El 12 de diciembre de 2015 se adoptó el acuerdo de París, considerado el logro ambiental más significativo a nivel internacional: 196 países se pusieron de acuerdo para luchar contra el cambio climático. Cuatro años después, el movimiento ecologista mundial es más masivo que nunca. El 15 de marzo, centenares de miles de jóvenes invadieron las calles de más de 2.000 ciudades en una centena de países para pedir a los gobiernos que actuaran a favor del ambiente, e hicieron un paro por el clima. Una semana después, en Montevideo, fueron centenas manifestando desde la Intendencia hasta la Torre Ejecutiva por el agua y en contra de UPM.
Representantes de distintas organizaciones y movimientos ambientalistas en Uruguay coinciden en que en los últimos años, las demandas ambientales han ganado fuerza.
Para Karin Nansen, presidenta de Redes-Amigos de la Tierra Internacional, como la crisis ambiental y en particular la climática se van haciendo cada vez más profundas, se ha tomado más conciencia. “De hecho, el surgimiento de un movimiento climático a nivel mundial tiene que ver con lo aguda y lo profunda que es la crisis, y con que los efectos ya se sienten hoy. En Uruguay pasa lo mismo, la crisis se agudiza, cada vez más gente vive las crisis socioambientales en sus propias vidas, en sus propios territorios”, consideró. Afirmó que uno de los aspectos más novedosos es que los conflictos territoriales se trasladaron desde los territorios rurales, afectados por el avance del agronegocio, a la ciudad. “Y hoy asistimos a una tragedia que es la contaminación de nuestras fuentes de agua, y vemos amenazado nuestro derecho al agua pero también el derecho al ocio y a poder disfrutar de nuestras playas”, señaló. Puso también como ejemplo los movimientos de resistencia que han surgido a la instalación de la segunda pastera de UPM y en particular al proyecto del Ferrocarril Central, mediante los cuales “la gente reivindica su derecho a la ciudad y a que el territorio no sea apropiado por intereses transnacionales”.
Carmen Sosa, de la Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida, recordó que hasta 2009 al movimiento se le hacía “bastante difícil” introducir los temas ambientales en la agenda, “porque en realidad no había nada visible respecto del modelo extractivista del gobierno. Ahora, lamentablemente, les está explotando en la cara”. Sostuvo que lo que pasó en el verano con las floraciones de cianobacterias y con las dificultades de OSE para potabilizar el agua “han hecho que la gente reaccione sobre cuáles son los efectos de este modelo productivo”.
En el caso de la defensa del agua, Sosa consideró que ha sido siempre un movimiento “bastante urbano” y que era “muy dificultoso” generar conciencia sobre estos temas en el interior del país. En cambio hoy es más sencillo, porque las consecuencias del modelo sojero agroexportador “se están haciendo visibles: cianobacterias, fumigaciones, productores expulsados”. “En estos últimos cuatro y cinco años se han acercado –incluso sectores dentro del Frente Amplio (FA)– a militar por los bienes naturales. Eso no pasaba antes. Los sectores políticos estaban alejados y ahora se han arrimado”, sostuvo Sosa.
Raúl Viñas, integrante del Movimiento por un Uruguay Sustentable (Movus), recordó que hoy todos los partidos políticos tienen sus sectores o referentes ambientalistas; es el caso, por ejemplo, del Círculo Verde de Casa Grande (FA) o de la legisladora Carol Aviaga en el Partido Nacional. Viñas coincidió en que recientemente los movimientos ambientalistas han adquirido mayor visibilidad y capacidad de incidencia. “Cuando yo empecé en estas cosas, con el tema nuclear, no nos dabe pelota nadie, y ahora verdaderamente sí: pedimos una audiencia en Diputados y nos reciben; los políticos te llaman directamente, hay una interacción mayor”, sostuvo.
