La situación de los 291 trabajadores cesados por la Intendencia de Salto entró esta semana en una fase decisiva. El lunes, un grupo de exfuncionarios presentó ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) la primera tanda de recursos para impugnar las resoluciones de su destitución. En los próximos días, según adelantaron distintos equipos jurídicos, se sumarían nuevas acciones promovidas por otros colectivos de abogados que también representan a exempleados.
Según explicó a la diaria Juan Carlos Gómez, presidente de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom) de Salto, en esta primera instancia se presentaron 79 demandas ante el TCA, aunque el número total de trabajadores que recurrirán al organismo superará los 120.
Gómez afirmó que el sindicato mantiene la convicción de que los despidos fueron ilegítimos y aseguró que existieron violaciones a normas laborales y derechos adquiridos de los funcionarios municipales.
“Somos convencidos de la legitimidad de la estabilidad laboral de esos compañeros y de que se violaron leyes, como la ley de negociación colectiva, además del derecho al trabajo”, sostuvo el dirigente sindical.
Señaló que durante los meses previos el sindicato intentó alcanzar acuerdos mediante el diálogo y las negociaciones con el gobierno departamental, aunque reconoció que esas gestiones no prosperaron y derivaron finalmente en el cese de los trabajadores.
“Se agotaron los recursos a nivel del área jurídica de la Intendencia y ahora resta recurrir ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo”, indicó.
Desde Adeom entienden que existen fundamentos suficientes para que el TCA falle a favor de los trabajadores despedidos. “Será más temprano o más tarde, pero estamos convencidos de que van a ser reintegrados a la Intendencia de Salto”, afirmó Gómez.
El dirigente sostuvo que la situación podría derivar además en importantes costos económicos para la comuna salteña. Según explicó, en caso de fallos favorables a los trabajadores, posteriormente podrían iniciarse acciones por daños y perjuicios. “Estamos hablando a futuro de demandas e indemnizaciones millonarias en contra de la Intendencia, y eso obviamente saldrá de los recursos de todos los salteños”, expresó.
Durante la entrevista, Gómez cuestionó el clima político y social generado en torno a los funcionarios municipales cesados. Afirmó que existió una “campaña de odio y desprestigio” hacia los trabajadores, situación que —según dijo— influyó en parte de la opinión pública.
“Cierta parte de la sociedad, lamentablemente, entró en esa campaña y muchos apoyaron la decisión del gobierno por sensacionalismo, sin profundizar realmente en la situación”, manifestó.
El dirigente insistió en que el paso dado ante el TCA representa un esfuerzo importante para trabajadores que actualmente se encuentran sin empleo y deben afrontar procesos judiciales largos y complejos. “Estamos hablando de personas sin trabajo, enfrentando procesos que pueden durar tres o cuatro años como mínimo”, señaló.
Consultado por la diaria sobre futuras acciones judiciales, Gómez confirmó que una eventual sentencia favorable del TCA abriría la puerta a reclamos económicos contra la Intendencia de Salto.
“Cuando la Justicia falle a favor de los trabajadores, lógicamente se harán los reclamos por daños y perjuicios generados durante todo este tiempo”, sostuvo.
El dirigente remarcó que, a su entender, la administración departamental tomó la decisión de cesar a los funcionarios con conocimiento de las posibles consecuencias legales. “Es una decisión que tomó el gobierno sabiendo a lo que se exponía y en algún momento cada uno tiene que hacerse cargo de las decisiones que toma”, afirmó.
Un equipo jurídico conjunto
Gómez destacó además que los recursos presentados ante el TCA son impulsados por un equipo jurídico integrado no solo por abogados de Adeom, sino también por otros profesionales que trabajan en conjunto en representación de los exempleados municipales. “Se conformó un equipo de asesores legales que está llevando adelante estos recursos y las futuras demandas”, explicó.
Según indicó, la coordinación entre distintos abogados busca fortalecer la estrategia judicial y presentar recursos “lo más contundentes posible” ante el tribunal.
No obstante, el presidente del sindicato reconoció que el desenlace dependerá finalmente de la resolución judicial. “Nosotros no podemos asegurar nada porque no depende de nosotros. Lo que sí depende es no abandonar la lucha y generar todas las condiciones posibles para que los compañeros puedan seguir adelante con los reclamos”, concluyó.
