La Cámara de Diputados aprobó el martes el acceso de la mutualista Casmu al Fondo de Garantía para la Reestructuración de Pasivos de las Instituciones de Asistencia Médica Colectiva, a poco más de un mes de la aprobación de la intervención por dos años. El proyecto fue aprobado por unanimidad horas antes en la Comisión de Salud integrada con la de Hacienda, de donde salió con cambios respecto de lo remitido por el Senado en función de la negociación entre oficialismo y oposición. En el plenario recibió los votos afirmativos de todos los partidos, menos de Identidad Soberana.
El acceso al fondo será por la suma de hasta 668.289.347 unidades indexadas (UI) –unos 110 millones de dólares–, equivalentes al 90% de lo solicitado originalmente, que rondaba los 120 millones de dólares. El 10% restante quedó condicionado a un “plan de capitalización por parte de los socios capitalizadores, con un aporte de capital a la institución equivalente al 8% [aproximadamente 10 millones de dólares] del monto garantizado, en un plazo máximo de hasta 48 meses con destino a inversiones en infraestructura o tecnología”, establece el sustitutivo del artículo 1 del proyecto aprobado en comisión. El monto podrá ampliarse hasta un total de 742.543.719 UI más intereses, “sujeto a la aprobación previa del MSP [Ministerio de Salud Pública]” del plan, el cual “se deberá contemplar en función del ingreso individual”.
El Frente Amplio (FA) no consiguió mantener el artículo 3 del proyecto y, finalmente, fue desglosado para su tratamiento en la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración. El artículo permitía al Poder Ejecutivo objetar, durante todo el período de vigencia de la garantía, “la designación de los integrantes de los Consejos Directivos u órganos de dirección, de la Gerencia General, del director técnico, del gerente administrativo y financiero y de quienes ejerzan funciones ejecutivas equivalentes”. Además, establecía que esas autoridades debían “poseer idoneidad y experiencia adecuadas para el ejercicio de sus funciones, reunir condiciones de honorabilidad e integridad, y no mantener conflictos de interés que resulten incompatibles con el adecuado ejercicio de sus funciones”.
Por otro lado, a impulso del Partido Colorado (PC), se estableció que el MSP y el Ministerio de Economía y Finanzas “deberán remitir a la Asamblea General, con periodicidad trimestral, un informe sobre el estado de avance del plan de reestructuración aprobado en el marco del presente artículo y sobre la situación económico-financiera” de la institución. El informe “deberá dar cuenta, como mínimo, del grado de cumplimiento de las metas y plazos previstos en el plan de reestructuración vigente, de la evolución del pasivo garantizado y de la utilización del Fondo de Garantía, de la situación patrimonial y de resultados de la institución, y de toda modificación relevante introducida al plan por el Poder Ejecutivo”.
“Un modelo de contralor responsable que protege la salud y el dinero de la gente”
“Creemos que lo que vamos a votar hoy es un mejor proyecto del que vino del Poder Ejecutivo”, dijo el diputado nacionalista José Luis Satdjian. El diputado consideró que el condicionamiento de una parte del fideicomiso al proyecto de capitalización “es una señal muy fuerte”, tanto para otras empresas de la salud como para empresas de fuera del sector. “Nunca lo que aporten los dueños del Casmu va a asemejarse a 122 millones de dólares, que es lo que hoy estamos votando, pero es un aporte significativo”, valoró.
El diputado blanco Pablo Abdala sostuvo que la incorporación de los médicos capitalizadores “como parte de la solución y no solo del problema” permite “limar las asperezas más irritantes que todo esto tiene, o que eventualmente puede tener, frente a la población”. “Porque, en cualquier empresa, los capitalizadores capitalizan y no capitalizan solo a la hora de integrar el capital inicial y de comenzar un emprendimiento; lo hacen en todas las circunstancias y, particularmente, en aquellas donde hay situaciones de dificultades, riesgo, descapitalización o pérdida”, señaló.
El frenteamplista Luis Gallo destacó que “el sistema político dio muestra de que se puede y debe trabajar en la búsqueda de soluciones que benefician a la gente y al sistema de salud en general”. En ese sentido, valoró que el acceso a la garantía “con sus exigentes planes de reestructuración”, acompañado “de un sistema de involucramiento de los socios capitalizadores” y el “estricto mecanismo de control y gobernanza”, consolidan “un modelo de contralor responsable que protege la salud y el dinero de la gente”.
El diputado del FA Federico Preve señaló que “un elemento central” en la ampliación del acceso al fondo es la exigencia de un plan de reestructura, una condición que no estuvo en “todos los accesos a Fondo de Garantía anteriores”. Asimismo, el segundo artículo, a partir de una incorporación al artículo 1 de la Ley 18.439, establece que “los planes deberán incorporar programas de reestructuración de la situación económico-financiera, de los aspectos administrativos y funcionales y de la gobernanza de las instituciones, de acuerdo con lo que establezca la reglamentación”. Para el diputado del FA Sebastián Valdomir, es una “innovación de aquí para adelante”, ya que “dispone a texto expreso que toda entidad que deba recurrir al Fondo de Garantía debe presentar y hacer una evaluación de su plan de reestructura”.
Por otro lado, Gallo reconoció que “hubiera sido muy bueno” que se mantuviera el artículo 3, “dada la necesidad de obtener un control sobre la idoneidad técnica, la inexistencia de conflicto de interés, la carencia de antecedentes penales o no haber sido calificado como responsable de la insolvencia de una persona jurídica”. Abdala insistió en su intervención en que el artículo “tiene vicios de inconstitucionalidad evidentes” y destacó que “el oficialismo se haya dejado convencer en cuanto a que no estaban dadas las condiciones para avanzar” en su aprobación.
La diputada del PC Nibia Reisch llamó a trabajar desde el Parlamento para “acabar con las roscas de la salud”. “Tenemos que ser conscientes de que, como en otros ámbitos, unos pocos se llevan la plata de muchos de nosotros, en detrimento de lo que es la calidad de la asistencia”, señaló. En ese sentido, sostuvo que, al hablar de una garantía estatal, se debe recordar que “el Estado no tiene dinero propio; los recursos públicos provienen del esfuerzo de todos los ciudadanos de nuestro país”. Por lo tanto, “cuando el Estado compromete una garantía de esta magnitud, del orden de los 120 millones de dólares, estamos comprometiendo recursos públicos en un país donde decenas y decenas de miles de adultos mayores viven con ingresos apenas del orden de los 20.000 pesos, donde hay más de 512.000 trabajadores uruguayos que ganan por debajo de los 30.000 pesos”.
Por su parte, el diputado del Partido Independiente Gerardo Sotelo consideró que “sería un grave error votarlo [el proyecto], resolver la emergencia y seguir adelante como si estuviéramos simplemente ante la crisis de una mutualista”, cuando la situación del Casmu “nos obliga a preguntarnos si no hay algo en el diseño del sistema de salud que permite que una institución privada pueda acumular problemas durante tantos años y que, cuando esos problemas alcanzan determinada magnitud, sea el conjunto de la sociedad el que deba evitar su caída”.
“No le estamos, de alguna manera, corriendo el cuerpo a esta responsabilidad”, dijo Valdomir, quien reconoció que “hay que ir mejorando las cosas”, y en ese sentido, “está en el ánimo de las jerarquías del Poder Ejecutivo” tratar de “ir adecuando la gobernanza del Sistema Nacional Integrado de Salud”.
