Hace casi dos meses, la Asociación Civil Maestra Elena Quinteros se reunió con el presidente de la República, Yamandú Orsi, para plantearle que el apartamento donde vivió la maestra desaparecida durante la dictadura cívico-militar –que en octubre el Ministerio de Defensa Nacional (MDN) entregó en comodato a la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP)– se convierta en un sitio de memoria. La asociación, que se retiró de aquel encuentro con la idea de que el proyecto podía “llevarse adelante” porque había recibido una “muy buena recepción” de Orsi, expresó este martes, mediante un comunicado, “su profunda preocupación ante la falta de rectificación de las decisiones adoptadas” por el MDN y la ANEP, las cuales, según entiende, “constituyen un claro retroceso en las políticas públicas de memoria consagradas en la Ley 19.641 [de declaración y creación de sitios de memoria]”.
El Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), en el que militó Quinteros, llevó adelante durante 2024 una campaña para solicitar que el apartamento de Quinteros dejara definitivamente de estar en manos de las Fuerzas Armadas, que lo utilizó durante años como vivienda de servicio para efectivos militares. Con la entrega del inmueble a la ANEP, el pasado 10 de diciembre, 170 personas constituyeron la asociación con el fin de gestionar el sitio de memoria y desarrollar actividades para “promover, difundir y defender los derechos humanos, la memoria histórica, la justicia social, la igualdad de género y la vigencia del Estado de Derecho y la democracia”.
Sin embargo, el comodato estableció que el uso del inmueble sería “para el cumplimiento de los fines que la Constitución y la ley” le asignan a la ANEP, y le impidió ceder el contrato o “arrendar los bienes”. Es decir, no podría instalarse allí un sitio de memoria. El destino que la ANEP ha pretendido darle al apartamento es el de una residencia para jóvenes docentes del interior del país. Para Raúl Olivera, coordinador ejecutivo del Observatorio Luz Ibarburu e integrante del PVP y de la asociación, “la resolución que tomaron el Ministerio de Defensa y la ANEP fue en contra de la existencia de la Asociación Civil Maestra Elena Quinteros”.
En función del artículo 5 del comodato, que dispone que “podrá rescindirse antes del vencimiento del plazo acordado por las partes de común acuerdo”, la solución que la asociación les planteó a las autoridades es que se rescinda la parte relativa al apartamento de Quinteros –ya que el comodato también incluye la “cárcel del pueblo”– y pase a la órbita del Ministerio de Educación y Cultura (MEC). “El MEC lo que debería hacer es un convenio con una organización civil, en este caso, la Asociación Civil Maestra Elena Quinteros, que tiene como objetivo de funcionamiento gestionar el sitio de memoria de Masini 3044”, consideró Olivera.
Luego de ser recibidos por Orsi, la asociación se reunió con la ministra de Defensa, Sandra Lazo, y también le comunicó la situación al ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, quien lo “estaba conversando con las autoridades de la enseñanza”, indicó Olivera. Pero “lo que existe hasta el día de hoy es un silencio sepulcral por parte del Ministerio de Defensa, de la ANEP y, en definitiva, del gobierno”, sostuvo.
Olivera consideró que el inmueble “cumple con todas las condiciones” para ser un sitio de memoria, “porque fue un lugar de resistencia” del PVP durante la última dictadura cívico-militar, uno de los requisitos que establece la Ley 19.641 para considerar sitio de memoria a un espacio. Además, señaló que no supone un impedimento que esté en un edificio de apartamentos, ya que no se pretende afectar la convivencia del lugar. Una de las propuestas es que puedan alojarse allí archivos de la memoria o que funcione la Red Nacional de Sitios de Memoria.
La asociación esperaba contar con una definición del gobierno para este viernes 26 de junio, cuando se cumplirán 50 años del primer secuestro de Quinteros en ese domicilio. En el marco de ese aniversario, la asociación lamentó “la ausencia de señales claras que pongan fin a la apropiación ilegítima de dicho inmueble por parte de las Fuerzas Armadas”, la cual consideran “incompatible con las políticas de memoria, verdad, justicia y reparación simbólica destinadas a restituir la dignidad de las víctimas del terrorismo de Estado a las que está obligado el Estado uruguayo”.
Este viernes se prevé que la Comisión Nacional Honoraria de Sitios de Memoria, que en noviembre de 2024 resolvió señalizar el domicilio, apruebe la declaración de sitio de memoria. “Y, sin embargo, el sitio de memoria no existe, porque no hay una respuesta del gobierno”, señaló Olivera.