Para Nansen, de Redes, es “sumamente positivo” que hayan surgido nuevos movimientos, como la Asamblea Nacional en Defensa de la Tierra y los Bienes Naturales o el Movus; “el tema es qué visión de largo plazo sobre el ambiente proyecten esos movimientos”, acotó. Sostuvo que desde Redes promueven una visión de la justicia ambiental, que debe ir “necesariamente de la mano de la justicia social, de la justicia económica y de la justicia de género”. “Hay distintas perspectivas del ambientalismo: hoy conviven un ambientalismo de mercado, que pretende hacer negocio a partir de las crisis socioambientales que enfrentamos, e incluso perpetuar la lógica de acumulación del capital. También tenemos un ambientalismo puramente conservacionista, que de alguna manera prescinde de las personas y de los pueblos y se centra exclusivamente en la naturaleza y su preservación. Nosotros planteamos la justicia ambiental, que tiene que ver con cuestionar en profundidad las causas estructurales que generan las actuales crisis socioambientales. Entendemos que las crisis climáticas, del agua y de la biodiversidad que vivimos tienen su origen en las injusticias en el mundo social. Cuestionamos la lógica de acumulación capitalista que pretende expoliar nuestros territorios y utilizarlos como plataforma para la acumulación”, explicó Nansen. “Tampoco puede haber justicia social sin justicia ambiental, necesitamos garantizar la reproducción y la sustentabilidad de la vida”, añadió.
En ese sentido, para Redes, la agenda ambiental es necesariamente una agenda de izquierda. “Lo que hace falta es que la izquierda, sobre todo en Uruguay, entienda más estas conexiones entre lo ambiental, lo social y lo político”, indicó. Por otra parte, Nansen llamó a diferenciar entre la acción de algunos sectores dentro de los gobiernos del FA y la acción del FA como fuerza política. “En el FA hay muchísima conciencia ambiental, incluso hay compañeros y compañeras en el gobierno peleando para que lo ambiental sea considerado una dimensión relevante. El gobierno no es homogéneo. En el caso de los transgénicos, por ejemplo, el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y el Ministerio de Salud Pública tienen un posicionamiento en contra pero no son los que más pesan, y finalmente se impone la lógica del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca o del Ministerio de Economía y Finanzas”, afirmó. Acotó por otra parte que los problemas ambientales no surgieron durante los gobiernos del FA: “Durante los gobiernos del Partido Nacional y del Partido Colorado se privilegió una economía de mercado que también lleva a la destrucción del medioambiente”.
Ríos con derechos
En distintas partes del mundo, los movimientos ambientalistas lograron en los últimos años victorias normativas y jurídicas que consagraron derechos ambientales en sus territorios.
En Nueva Zelanda, el río Whanganui tiene desde hace dos años los mismos derechos que un ser humano, a raíz de una decisión parlamentaria que alegró a las tribus maoíres ribereñas, quienes consideran al río su ancestro. Después de más de 140 años de lucha para obtener este reconocimiento, contaminar el río ahora equivale a herir la tribu. Para que fuese posible, se nombraron dos guardianes— llamados Te Pou Tupua [“cara humana”, en maorí] –que juntos representan legalmente al río. Aunque ahora el río también tiene deberes: se podría regular si amenaza la vida de otros, por ejemplo en caso de crecida. Poco después, el tribunal Uttarakhand en el norte de India también dio una personalidad legal al río Ganges y su afluente más grande, Yamuna.
El año pasado, la Corte Suprema de Justicia colombiana siguió la corriente al reconocer a la Amazonia colombiana como un sujeto de derecho. La decisión, originada en una petición de un grupo de 25 jóvenes, apunta a contrarrestar el daño que sigue sufriendo uno de los pulmones más grandes de la Tierra.
En Francia, cuatro ONG lanzaron en diciembre pasado una petición para que se tomen más medidas de lucha contra el cambio climático. El llamado “Caso del Siglo [L’Affaire du Siècle]” en ese país recaudó más de 1,7 millón de firmas en menos de una semana, pero el gobierno rechazó la solicitud. En una entrevista, François de Rugy, ministro de la Transición Ecológica y Solidaria, confió a Le Parisien: “Por una petición por el clima, yo sí firmo. Por una petición contra el Estado, no. [...] No es en un tribunal donde se van a bajar las emisiones”. Subrayó, además, los esfuerzos gubernamentales que ya se hacen. El 14 de marzo, la solicitud se presentó al tribunal administrativo de París.
