Las elecciones de octubre están cada vez más cerca, y aunque en el ámbito público hay muchos temas en discusión, pocos se han plasmado en textos programáticos. Las iniciativas programáticas en materia de ambiente y agua no han tenido visibilidad por el momento, pero existen.
En octubre del año pasado, los nacionalistas que apoyan la candidatura de Luis Lacalle Pou presentaron el documento “Un gobierno para evolucionar”, que plantea las principales líneas programáticas del candidato que corre con mayor ventaja en la interna blanca. A nivel de diagnóstico, en este documento se sostiene que en Uruguay existen “graves problemas medioambientales” y que el de “mayor magnitud” es el agua.
El texto sostiene que los gobiernos del Frente Amplio (FA) no han tomado “medidas eficaces” para cumplir con la reforma constitucional de 2004. Afirma que las fuentes de agua potable han sido “afectadas por el uso indebido de sustancias y por el tratamiento inadecuado de efluentes industriales y urbanos”, y que hay carencias de gestión en OSE que determinan “grandes pérdidas de agua potabilizada en la red”.
El FA, por su parte, elaboró en grupos de trabajo un documento de bases programáticas que fue sometido a consideración del Congreso del partido en diciembre. Actualmente se está en proceso de incorporación de los cambios y propuestas surgidos en el Congreso, por lo que todavía no hay una versión final del programa, aunque la diaria accedió al documento sobre ambiente con los cambios incorporados. Allí se plantea que los sectores más vulnerables son los más afectados por la contaminación, la degradación ambiental y los riesgos climáticos, a la vez que tienen menor acceso relativo a los bienes naturales.
En el texto del partido de gobierno se reconoce que en la última década han existido “claras tensiones” entre la producción y la protección del ambiente, y se indica que aunque estas dos actividades no son opuestas, deben reconocerse “los límites que la naturaleza impone a ciertas modalidades del desarrollo económico”. Se entiende necesario “impulsar un salto” en la gestión ambiental y “avanzar hacia escenarios de sustentabilidad”.
Propuestas
La candidatura de Lacalle Pou plantea desarrollar una política medioambiental integral y de alcance nacional que sea “realista”: que proteja el medioambiente y al mismo tiempo sea “compatible con un desarrollo económico sustentable”. Se propone avanzar hacia un modelo de “ciudades sostenibles” con políticas generales para el tratamiento de residuos sólidos y líquidos, eficiencia energética y acciones que enfrenten la contaminación sonora y visual (se propone en este caso desarrollar un Sistema de Indicadores Ambientales Urbanos).
En materia de agua, se propone dar mayor importancia al acuífero Guaraní en la agenda de política exterior, “controlar y gestionar racionalmente” los impactos ambientales de la producción agropecuaria y fortalecer una política de áreas protegidas “que asegure la biodiversidad y la integridad del monte nativo y del territorio marítimo”.
Por su parte, el documento del FA apunta a conectar los cambios sociales y económicos con las propuestas ambientales. En este sentido, se plantea que es necesario dejar atrás un modelo de “consumo desenfrenado” para avanzar hacia la sustentabilidad, así como impulsar otros modelos de producción, por ejemplo, el desarrollo de la agroecología.
Remarca la necesidad de mejorar la calidad ambiental del entorno en el que viven las poblaciones más vulnerables, en particular en relación a temas como saneamiento, residuos sólidos, drenaje pluvial e inundaciones, y contaminación atmosférica y acústica.
Plantea incorporar la dimensión ambiental en las políticas de salud a través de la Estrategia Integrada de Ambiente y Salud, señala la necesidad de formar a los profesionales del primer nivel de atención del Sistema Nacional Integrado de Salud sobre la determinación social y ambiental de la vida y la salud, y se propone en particular profundizar en la regulación del uso de agroquímicos e incluso prohibirlos en el entorno de edificaciones rurales y en los espacios públicos verdes de los centros poblados.
El documento del FA propone, además, revisar los criterios de evaluación y aprobación de eventos transgénicos y establecer una moratoria a la aprobación de nuevos eventos hasta tanto se apruebe una ley de bioseguridad, así como extender la moratoria aprobada por la Ley 19.585 hasta que se investiguen en profundidad los posibles impactos ambientales de la tecnología de fracking en Uruguay.
Cambios institucionales y jurídicos
El documento “Un gobierno para evolucionar” propone reorganizar la institucionalidad ambiental –aunque no especifica cómo– y publicitar los monitoreos de calidad del agua que se realizan desde el Estado, así como todas las autorizaciones que se dicten y las sanciones que se apliquen.
Los nacionalistas proponen facilitar el acceso a la Justicia para cualquier interesado en la defensa del ambiente, incluir los delitos ambientales en la legislación penal y crear la especialización ambiental en la órbita judicial.
El del FA propone jerarquizar a nivel político e institucional la gestión ambiental en Uruguay –no explicita de qué forma– y fortalecer el cuerpo inspectivo sobre ambiente y territorio. También plantea crear un instituto de investigación ambiental y potenciar los ámbitos de participación.