Selva Ortiz, socióloga e integrante de la organización social Redes-Amigos de la Tierra, explicó a la diaria que uno de los puntos críticos se ubica sobre la ruta 29, en las inmediaciones del ingreso a Minas de Corrales. Si bien el departamento de Rivera carece de directrices departamentales de ordenamiento territorial generales para todo su territorio, sí cuenta con instrumentos específicos para esta zona.
El Plan de Ordenamiento Territorial para Minas de Corrales incorpora a la ruta 29 como vía panorámica, integrándola al inventario departamental de zonas y sitios de valor patrimonial, y preserva expresamente los conos perceptivos de los cerros chatos y de la represa del Cuñapirú. Pese a estas salvaguardas, se aprobaron nuevas inversiones forestales que abarcan cerca de 1.000 hectáreas en la zona.
“Esa inversión está aprobada por el Ministerio de Ambiente, donde no pasó por las directrices de ordenamiento ni por un informe de la intendencia ni por la Junta Departamental para aprobarse, que es lo que dispone el Plan de Ordenamiento Territorial de Rivera. Y con más preocupación, adelante de Cerro Chato está la tierra toda arada para forestar”, denunció Ortiz en diálogo con la diaria.
Frente a los inversores que afirman cumplir con la normativa del ordenamiento territorial local, la socióloga sostuvo que “la realidad sobre el terreno demuestra lo contrario, la empresa no respeta las directrices que se aprobaron para la zona y estan plantando sobre una ruta panorámica protegida como patrimonio”.
Ante este escenario, Redes-Amigos de la Tierra presentó una denuncia formal ante el Ministerio de Ambiente al constatar que las disposiciones no se están respetando. La organización cuestiona “por qué el intendente departamental de Rivera no elevó el informe correspondiente a la Junta Departamental para su aprobación” y adelantó que elevará consultas al área de ordenamiento territorial de la comuna para esclarecer los pasos seguidos.
El pedido de información ayudará a saber si la intervención fue comunicada, qué evaluaciones se realizaron y si existieron fallas administrativas en torno a estas 847 hectáreas sobre la ruta 29, donde actualmente se observan kilómetros de terreno arado y tratado con glifosato, listos para la plantación, lo que desde la organización califican como una plantación ilegal. “Son cuestiones que se discuten y preocupa la desprotección que tenemos ante el poder de estas empresas que llegan y en su informe dicen que tuvieron en cuenta el Plan de Ordenamiento Territorial, pero no lo leyeron se ve, porque es muy claro”, agregó.
Ortiz cuestionó los mecanismos de control estatal y la interpretación que es posible forestar sin límites normativos.
Según la socióloga y ambientalista, “fueron pasando por todos los permisos y todas las autoridades le creyeron a la empresa y no fueron in situ a mirar cuáles son los padrones. Queda en evidencia que la ruta 29 es ruta panorámica. Hoy, si circulan, se dirían qué está pasando acá y para qué están preparando la tierra”.
Finalmente, enfatizó que es imperativo revisar los controles del Estado, rediscutir la pertinencia del modelo productivo, la superficie de prioridad forestal y respaldar cualquier afirmación técnica en voces científicas, en la academia y en las instituciones.
