El Poder Ejecutivo prevé sacar de la órbita del Ministerio de Defensa Nacional (MDN) el apartamento donde vivió la maestra desaparecida Elena Quinteros. El inmueble fue entregado por el MDN en comodato a la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) el pasado diciembre, junto con la Cárcel del Pueblo. Sin embargo, su uso quedó limitado “a los fines que la Constitución y la Ley le asignan” a la ANEP, lo que imposibilitaba instalar allí un sitio de memoria. Desde entonces, la asociación civil Maestra Elena Quinteros, constituida con el fin de gestionar el sitio de memoria, ha reclamado que se rectifique el destino del apartamento.
Según supo la diaria de fuentes de Presidencia, la intención es “desafectar al MDN del uso del inmueble”, para lo cual la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia –a cargo de Iliana da Silva– está trabajando con el Ministerio de Educación y Cultura (MEC), el MDN y la asociación civil. Entrevistado en la diaria Radio, Marcos Carámbula, exintendente de Canelones e integrante de la asociación, señaló que se prevé rescindir el comodato a la ANEP y que el apartamento pase del MDN al MEC. De cara al paso posterior, mencionó que han conversado con el ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, y “hay un compromiso de que va a pasar a la asociación Elena Quinteros”.
En diálogo con la diaria, Raúl Olivera, integrante del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) –en el que militaba Quinteros– y de la asociación civil Maestra Elena Quinteros, sostuvo que “la forma más conveniente” sería la entrega en comodato a la asociación, ya que “no hay una discusión de reclamo de patrimonio”. Deberá hacerse “en el marco de la ley de sitios de memoria y de las obligaciones que tiene el Estado con las políticas de memoria, que no son las que aplicó el Ministerio de Defensa”, consideró Olivera.
Olivera recordó que el PVP reclama desde hace ocho años que el apartamento deje de estar en manos de las Fuerzas Armadas, que, según se constató entonces, lo utilizaban como vivienda de servicio para efectivos militares. Con la materialización del pasaje al MEC, consideró que se cumplirá con tres aspectos: con la resolución de la Comisión Nacional Honoraria de Sitios de Memoria, que en julio resolvió declarar sitio de memoria el apartamento; con “las obligaciones internacionales que tiene Uruguay con relación a las políticas de memoria, y, en tercer lugar, con la decisión de 1985 que “dejó nulas las apropiaciones realizadas por las Fuerzas Armadas y que tenía la obligación de restituirlo a su propietario”.
El apartamento, ubicado en Ramón Masini 3044, fue comprado en febrero de 1976, con recursos del PVP, por José Félix Díaz, entonces esposo de Quinteros, bajo una identidad argentina falsa, ya que ambos estaban requeridos por las Fuerzas Armadas. Allí se realizaban operaciones de propaganda contra la dictadura y también vivió otra integrante del PVP, la maestra Alma Rodríguez Vignart. La resolución de la Comisión Nacional Honoraria de Sitios de Memoria da cuenta de que el inmueble “fue confiscado por la División de Ejército 1, repartición del Ejército de la que dependía el OCOA [Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas], autor de dichas aprehensiones ilegítimas”. Y, pese a que “la mencionada confiscación fue declarada nula y sin valor durante el primer gobierno constitucional posterior a la dictadura”, la propiedad no fue devuelta a sus compradores.
Respecto de los planes para el sitio de memoria, una vez se resuelva la gestión por parte de la asociación, Olivera señaló que una de las ideas es que la Comisión Honoraria y la Red de Sitios de Memoria, que no tienen un espacio donde funcionar, puedan hacerlo allí. Al mismo tiempo, hay un “pedido del archivo del Museo Pedagógico, donde está el archivo de [la maestra y pedagoga] Reina Reyes y de gente vinculada a la educación, que tampoco tienen un lugar donde tenerlo”.
Por otro lado, la asociación tiene “algunos proyectos que vamos a tener que discutir y acordar en buenos términos con el resto de los copropietarios”. Olivera explicó que se trata de “un sitio de memoria muy particular”, ya que está enclavado dentro de un edificio de apartamentos. Por eso, “hay que tratarlo con cierta delicadeza y con ciertas condiciones que no alteren la situación de quienes viven ahí”, señaló.
“No es un lugar al que se va a entrar a cualquier momento, que va a alterar la vida de los vecinos, sino que va a ser una base; parecida a la base de operaciones que tenía Elena Quinteros ahí, cuando hacía actividades contra la dictadura. Nosotros pretendemos hacer eso, porque un sitio de memoria no solamente tiene que ver con la memoria del pasado, también tiene que ver con la defensa de los derechos humanos actuales”, sostuvo Olivera.
