La Comisión Nacional Honoraria de Sitios de Memoria resolvió este jueves declarar como sitio de memoria el apartamento donde vivió, hasta su detención el 26 de junio de 1976, la maestra Elena Quinteros, desaparecida durante la dictadura cívico-militar. Desde diciembre del año pasado, el inmueble se encuentra en comodato de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), tras ser cedido por el Ministerio de Defensa Nacional (MDN). La asociación civil Maestra Elena Quinteros, conformada con el propósito de gestionar el sitio de memoria, reclamó hace un mes al Poder Ejecutivo rectificar el destino del apartamento.
El contrato de comodato estableció que el uso del inmueble sería “para el cumplimiento de los fines que la Constitución y la ley” le asignan a la ANEP, que no puede cederlo o “arrendar los bienes”. En otras palabras, esto impide instalar allí un sitio de memoria. El destino que la ANEP ha pretendido darle al apartamento es el de una residencia para jóvenes docentes del interior del país.
El inmueble, ubicado en Ramón Masini 3044, fue comprado en febrero de 1976 con recursos del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) –donde militaba Quinteros– por José Félix Díaz, entonces esposo de la maestra, bajo una identidad argentina falsa, ya que ambos estaban requeridos por las Fuerzas Armadas. Allí se realizaban operaciones de propaganda contra la dictadura y también vivió otra integrante del PVP, la maestra Alma Rodríguez Vignart, quien fue detenida en el marco del mismo operativo que Quinteros –un día antes– el 25 de junio de 1976, en otro domicilio del PVP, en la calle Navarra 1938.
La resolución de la Comisión Nacional Honoraria de Sitios de Memoria, a la que accedió la diaria, da cuenta de que el inmueble “fue confiscado por la División de Ejército 1, repartición del Ejército de la que dependía el OCOA [Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas]”. Se señala que la “propiedad debió ser devuelta a sus compradores”, luego de que la norma de la dictadura que habilitó la incautación fuera declarada nula. La comisión apuntó que, si bien la ley de declaración y creación de sitios de memoria no habilita a “resolver situaciones respecto a la posesión del citado inmueble, no puede dejar de señalar que la apropiación de bienes formó parte de una política sistemática de despojo ilegítimo implementada por el terrorismo de Estado contra organizaciones y militantes perseguidos por motivos políticos”.
Sin haber leído la resolución, Raúl Olivera, integrante del PVP y de la asociación civil Maestra Elena Quinteros, dijo a la diaria que el MDN y la ANEP han ignorado “las obligaciones legales existentes” y “ahora el tema es si se desacataran ante la ley de sitios de memoria”.
En el marco de la declaración, la comisión acordó notificar de la resolución a las organizaciones solicitantes –a la asociación civil y la Red Nacional de Sitios de Memoria–, así como también al MDN, la ANEP y la asamblea de copropietarios del edificio.
Las propuestas
En la solicitud presentada a la comisión, a la que también accedió la diaria, los peticionantes señalaron que se “está analizando una propuesta arquitectónica que permitiría ‘abrir’ el departamento al público de una manera creativa y con las limitaciones propias del inmueble al encontrarse en un edificio privado”. La propuesta, aclaran, “está sujeta” tanto a los estudios técnicos correspondientes como a “la determinación que finalmente se tome por parte del Poder Ejecutivo respecto al destino de la mencionada propiedad”.
Al mismo tiempo, “se ha propuesto a algunas organizaciones sociales vinculadas a la defensa de los derechos humanos la posibilidad de compartir el uso del espacio”, una iniciativa que también está “supeditada a la decisión que adopte el Poder Ejecutivo”.
Se señala que la constitución de la asociación civil Maestra Elena Quinteros “posibilitará que desde allí se puedan desarrollar actividades educativas, culturales, de formación y documentación; realizar investigaciones, talleres y publicaciones; celebrar convenios; gestionar programas y fondos nacionales o internacionales; y realizar toda acción coherente con sus fines de promover, difundir y defender los derechos humanos, la memoria histórica, la justicia social, la igualdad de género y la vigencia del Estado de derecho y la democracia”.