El gobierno departamental de Salto comenzó a utilizar los recursos provenientes del fideicomiso financiero para cancelar deudas y obligaciones pendientes de la administración anterior. En esta primera etapa se abonaron más de 150 millones de pesos, priorizando especialmente a empresas y proveedores del departamento.
El director general de Hacienda de la Intendencia de Salto, Nicolás Irigoyen, explicó a la diaria que “los pagos forman parte de uno de los principales compromisos asumidos por la actual administración” encabezada por Carlos Albisu.
En total, se abonaron 885.978,09 dólares y 115.179.798 dólares a través de 174 partidas correspondientes a 156 empresas. De ese conjunto, 71 empresas fueron identificadas como salteñas y recibieron 89.409.500 pesos y 135.035,20 dólares, “lo que representa aproximadamente 63% de los recursos abonados en esta primera instancia”. Tomando como referencia un tipo de cambio de 40 pesos por dólar, los recursos destinados a empresas locales alcanzaron casi 95 millones de pesos.
Irigoyen señaló que “el proceso comenzó con las gestiones realizadas en la Junta Departamental para obtener la línea de financiamiento a largo plazo y culminó con la llegada de los primeros recursos del fideicomiso. Estamos comunicando que hemos comenzado a cumplir con uno de los principales compromisos que asumimos con la ciudadanía respecto a ordenar las finanzas de la intendencia y regularizar las deudas que encontramos al asumir con proveedores y también compromisos con entidades financieras”, sostuvo.
Para el jerarca, “el destino de una parte importante de los fondos hacia empresas salteñas tiene un efecto que trasciende la mera cancelación de obligaciones. Esto no termina siendo solamente pago de deudas, sino que también es, de alguna manera, devolver recursos al circuito de la economía local, mejorar la liquidez de las empresas locales, permitir cumplir sus propios compromisos, sostener puestos de trabajo y recuperar la confianza en la intendencia como institución”, afirmó.
La prioridad, agregó, “fue atender las obligaciones pendientes de la manera más ordenada posible, aplicando criterios financieros y dando especial importancia a quienes trabajan, producen e invierten en Salto”.
71 empresas identificadas como salteñas
De las 156 empresas que recibieron pagos, 71 fueron consideradas “efectivamente trazables salteñas”, debido a que cuentan con RUT inscripto en el departamento. Sin embargo, Irigoyen aclaró que la cantidad de empresas locales beneficiadas podría ser mayor, ya que “puede haber empresas salteñas que tienen 100% de su capital accionario y actividad comercial en Salto que tengan un RUT de Montevideo”, explicó.
Las 174 partidas abonadas superan el número de empresas beneficiarias porque algunas percibieron pagos tanto en pesos uruguayos como en dólares. Entre las obligaciones canceladas figuran deudas por montos superiores a 45 millones de pesos, así como otros pagos de menor cuantía, desde aproximadamente 1.336.590 pesos.
La intendencia estableció un corte de la situación de deuda al mes de agosto de 2026. Esa fecha delimita el universo de obligaciones considerado para las instrucciones de pago emitidas en octubre.
Por ese motivo, las cifras informadas corresponden a los pagos realizados en esta instancia y no representan necesariamente el total histórico del endeudamiento de la Intendencia ni una estimación del saldo actual de sus pasivos.
Según explicó Irigoyen a nuestro medio, “el siguiente paso será avanzar en conversaciones con los proveedores para realizar una conciliación de saldos y determinar con mayor precisión las obligaciones pendientes”. El director de Hacienda señaló además que “la relación con los proveedores es dinámica, ya que mientras la intendencia cancela obligaciones también continúa realizando nuevas compras y generando nuevos compromisos”.
La intención de la administración es, según afirmó, poner al día la mayor cantidad posible de obligaciones generadas hasta el corte establecido en agosto.
Una segunda etapa prevista para enero
La segunda etapa de pagos comenzará en enero y estará enfocada principalmente en la regularización de obligaciones financieras, convenios de larga data y otros compromisos asumidos por administraciones anteriores. También se contemplará la cancelación de deudas pendientes con proveedores.
Entre las obligaciones financieras mencionadas por Irigoyen se encuentra una línea de crédito abierta con el Banco República, que la actual administración encontró vigente al asumir. La intendencia había solicitado autorización a la Junta Departamental para hacer uso de esa línea de crédito y prevé cancelarla con recursos del fideicomiso.
Consultado por la diaria sobre la situación de los pagos correspondientes a la actual administración, Irigoyen sostuvo que la intendencia viene cumpliendo con los plazos previstos para las compras y servicios. “Venimos ordenados, obviamente, con los plazos de pagos correspondientes a cada una de las compras que hacemos, que son a veces a 60 o 90 días”.
El jerarca destacó que el objetivo es recuperar la confianza de proveedores, empresas y ciudadanía en la administración departamental. “Lo importante con esto y lo que está haciendo esta administración y esta dirección de Hacienda con todo su equipo es comenzar a recuperar algo que para Salto es fundamental, que es la confianza”, señaló.
Irigoyen sostuvo que “el fideicomiso constituye una herramienta para ordenar las cuentas”, pero aseguró que “la meta de la administración es más amplia, porque pasa por construir una Intendencia financieramente sostenible, capaz de cumplir con sus compromisos e invertir en el desarrollo del departamento”.
Además de la regularización de deudas, recordó que los recursos del fideicomiso también serán destinados a futuras obras. “Se vendrán varias obras con el dinero del fideicomiso, lo cual termina cerrando una etapa bien positiva para Salto”, concluyó.
