El proyecto impulsado por la Intendencia de Salto para declarar determinadas plazas como espacios libres de humo, alcohol y otras sustancias psicoactivas generó un intenso debate político y jurídico. La iniciativa, presentada por el Ejecutivo departamental y dada a conocer semanas atrás, propone prohibir el consumo de tabaco, bebidas alcohólicas y drogas en espacios públicos específicos, inicialmente las plazas José Gervasio Artigas, Treinta y Tres Orientales, Venancio Flores y la plazoleta Franklin Roosevelt. El texto también habilita al Ejecutivo a extender estas restricciones a otros espacios públicos, deportivos y recreativos mediante reglamentación.
La Comisión de Legislación y Reglamento de la Junta Departamental inició este martes el estudio del proyecto y prevé convocar a representantes del Ejecutivo, del Ministerio del Interior y de la Junta Nacional de Drogas para conocer sus posiciones. Según pudo saber la diaria, existirían reparos desde distintos organismos nacionales respecto a algunos aspectos de la propuesta.
El edil del Frente Amplio Juan Pablo Rocca, consultado por este medio, expresó fuertes discrepancias con la redacción actual del proyecto y sostuvo que, más allá de los objetivos sanitarios que plantea, contiene contradicciones que deben ser discutidas. Según explicó, “la iniciativa apela a una consigna difícil de cuestionar, como la protección de la salud de los niños y la generación de espacios saludables”. Sin embargo, entiende que “al analizar el articulado aparecen inconsistencias importantes”.
Para Rocca, una de las primeras contradicciones radica en que la prohibición se aplica inicialmente a un reducido conjunto de plazas céntricas, dejando fuera gran parte de los espacios públicos de la ciudad. “El artículo primero delimita determinados espacios del centro de la ciudad. Si el objetivo es la salud pública y proteger a los niños, entonces debería aplicarse a todos los espacios públicos y no solamente a algunos lugares específicos”, señaló. El edil consideró que esta delimitación genera una forma de diferenciación territorial difícil de justificar desde el punto de vista político y conceptual.
Otro de los puntos que cuestionó Rocca es la excepción prevista para el consumo de bebidas alcohólicas en locales o mesas habilitados por la intendencia dentro de las zonas alcanzadas por la prohibición. A su juicio, esta disposición contradice directamente el espíritu de la norma. “Si se busca evitar que los niños estén expuestos al consumo de alcohol o tabaco, no se comprende por qué el propio gobierno departamental autoriza su consumo en determinados espacios dentro de esas mismas plazas”, afirmó.
Para el edil frenteamplista, esta excepción termina generando una suerte de “privatización del consumo”, donde el Estado define qué espacios privados pueden quedar exceptuados de una restricción que se presenta como una política de salud pública.
Uno de los aspectos que más preocupan a Rocca es la viabilidad práctica de la norma. El proyecto establece un régimen sancionatorio basado en la normativa nacional que regula el consumo de tabaco en espacios cerrados. Sin embargo, el edil entiende que trasladar ese esquema a espacios públicos abiertos genera numerosas interrogantes. “¿Quién va a controlar? ¿Quién va a identificar a las personas? ¿Cómo se les aplicaría una multa? ¿Qué sucede si alguien no la paga?”, se preguntó.
Rocca recordó experiencias anteriores, como la normativa departamental sobre pirotecnia sonora, que pese a haber sido aprobada con amplio respaldo social terminó encontrando dificultades para su implementación efectiva. En ese sentido, sostuvo que aprobar normas que luego no pueden aplicarse termina debilitando la credibilidad institucional.
También manifestó preocupación por la delegación de facultades al Ejecutivo para reglamentar aspectos sustanciales del proyecto. “Los ediles fuimos electos para legislar. En temas sensibles debería existir una discusión profunda dentro de la Junta y no limitarse a otorgar facultades para que luego el Ejecutivo reglamente”, argumentó. Consultado sobre su posición concreta, Rocca fue categórico. “Hoy, tal como está redactado, no lo acompañaría”, afirmó.
No obstante, aclaró que está dispuesto a discutir alternativas si existe voluntad de construir una política pública amplia, consensuada y coordinada con organismos nacionales como el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio del Interior y la Junta Nacional de Drogas.
González Brum: una iniciativa valiosa, pero con aspectos a revisar
Desde la Coalición Republicana, el edil Ulises González Brum también planteó observaciones, aunque se mostró favorable a estudiar el proyecto y buscar mecanismos para mejorarlo. A su juicio, la propuesta tiene elementos interesantes y responde a una preocupación legítima por la convivencia en los espacios públicos. “Es una iniciativa interesante para analizar. Como todo proyecto, es perfectible y puede ser modificada”, sostuvo.
Sin embargo, reconoció que existen dudas jurídicas que deberán ser consideradas durante el tratamiento legislativo. Uno de los aspectos que más inquietan al edil oficialista refiere a los límites que puede establecer un decreto departamental sobre derechos individuales. Según explicó, existe una discusión jurídica sobre si la Junta Departamental puede restringir determinadas conductas en espacios públicos mediante un decreto, considerando que la Constitución reserva ciertas limitaciones de derechos al ámbito legal.
González Brum señaló que se trata de un asunto de interpretación jurídica sobre el cual no existen respuestas absolutas. “Hay argumentos para distintas posiciones. Por eso el análisis debe ser muy riguroso y cuidadoso”, indicó. El edil también consideró necesario revisar aspectos prácticos vinculados a la aplicación de la norma. “Lo importante es lograr una norma clara, que no genere interpretaciones ambiguas y que pueda aplicarse efectivamente”, señaló.
Con posiciones encontradas, cuestionamientos jurídicos y dudas sobre su aplicación práctica, el proyecto de plazas libres de humo y alcohol promete convertirse en uno de los debates más relevantes de los próximos meses en la Junta Departamental de Salto.
