Luego de una primera resolución en la que se convocó a “una reunión de trabajo” con las bancadas de ediles y legisladores, el Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio (FA) emitió este lunes una nueva declaración a raíz de las conexiones políticas de la operación Trazador, por la que Pablo Leiva fue condenado por un delito de lavado de activos y un delito de tráfico interno de municiones. Leiva figuraba como asesor del edil nacionalista de Montevideo Gonzalo Gómez, integrante del sector Por la Patria. En el operativo policial también estuvo involucrado el hijo de Pablo Leiva, Lucio, también asesor de Gómez y vicepresidente de la Comisión Departamental de Jóvenes de Montevideo del Partido Nacional (PN). Lucio Leiva fue detenido, pero posteriormente desafectado de la investigación.
“Los vínculos del caso con ámbitos políticos despertaron todas las alarmas de nuestra fuerza política”, señaló el FA en el comunicado. La fuerza política reafirmó su “compromiso absoluto con la defensa de las instituciones públicas y la confiabilidad del sistema político en su conjunto”. En ese marco, consideró “imprescindible” convocar “una reunión urgente de los partidos políticos con representación parlamentaria para impulsar iniciativas como la regulación y transparencia del financiamiento de los partidos políticos”.
Este domingo, luego de reunirse con Gómez, la Comisión de Asuntos Políticos del PN derivó el caso a la Comisión de Ética y, al mismo tiempo, aceptó la renuncia de Leiva como integrante de la Comisión Departamental de Jóvenes de Montevideo. Además, Gómez resolvió desvincularlo como su asesor y solicitó licencia en el Honorable Directorio del PN –que integra en representación de la juventud nacionalista– “hasta aclarar todas las responsabilidades en estos episodios”.
Los hechos también salpicaron al líder de Por la Patria, el exsenador Jorge Gandini, actual director por la oposición de la Administración Nacional de Puertos, luego de que trascendiera que la Policía está investigando el eventual uso en el esquema de lavado de una sucursal de cobranza que está a nombre de su esposa, Laura Scalabrino Muga.
El FA consideró que las decisiones adoptadas este domingo por el PN “avanzan en la dirección adecuada”. No obstante, la fuerza política solicitó a las autoridades del PN “una explicación clara y elocuente sobre el alcance de los hechos que tienen vinculación con un integrante de su directorio”, en referencia a Gómez. De igual forma, instó a que la bancada nacionalista en la Junta Departamental de Montevideo “brinde explicaciones al cuerpo, despejando dudas sobre los hechos”.
“Actuamos con la máxima responsabilidad que la ciudadanía nos exige, analizando en profundidad el alcance del hecho concreto, exigiendo transparencia y, sobre todo, impulsando las reformas de fondo que impidan que el crimen organizado condicione la política uruguaya”, manifestó el FA. “Es fundamental que las investigaciones del sistema de justicia y los mecanismos de contralor posibiliten llegar al fondo del asunto con la finalidad de evitar la degradación de la calidad democrática”, se sostiene en la declaración.
A través de X, el senador nacionalista Javier García cuestionó la declaración del FA, que “no tiene autoridad política ni ética para hacer emplazamientos al Partido Nacional”. “Bastante tuvimos con su vice [Raúl] Sendic y con la camioneta Hyundai del presidente como para andar dando clases. Y menos para poner nota a los demás. Asumir la gravedad de la amenaza narco requiere unir a las instituciones y no dividir en base de una pretendida superioridad moral”, escribió García.
