A poco más de un año de haber asumido la presidencia del Movimiento de Erradicación de la Vivienda Insalubre Rural (Mevir), Andrés Lima destacó que el organismo cerró su primer año de gestión con resultados que considera alentadores y con metas aún más ambiciosas para 2026.
Entre el 1º de marzo de 2025 y el 1º de marzo de 2026 se concretaron 720 soluciones habitacionales en 18 departamentos, se entregaron 550 títulos de propiedad y se recuperaron 54 viviendas abandonadas para volver a ponerlas al servicio de familias que necesitan una solución habitacional.
El presidente de Mevir señaló a la diaria que “el desafío para este año es superar esos indicadores y continuar fortaleciendo la política de acceso a la vivienda en el medio rural”. Entre las prioridades de la nueva etapa mencionó “la incorporación del expediente electrónico para agilizar la gestión administrativa, reducir los tiempos de respuesta y facilitar los trámites de quienes se vinculan con la institución”.
Otro de los objetivos es disminuir la morosidad. Actualmente, las cuotas abonadas por los beneficiarios representan el 28% de los recursos de Mevir. La meta para este año “es reducir en un 5% los atrasos de entre tres y 12 cuotas, procurando que las familias puedan reincorporarse al sistema antes de que la deuda se vuelva irreversible”.
Lima destacó además la firma de una serie de convenios interinstitucionales que amplían el campo de acción de Mevir más allá de la construcción de viviendas.
Con el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay “se destinarán 200 millones de pesos durante el quinquenio para refaccionar centros CAIF y clubes de niños”. Con la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) el organismo participa “en la recuperación de escuelas rurales”, entre ellas la escuela de Eucalipto y la escuela 100 de Villa Constitución, ambas en Salto, además de otros centros educativos de Tacuarembó y Artigas.
También resaltó “el trabajo conjunto con el Instituto Nacional de Colonización para apoyar a pequeños productores mediante la construcción de galpones, salas de ordeñe, perforaciones para obtener agua, electrificación rural, viviendas nuevas y ampliaciones”.
Según explicó, “la llegada de Mevir suele convertirse en un factor dinamizador para las comunidades rurales, facilitando posteriormente la presencia de otros organismos del Estado, como ANEP, ASSE y el Ministerio del Interior”.
AIR: nuevo programa para intervenir en asentamientos rurales
Uno de los principales anuncios de la gestión es la puesta en marcha del programa Agrupamientos Irregulares Rurales (AIR), “una iniciativa creada para intervenir en situaciones de extrema precariedad habitacional dispersas en el medio rural”.
Lima explicó que “el programa busca atender viviendas muy precarias, muchas veces construidas sobre terrenos públicos o en predios cuyos propietarios son desconocidos”. Las intervenciones abarcan “desde reparaciones de techos, baños o dormitorios hasta la construcción completa de nuevas viviendas cuando las existentes no presentan condiciones mínimas de habitabilidad. También contempla la conexión al agua potable y a la energía eléctrica”.
Respecto de la aplicación del programa AIR en Salto, Lima confirmó que “el departamento forma parte de las áreas prioritarias del norte del país”.
Las intervenciones se concentrarán principalmente en el este y sudeste del departamento, especialmente en localidades ubicadas sobre el eje de las rutas 26 y 31, donde se detectó una importante cantidad de agrupamientos irregulares rurales.
Hasta el momento ya fueron autorizadas más de 80 intervenciones que beneficiarán a familias distribuidas entre Salto, Paysandú, Tacuarembó y Cerro Largo.
Una de las principales innovaciones del programa “es el acompañamiento jurídico para iniciar procesos de prescripción adquisitiva, permitiendo que familias que llevan décadas ocupando un terreno puedan acceder finalmente a la titularidad legal de la vivienda”.
Durante este año el programa comenzó a desarrollarse sobre el eje de la ruta 26, en un corredor de aproximadamente 450 kilómetros que atraviesa varios departamentos del norte del país.
La administración también modificó algunos requisitos de inscripción “para ampliar el acceso a los programas habitacionales”. Entre los principales cambios figura “la eliminación de la exigencia de acreditar ingresos mínimos equivalentes a 12 unidades reajustables al momento de la inscripción”.
Lima sostuvo que “muchas familias quedaban excluidas únicamente por atravesar una situación laboral transitoria, como un período de desempleo o seguro de paro, cuando en realidad tenían posibilidades de cumplir posteriormente con el pago de las cuotas”.
Asimismo, en los programas de construcción sobre terreno propio “ya no será imprescindible acreditar la propiedad del inmueble”, sino que también “podrán postularse quienes demuestren derechos posesorios con al menos tres años de residencia en el lugar”.
Salto recuperó seis viviendas y proyecta llegar a 13 readjudicaciones
Consultado por la diaria sobre la realidad del departamento de Salto, Lima informó que “hasta el momento se recuperaron y readjudicaron seis viviendas, mientras que otras siete se encuentran en proceso de adjudicación”.
Las viviendas ya entregadas corresponden a dos en Pueblo Saucedo, una en Paso del Parque, dos en Arerunguá y una en Colonia Itapebí. En tanto, las que se encuentran en proceso están ubicadas en Biassini, Cayetano, Colonia Itapebí, Paso del Parque, Punta de Valentín y dos más en Pueblo Saucedo, donde “durante esta semana se realizará el sorteo correspondiente para adjudicarlas”.
Si el cronograma previsto se cumple, el organismo finalizará el año con 13 viviendas recuperadas y reasignadas en el departamento.
El presidente de Mevir recordó además que “cualquier ciudadano puede informar sobre viviendas abandonadas comunicándose al 098 724 789, lo que permite a los equipos técnicos verificar la situación e iniciar el procedimiento de recuperación cuando corresponda”. Para Lima, este nuevo enfoque representa “un cambio profundo en la actuación de Mevir”.
Si históricamente el organismo concentró sus esfuerzos en los tradicionales planes nucleados dentro de los pueblos, ahora también “buscará llegar a las viviendas dispersas y a las familias que durante décadas permanecieron fuera del alcance de las políticas públicas”, consolidando una estrategia que pretende convertirse “en una política de Estado para el medio rural uruguayo”, concluyó.