Laura Monnier, jurista de contenciosos y riesgos en Greenpeace Francia (una de las cuatro ONG que impulsó la petición), le dijo a la diaria que se está ajustando ahora un escrito, para enviar al juez una argumentación complementaria entre mediados de abril y mediados de mayo. A partir de entonces, el juicio consistirá en “intercambios escritos entre nosotros [los demandantes] y el Estado”, hasta que el juez decida fijar una primera audiencia, que se espera para dentro de un par de años aproximadamente. Los activistas exigen “medidas drásticas con respecto a la urgencia actual”, alegando que existen instrumentos jurídicos y directivas de la Unión Europea que Francia no respeta. Monnier explicó que el cambio climático es plurifactorial y complejo, y que es difícil muchas veces para los demandantes probar las culpas y los incumplimientos del Estado. Este análisis es compartido por Amanda Maxwell, directora de proyecto América Latina en el Consejo para la Defensa de los Recursos Nacionales (NRDC, por su sigla en inglés), quien confió a la diaria que “tenemos problemas enormes, necesitamos soluciones y recursos enormes también”.
La legislación ambiental a nivel internacional
En enero, ONU Medio Ambiente publicó el primer informe mundial sobre legislación ambiental, observando que 176 países ya tenían un sistema de legislación ambiental en 2017, y 164 disponían de instituciones dedicadas al tema (ministerios, agencias). Además, 88 agregaron el derecho a un ambiente sano en su Constitución desde los años 70, mientras que se multiplicó por 38 el número de leyes de protección ambiental en el mundo. A pesar de ello, todavía hace falta implementarlas efectivamente.
La intersectorialidad de los recursos naturales, así como la superposición de regulaciones ambientales a diferentes niveles (local, regional, nacional, supranacional, mundial), complican la aplicación de las leyes. En 2011, un juez ecuatoriano condenó a Chevron Corp –que forma parte las 100 empresas más contaminantes, según el Carbon Disclosure Project– a pagar más de 18 billones de dólares por un caso de contaminación ambiental operado entre 1964 y 1992 por Texaco Petroleum Company, una sucursal de Chevron desde 2001. Unos 30.000 ecuatorianos habían iniciado la denuncia en 1993, alegando que se habían vertido a sabiendas aguas residuales tóxicas y crudo cerca de la frontera con Colombia, afectando 4.400 kilómetros cuadrados de tierra. En 2012, la Corte Suprema de Ecuador ratificó la decisión de 2011 y bajó la multa a 9,5 billones de dólares. El año pasado, un tribunal internacional de La Haya consideró que el Estado ecuatoriano es responsable por la denegación de justicia a Chevron y le ordenó dejar sin efecto la condena. Alegó que la sentencia contra Chevron se obtuvo “a través de fraude, sobornos y corrupción”.
Para Monnier, la Justicia todavía no se ha adaptado a estos temas. Si bien en Francia, por ejemplo, existen procedimientos de urgencia que duran solamente un mes, la caracterización de la urgencia es muy difícil de lograr para los demandantes, porque se tiene que demostrar la inminencia de un riesgo, lo que es dificultoso en el caso del cambio climático, que es progresivo. La movilización de la sociedad civil representa entonces una palanca en términos de visibilidad y de aplicación de las decisiones a posteriori.
Victorias legales en Uruguay
Nansen y Viñas coinciden en mencionar la moratoria de cuatro años al fracking, aprobada en 2017, como un triunfo de la movilización social en Uruguay. Nansen también incorpora en el haber de los movimientos ambientalistas la moratoria a los eventos transgénicos aprobada en 2007 –aunque luego no se mantuvo– así como la aprobación por ley, en diciembre de 2018, del Plan Nacional para el fomento de la producción con bases agroecológicas, impulsado por la Red de Agroecología del Uruguay, la Red de Semilla Nativas y Criollas y la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología.
En Sarandí Grande, Florida, un grupo de vecinos, amparado en una disposición constitucional que habilita la iniciativa legislativa de 15% de los habilitados para votar en la localidad, junta adhesiones contra el proyecto del Ferrocarril Central. Viñas destacó que en este caso se está utilizando la normativa existente “en formas novedosas”.
Carmen Sosa resaltó que en el caso de UPM, los movimientos sociales lograron que el tema no fuera “secreto” y que se visibilice el impacto que tendría la segunda pastera de la empresa finlandesa.