“Estamos frente a un fenómeno real que merece atención, prevención y respuesta”, afirmó el diputado nacionalista Pedro Jisdonian, autor del proyecto que establece medidas para la “erradicación del odio, racismo, xenofobia e intolerancia en el deporte”, que este miércoles fue aprobado por la Cámara de Diputados y pasó a consideración del Senado. La iniciativa tuvo los votos conformes de todos los partidos, con excepción de Identidad Soberana.
Además del racismo y la xenofobia, el proyecto sanciona las conductas discriminatorias por razones “de orientación o identidad sexual, expresión de género o características sexuales”, así como “por razón de discapacidad intelectual o física”. También apunta contra la “apología pública, la negación o la trivialización flagrante de los crímenes de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra”.
Las acciones discriminatorias incluyen tanto la formulación de declaraciones e insultos que tengan este fin como la realización de gestos o conductas discriminatorias o de acoso que tengan “como objetivo o consecuencia atentar” contra la “dignidad” de las personas “y crear un entorno intimidatorio, humillante u ofensivo”.
La normativa aplica a “las competiciones, las pruebas o los espectáculos deportivos que se desarrollen en todo el territorio nacional”, e instruye a los organizadores de competiciones y espectáculos deportivos a tomar medidas para evitar estos actos de odio, tanto en materia de prevención como para promover “el cese inmediato de las actuaciones prohibidas”, así como “colaborar activamente en la localización e identificación de los infractores y autores de las conductas prohibidas”. El proyecto habilita al árbitro o juez de un evento deportivo a suspender el encuentro cuando se produzcan “incidentes relacionados con las conductas definidas”.
El proyecto también prohíbe a los asistentes a espectáculos deportivos “introducir, exhibir o elaborar pancartas, banderas, símbolos u otras señales con mensajes que inciten al odio o en cuya virtud una persona o grupo de ellas sea amenazada, insultada o vejada por razón de su origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad, sexo, orientación o identidad sexual, expresión de género o características sexuales”.
Para quienes no respeten la normativa, se prevén sanciones económicas que serán establecidas por la reglamentación, así como “desarrollar trabajos sociales en el ámbito deportivo y la prohibición del acceso a cualquier recinto deportivo por un período comprendido entre un mes y cinco años”. Otra sanción prevista es la publicación de una rectificación pública en el caso de las declaraciones.
Además, la iniciativa convoca a la Secretaría Nacional del Deporte a instrumentar medidas de apoyo a la convivencia y la integración.
En su fundamentación, Jisdonian sostuvo que “el deporte es mucho más que una competencia, es una de las expresiones sociales más importantes de nuestro tiempo, es encuentro, convivencia, es formación y educación”, y al mismo tiempo se trata de “una de las herramientas más poderosas que tenemos para transmitir valores a las nuevas generaciones”.
En la exposición de motivos de la iniciativa se señala que el racismo y la xenofobia “son violaciones directas de los principios de libertad, democracia, respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, así como del Estado de derecho”, y que “para garantizar la convivencia en una sociedad democrática como la uruguaya, integrada desde sus inicios por personas de orígenes distintos y a la que seguirán incorporándose personas de todas las procedencias, es preciso luchar contra toda manifestación de discriminación por el origen racial o étnico de las personas”.
