El gobierno anunció ayer que someterá a consulta una propuesta de reglamentación de la Ley de Riego. El proyecto estará disponible desde hoy hasta el 20 de junio en las páginas web de los ministerios de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) y de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), y se recibirán comentarios y sugerencias hasta el 22 de junio. El 28 de junio, en el salón Azul de la Intendencia de Montevideo, los ministerios harán una devolución de las sugerencias recibidas.
El proyecto de decreto reglamentario establece un proceso similar al que ya existía para solicitar el “derecho de uso privativo” del agua con destino a riego. En una redacción prácticamente idéntica al Decreto 404 de 2001, el proyecto de norma dispone que los interesados tendrán que presentar una solicitud ante el MVOTMA y el MGAP, acompañada por un proyecto de riego que deberá contener “una descripción clara, precisa y detallada de todos los aspectos y alcances de la obra, del aprovechamiento, transporte y aplicación del agua, con referencia expresa de las superficies beneficiadas y afectadas”, y se acota que “en todo caso se observará que la ejecución del proyecto cumpla debidamente con la protección de los recursos naturales y no afecte derechos de aguas inscriptos con anterioridad”. Asimismo, los regantes deberán presentar un Plan de Uso y Manejo de Suelos y Aguas.
No todos los regantes están obligados a tramitar una Autorización Ambiental ante la Dirección Nacional de Medio Ambiente. El Decreto 349 de 2005, que el proyecto de reglamentación toma como referencia, detalla los casos que necesitan autorización: construcción de represas con una capacidad de embalse de más de dos millones de metros cúbicos o cuyo espejo de agua supere las 100 hectáreas; construcción de canales, acueductos, sifones o estaciones de bombeo que se utilicen para riego, cuando conduzcan más de dos millones de metros cúbicos por segundo; y la instalación de tomas de agua con capacidad para extraer más de 500 litros por segundo respecto de los cursos de agua superficiales y más de 50 litros por segundo para las tomas de agua subterránea.
Al igual que el decreto de 2001, la propuesta de reglamentación dispone que en caso de suministro de aguas a terceros, el regante deberá acreditar mediante contratos al menos 50% de las tierras que serán beneficiadas por la obra hidráulica.
En cambio, el proyecto de reglamentación sí innova en otros puntos. Por ejemplo, encomienda al MGAP a elaborar un “Programa de promoción del riego” que “incluya las estrategias de fomento y el conjunto de las potenciales obras hidráulicas para riego por cuencas hidrográficas, basados en estudios de caracterización que contemplen los aspectos hidrológicos, ambientales y socioeconómicos”. El programa también incluirá una “evaluación ambiental estratégica” elaborada por el MOVTMA.
El proyecto dispone en su artículo 13º que cada uno de los organismos del Estado intervinientes en el proceso deberá tener “especialmente en cuenta” el Programa de Promoción del Riego al momento de otorgar autorizaciones, permisos o concesiones a proyectos de riego y obras hidráulicas. Sin embargo, en el artículo 15º, titulado “Consecuencias”, menciona que “lo establecido en los artículos trece y catorce del presente decreto, no obstarán al otorgamiento de las autorizaciones, permisos o concesiones de los proyectos de riego y obras hidráulicas con fines de riego agrario”, lo que parece sugerir que las autorizaciones con fines de riego agrario no tendrán que ajustarse necesariamente a las disposiciones del Programa de Promoción del Riego ni a la evaluación ambiental estratégica.
Las sanciones previstas en caso de incumplimiento son idénticas a las establecidas en la Ley 16.858, de 1997.
Un caudal flexible
Junto al proyecto de decreto reglamentario, el Ejecutivo difundió un proyecto de decreto sobre caudal ambiental. La Ley de Riego aprobada en 2017 dispone que para otorgar permisos la autoridad deberá contemplar la existencia de un “caudal ecológico” suficiente. El proyecto de decreto señala que es necesario “establecer y controlar cuánto del régimen hidrológico natural y con qué calidad deben seguir fluyendo las aguas para sostener los valores del ecosistema y el bienestar humano, siendo la primera prioridad asegurar el adecuado abastecimiento de agua potable a poblaciones”. Recuerda que la necesidad de establecer un caudal ambiental está contemplada en el Plan Nacional de Aguas, con el objetivo de “contribuir a sostener la estructura y funcionamiento de los ecosistemas y mantener los servicios ecosistémicos asociados a los cursos o cuerpos de agua sujetos a aprovechamientos, así como a disminuir los aportes de nutrientes a los embalses y controlar la propagación de eventuales floraciones algales aguas abajo de dichos represamientos”.
El proyecto de decreto dispone que el cumplimiento del caudal ambiental será requisito para el otorgamiento y la renovación de permisos de uso de agua, y dispone que el MVOTMA determinará los caudales por cuenca hidrográfica.
Asimismo, encomienda al MVOTMA a elaborar “guías metodológicas” para la determinación y monitoreo de los caudales ambientales en las distintas cuencas, que tendrán que ser “revisadas periódicamente”. Mientras estas guías no se elaboren, el proyecto de decreto dispone provisoriamente, teniendo en cuenta estadísticas hidrológicas de al menos 20 años de observaciones, que para las obras de embalse, el caudal ambiental será el caudal con 60% de probabilidad de excedencia en cada mes. Esto significa que el agua extraída del curso no podrá superar el 40%. Para las tomas de agua será el caudal con 80% de probabilidad de excedencia.
De todos modos, el proyecto les da la posibilidad a quienes soliciten permisos de uso de agua de “presentar los estudios correspondientes al área de influencia de su proyecto y solicitar la aplicación a su respecto de un caudal ambiental diferente del resultante de lo previsto” por el MVOTMA, aunque queda a criterio de esa cartera aprobar la solicitud. Esta potestad de no atenerse a las guías metodológicas que se da a los regantes también se otorga a la administración: “En casos especiales, el MVOTMA podrá fijar para cierto curso o cuerpo de agua o sus tramos un caudal ambiental diferente del resultante de la aplicación de los artículos anteriores, cuando identifique riesgos para la calidad de las aguas o para la estructura y funcionamiento de los ecosistemas o cuando una situación de emergencia o interés general así lo requiera”.
El proyecto también establece que el permisario o concesionario “deberá instalar en la obra de captación un sistema que permita controlar y aforar el agua que se extrae y la que escurre, según sea el caso”.
Quedan exceptuados de esta normativa los embalses destinados a la generación de energía eléctrica para el servicio público de electricidad que se encuentren en operación a la fecha de aprobación del decreto; estos se regirán por otra reglamentación a elaborarse próximamente.
No participar
La Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida calificó la convocatoria del Ejecutivo de “parodia de consulta pública”, “tardía e inútil”, y reafirmó su decisión de no intervenir en la reglamentación de una ley que “buscamos derogar, ya que no hay reglamentación posible que pueda revertir su inconstitucionalidad”, indicó la organización mediante un comunicado. Añadió que la Ley de Riego “permite la privatización de la gestión del agua” y que desde que se presentó ese proyecto de ley al Parlamento “no ha habido intención real de considerar las alertas planteadas desde las organizaciones sociales y la academia”. Recuerdan que el artículo 47 de la Constitución prevé instancias de participación ciudadana en la planificación, gestión y control de los recursos hídricos, que en el caso de la Ley de Riego no se realizaron. “Tampoco fueron considerados los aportes de académicos, organizaciones sociales e instituciones que en diferentes oportunidades expresaron sus advertencias públicas sobre los efectos nocivos de esta ley sobre el agua y el ambiente”, advierte el comunicado.