Sindicatos y organizaciones estudiantiles y ambientales iniciarán formalmente el lunes 18 de diciembre la campaña de recolección de 750.000 firmas para habilitar un referéndum que permita derogar la ley de riego, aprobada en octubre por el Parlamento y aún pendiente de reglamentación. Impulsan la convocatoria la Federación de Funcionarios de OSE (FFOSE), la Mesa Sindical Coordinadora de Entes, la Asociación de Empleados y Obreros Municipales de Montevideo, la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU), la Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida y Redes-Amigos de la Tierra, aunque en los próximos días pueden sumarse más organizaciones y sindicatos. “La idea es invitar a todos los que se hayan expresado públicamente contra la ley”, explicó a la diaria Gustavo Ricci, presidente de FFOSE.
La semana pasada, la FFOSE planteó en la Mesa Representativa del PIT-CNT la posibilidad de que la central sindical se sume a la campaña. El tema se está discutiendo en todos los gremios, y la semana próxima se definirá si todo el PIT-CNT impulsa la recolección de firmas. En el encuentro de la semana pasada, se evaluó la conveniencia de esta opción en términos estratégicos. Algunos dirigentes sindicales valoraron que es “una meta complicada conseguir esa cantidad de firmas” antes del 27 de octubre de 2018, dijo Ricci. “La discusión que mantuvimos era si es factible o no conseguir 750.000 firmas, pero no sobre el fondo de la cuestión. Yo creo que a medida que se instale el tema la posición va a ser favorable [a impulsar el referéndum]”, agregó.
El 21 de noviembre, un grupo de legisladores frenteamplistas encabezado por la vicepresidenta Lucía Topolansky se reunió con representantes del secretariado ejecutivo del PIT-CNT y de la FFOSE. En el encuentro, el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, propuso crear un grupo de trabajo entre legisladores oficialistas y sindicalistas para intercambiar visiones sobre la ley de riego. El 24 de noviembre, la FFOSE decidió en asamblea participar en ese grupo y así se lo transmitió a Pereira. “Pero dejamos en claro que nosotros seguíamos con la iniciativa del referéndum, que eso no era negociable. No nos negamos a hablar con nadie, pero no es negociable lo del referéndum”, remarcó Ricci. Hasta ahora, el grupo no se ha reunido.
Por su parte, la FEUU emitió el 14 de noviembre un comunicado en rechazo a la ley de riego. Considera que la norma es inconstitucional porque viola el artículo 47 de la Constitución, incorporado tras la reforma del agua de 2004. “Con esta reforma de la ley de riego se impulsa y dinamiza la privatización del agua, alentando la inversión privada mediante exoneraciones para crear mercados de aguas a partir del represamiento y embalse”, advierten los estudiantes. Agregan que se trata de una medida “ecológicamente irresponsable” que fomenta las floraciones de cianobacterias. Sostienen que no hay información como para definir los caudales mínimos a preservar para otros usos del agua, que la posición de los científicos de la Universidad de la República fue “desoída” y que en algunos casos se les respondió “de muy irrespetuoso modo desde actores del gobierno”. Concluyen que la ley está “al servicio de los grandes actores del agro [e inversores externos convidados] que podrán acaparar y comercializar las aguas”.
Apoyos políticos
La campaña para impulsar un referéndum contra la ley de riego tendrá también respaldo político-partidario. El diputado Eduardo Rubio, de Unidad Popular (UP), dijo a la diaria que no hay una resolución formal del partido, pero remarcó que “sin dudas” la UP “va a acompañar todo esfuerzo para derogar esa ley”. “Estamos en contra, y por eso vamos a respaldar la iniciativa” del referéndum, remarcó Rubio.
Además, este fin de semana el Espacio 567, integrado por el Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), el grupo Arerunguá de Salto e independientes, resolvió apoyar la convocatoria al referéndum. En su declaración, el espacio plantea que es “favorable a la participación de la sociedad en las decisiones” y que este referéndum contra la ley de riego es “un proceso más democrático de decisión”. “Asimismo esta ley tiene la particularidad de tener relación con el plebiscito del agua, que contó con el respaldo de una amplia mayoría de la población en 2004, cuando se aprobó que el agua es un derecho humano y un bien público”, señala la declaración, y agrega que el Espacio 567 “definió seguir profundizando en el estudio de la ley, para lograr una definición sobre el tema de fondo debidamente fundamentada y acordada colectivamente”. En la Cámara de Diputados, el PVP argumentó en contra de la ley, pero votó a favor.
Jannet Suárez, del Espacio 567 en Canelones, dijo a la diaria que en el encuentro del fin de semana quedó de manifiesto “el desconocimiento casi en forma masiva de nuestra militancia” respecto de la ley, por lo que se acordó la necesidad de profundizar su estudio. Además, se estuvo comentando el reciente pronunciamiento de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH), que advirtió que la aplicación de la nueva ley de riego “podría generar vulneraciones en derechos humanos fundamentales, como son el derecho a un ambiente sano, al acceso al agua potable y a la participación social”. En su informe, la INDDHH advierte que “las precauciones ambientales para el otorgamiento de concesiones para el uso de agua con fines de riego resultan insuficientemente definidas en la nueva ley, dada la magnitud de los proyectos que se pretenden impulsar”, y que “es necesario asegurar un sistema de evaluación ambiental y de monitoreo en base al principio precautorio”. “En la medida en que el agua utilizada para riego se trata de agua dulce, al igual que el agua para consumo humano, si no se realizan restricciones en cuanto a reservas de agua potable y protección de los recursos hídricos, se podría estar incumpliendo a mediano plazo el carácter prioritario del abastecimiento de agua potable a la población, establecido por la normativa internacional y plasmado en el Art. 47 de la Constitución de la República”, advierte la institución.
En tanto, el sector frenteamplista Casa Grande no tiene todavía una postura, pero no descarta apoyar el referéndum. “Vamos a escuchar con muchísima atención lo que tengan que decir las organizaciones sociales y sindicales, y a evaluar sus argumentos”, explicó a la diaria Andrés Carbajales, del Círculo Verde del sector. Consideró que los últimos pronunciamientos contrarios a la ley dejan de manifiesto que el proceso de discusión de la norma “no fue de calidad”. El Círculo Verde formuló el 24 de noviembre recomendaciones para la reglamentación de la ley, que está siendo elaborada por los ministerios de Ganadería, Agricultura y Pesca y de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Proponen, entre otras cosas, que la reglamentación incluya una cláusula por la que se exija que los proyectos de riego sean presentados ante la comisión de cuenca correspondiente, de modo que la sociedad civil pueda participar “en las instancias de planificación, gestión y control” de estas iniciativas.