR, para dotar de mayores potestades al directorio del INR. El primero refiere al artículo 86, que define las atribuciones del presidente y del directorio, para trasladar a este último las potestades que el proyecto asigna al presidente. También se asigna al directorio la responsabilidad de designar al director nacional de Medidas Alternativas, atribución que el artículo 96 prevé para el presidente. En la misma línea, los artículos 97 y 98 prevén que el presidente designe a los gerentes de Administración, Intervención Penitenciaria y Seguridad, así como a los directores del Centro de Formación Penitenciaria y de Género y Diversidad. Los sustitutivos proponen que estas designaciones queden a cargo del directorio.
El dato que se maneja es que Cabildo Abierto (CA) acompañaría la propuesta del oficialismo. Abdala sostuvo que, de no contemplarse cambios en la gobernanza, “soy partidario de no votar la creación del INR, porque la gobernanza es el corazón, es la columna vertebral” y “tiene visos de inconstitucionalidad, inclusive es una gobernanza encubierta”.
Otros de los artículos postergados fueron los que prevén partidas para el equipamiento de los 300 cargos, el fortalecimiento de la identificación biométrica de personas, la adquisición de comisarías móviles y la incorporación de herramientas de inteligencia artificial para violencia de género.
Por otro lado, se aprobaron recursos para la adquisición de vehículos destinados a seguridad pública y se crearon las direcciones de Convivencia y Seguridad Ciudadana y de Operaciones Especiales dentro del MI. Con los votos de CA y el FA, se aprobó la creación de cuatro cargos para esas direcciones, financiados mediante una reasignación de recursos de la Jefatura de Policía de Durazno. La CR se opuso a este último artículo, “no por el propósito, sino porque realmente no compartimos la fuente de financiamiento”, dijo el nacionalista Juan Martín Rodríguez.
El cambio de nombre de la cédula por Documento Nacional de Identidad fue rechazado con los votos de toda la oposición.
No habrá recortes en el presupuesto de las Fuerzas Armadas
Más temprano, la cámara baja discutió los artículos del MDN. El diputado del PN Gabriel Gianoli advirtió que en el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo había “un recorte de 132 millones de pesos para el ejercicio de 2027” de la cartera. Afirmó que la reasignación de este dinero, que se preveía destinar a las prioridades definidas por el gobierno, iba en contra del funcionamiento del ministerio y de “la posibilidad de salario para los soldados”. En ese sentido, resaltó que, “al igual que en el presupuesto de 2025, esta rendición no trae un solo peso de aumento para los salarios más deprimidos de los soldados”.
Como se sabe, las reasignaciones desde el MDN quedaron por el camino a partir del acuerdo alcanzado entre el FA y CA. Una de las propuestas que el líder cabildante, Guido Manini Ríos, le presentó por escrito al presidente Yamandú Orsi era justamente el retiro de aquellos artículos que disponían la transferencia de partidas previamente asignadas al funcionamiento de las Fuerzas Armadas.
Al momento de la votación, el diputado del FA Claudio Arbesún confirmó que esto fue aceptado por el oficialismo. Si bien señaló que las reasignaciones representaban solamente un 2% de los gastos de funcionamiento del ministerio, Arbesún apuntó que “esos recursos efectivamente no se van a reasignar”.
Se aprobó una prórroga para completar el ciclo básico
Con respecto al articulado, Gianoli cuestionó la asignación de una partida de 17 millones de pesos para el “personal no sanitario” de la cartera -esto es, “contadores, abogados”-, contenida en el artículo 50 del proyecto. Este fue el único artículo del MDN que no fue acompañado por la oposición en la comisión. “Nos parece innecesario; la Coalición Republicana estará presentando un [artículo] sustitutivo para que realmente ese dinero vaya al personal sanitario”, anunció.
En respuesta, Arbesún explicó que dicha partida “tiene que ver con complementar la compensación que votamos en el presupuesto para el personal médico”. El diputado frenteamplista señaló que, además de las áreas jurídicas, contables y administrativas, “están los soportes informáticos para la telemedicina, para que la atención de la Dirección de Sanidad de las Fuerzas Armadas llegue a todo el territorio nacional”. Este artículo se votará finalmente el jueves, en el cierre del tratamiento del proyecto.
