En Buenos Aires, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la semana pasada la libertad condicional para el represor Eduardo Ruffo, ex agente civil de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). Ruffo fue condenado por primera vez, en 1992, a diez años de prisión por la apropiación de Carla Rutila Artés, hija de Enrique Lucas, de nacionalidad uruguaya, y de Graciela Rutila Artés, de nacionalidad argentina.
Luego, en 2011, Ruffo fue condenado a 25 años por los delitos de privación ilegal de la libertad, imposición de tormentos y homicidio calificado, ocurridos entre el 11 de mayo y el 3 de noviembre de 1976. Tres años después, recibió una condena de 14 años por su participación en el plan sistemático de apropiación de menores, causa en la que fue vinculado –pero sin sentencia– a los casos de Mariana Zaffaroni Islas, Macarena Gelman y Simón Gatti Méndez. Finalmente, en 2020, fue condenado a prisión perpetua en el marco del quinto juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención Automotores Orletti.
Según informó el medio argentino Litigio, con dos votos de sus tres integrantes, el tribunal rechazó el planteo de la Fiscalía contra la libertad condicional de Ruffo y confirmó la resolución que había sido dictada el 4 de mayo por el Tribunal Oral Federal 1 en ese sentido. Para conceder el beneficio, el juez José Michilini del Tribunal Oral Federal 1 invocó un criterio que fue utilizado en la liberación del excomisario Eduardo Kalinec –condenado por torturas y homicidios cometidos en los centros clandestinos Atlético, Banco y Olimpo–, según el cual el régimen de libertad condicional “es una consecuencia del sistema de progresividad de la pena y no puede negarse únicamente en función de la gravedad de los delitos cuando no se verifican riesgos actuales que justifiquen mantener un régimen más restrictivo”, consignó el medio citado.
En el marco de la libertad condicional, a Ruffo se le impuso como condiciones fijar residencia en la misma dirección, no salir del país, no tomar contacto con las víctimas ni con sus familiares directos y abstenerse de hacer manifestaciones públicas que afecten el sistema democrático y el respeto por los derechos humanos.
En mayo, la organización Abuelas de Plaza de Mayo lamentó que el represor “haya conseguido la libertad condicional, sin el más mínimo arrepentimiento de sus actos y sin aportar información acerca del destino de las personas que secuestró, ocultó, torturó e hizo desaparecer”.
En el juicio Orletti V, Ruffo fue condenado como coautor del homicidio calificado de Carlos Híber Santucho y por la privación ilegal de la libertad agravada y la “imposición de tormentos” en perjuicio de los uruguayos Orlinda Brenda Falero Ferrari y José Luis Muñoz Barbachán (integrantes del Movimiento de Liberación Nacional - Tupamaros) y de las argentinas Judith Jacubovich y Rosa María Zlachevsky. También fue condenado por la “sustracción, retención y ocultamiento” de los hermanos uruguayos Anatole Boris y Victoria Eva Julien Grisonas, ambos menores de 10 años.
Desde hace más de cinco años, Ruffo gozaba de prisión domiciliaria. En 2021, comenzó a solicitar la libertad condicional, la cual “no había prosperado porque en las entrevistas para determinar si le correspondía el beneficio seguía justificando sus actos”, entre ellos, la apropiación de Carla Rutila Artés, “que también denunció que fue sometida a malos tratos y abusos mientras estuvo con Ruffo”, señaló Abuelas de Plaza de Mayo.
El vínculo con Uruguay
Carla Rutila Artés nació el 28 de junio de 1975 en Lima, Perú. Desde allí, poco después, sus padres se mudaron a Bolivia, donde integraron el Ejército de Liberación Nacional. Enrique Lucas fue asesinado y desaparecido, mientras que Graciela Rutila Artés y su hija Carla fueron secuestradas en abril de 1976, en la ciudad boliviana de Oruro. Posteriormente ambas fueron entregadas a las fuerzas argentinas en el marco del Plan Cóndor y trasladadas a Automotores Orletti. Ruffo inscribió a Carla como hija biológica de su matrimonio con Amanda Beatriz Cordero. La menor permaneció apropiada hasta 1985, cuando recuperó su identidad y se reencontró con su abuela materna, Matilde Artés Company.
En diálogo con la diaria, Kiara Lucas, integrante de la asociación Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos y sobrina de Enrique Lucas, señaló que la libertad condicional de Ruffo se otorgó pese a que “las víctimas por unanimidad dicen que no es una persona que esté apta para volver a la vida en sociedad”. “Al día de hoy, él sigue diciendo que le ‘salvó la vida’ a Carla, cuando él la secuestró cuando tenía un año y medio, participó en el secuestro de su madre, que no ha dicho dónde está, ni ha dicho dónde están las personas por las cuales se lo ha juzgado en los juicios de Orletti, y cometió abusos sexuales hacia Carla, casi inmediatamente desde que la apropia hasta que es recuperada a los 12 años”, sostuvo Lucas.
Lucas recordó que Automotores Orletti fue un “centro neurálgico para el Plan Cóndor, para la coordinación no solo entre Uruguay y Argentina, ya que había una oficina específica ahí para los represores uruguayos, para que pudieran actuar, sino también para el intercambio de prisioneros políticos de otros países”.
La militante de Madres y Familiares advirtió que, en el marco del gobierno negacionista del terrorismo de Estado de Javier Milei, “se ha liberado a muchísimos de los represores con cargos de lesa humanidad” en Argentina, mientras que “en Chile se está intentando hacer lo mismo”.
En el caso de Uruguay, consideró que esa “ola de negacionismo muy fuerte” se refleja en “la cantidad de golpes que recibe” la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad, al tiempo que el Estado uruguayo aún debe cumplir con obligaciones dispuestas en las sentencias internacionales.