Arbesún también recogió el guante sobre los salarios de la tropa. “Lo más importante que viene en esta Rendición de Cuentas, que impacta directamente en el personal del MDN de menores ingresos, es la creación de la Asignación Única para la Infancia y la Adolescencia”, afirmó; y apuntó que el aumento de esta prestación “va a repercutir en ese 50% de los hijos del personal del Ministerio de Defensa Nacional que viven en hogares de los primeros cinco deciles de ingreso”.
Entre los artículos del MDN aprobados por unanimidad este miércoles figura el que establece una reasignación de 23 millones de pesos para “atender el pago de la compensación al personal afectado a las tareas de custodia de establecimientos penitenciarios”. Este monto saldrá de partidas del Ministerio de Ganadería y el Ministerio de Turismo.
También fue aprobado por unanimidad el artículo que extiende, por el término de tres años y “por única vez”, el plazo previsto en la ley orgánica de las Fuerzas Armadas “para completar el requisito de tener aprobada Educación Media Básica Completa por parte del personal subalterno que ingresó en los años 2019 y 2020”. Desde el gobierno se ha señalado que el incumplimiento de este requisito configura una “causal de no renovación del contrato de servicio militar”; por lo tanto, de no aprobarse la prórroga, entre 2027 y 2028 habría unos 215 militares en situación de infracción que deberían ser dados de baja.
El diputado del FA Carlos Rodríguez dijo que se trata de una medida “excepcional” y destacó que también “se está generando un apoyo tutorial y pedagógico por parte de la ANEP”. Campo, en tanto, dijo que la extensión “tiene que ser por última vez”. “Tenemos que solucionar de una vez por todas que cumplan con ese requisito, pero, además, por el crecimiento personal que implica para una persona poder terminar el ciclo básico, poder empujar hacia adelante”, expresó.
Aditivos del Poder Judicial y la Fiscalía
Respecto a los incisos del Poder Judicial y la Fiscalía General (FGN), tanto la CR como el oficialismo presentaron varios aditivos que se discutirán al final del tratamiento de la rendición. Los artículos puestos a consideración fueron acompañados por todos los partidos. Se desglosó para su tratamiento en la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración el artículo que establece el pasaje de grave a leve de tres ejemplos de incumplimiento por parte de los fiscales.
El colorado Rodríguez señaló que la CR presentó una propuesta para crear dos Juzgados Letrados Especializados en Violencia Basada en Género, Doméstica y Sexual y seis cargos de defensor público itinerante con recursos del Ministerio de Economía y Finanzas. A su vez, planteó la incorporación de artículos sin costo solicitados por el Poder Judicial y la FGN en su mensaje. Uno de los aditivos contemplaría eliminar la participación del Poder Judicial en el proceso de destrucción de drogas incautadas. Otro refiere a la posibilidad de que los “fondos depositados por las fiscalías cuando hay hallazgos, cuando hay requisas en los centros penitenciarios, cuando se encuentra determinado dinero que no tiene un dueño” pasen, “después de un año, a la Fiscalía General de la Nación para que pueda disponer de ellos”, explicó Rodríguez.
Por su parte, el diputado del FA Joaquín Garlo planteó la necesidad de “la inclusión de todos los fiscales en los beneficios de la ley de protección para personal dedicado a la investigación y persecución penal de delitos relacionados con el narcotráfico y al crimen organizado”. Por otra parte, la bancada del FA presentó un aditivo para introducir modificaciones a la Ley Orgánica de la Fiscalía “para habilitar el trabajo remoto conforme a lo que se establezca en la reglamentación” y que “los fiscales den clases tanto en la Escuela Nacional de Policía como en la Escuela de Fiscales”, creada en el presupuesto anterior. Asimismo, se propone facultar a la FGN a pagar horas docentes a los fiscales que dicten cursos en esa escuela.
